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lunes, 20 de marzo de 2017

La política cooptada por los intereses económicos: La pesca y el mayor caso de corrupción en Chile

19/03/2017 |
Por Mario López M.
CAMBIO 21
Nunca un sector movió tanto dinero para conseguir una legislación a medida. Se le regaló el mar a pocas familias que pautearon y cohecharon a legisladores, ministros y subsecretarios, todos están impunes.

No solo eso, la Ley de Pesca sigue vigente, las empresas -algunas formalizadas- continúan lucrando. Los pescadores artesanales siguen sin ver solución y el mar persiste siendo objeto de depredación.

Durante más de dos años los pescadores artesanales venían repitiendo de manera insistente que desde las pesqueras se había repartido dinero de manera transversal a muchos políticos, la mayor parte de ellos relacionados con las estratégicas comisiones de la Cámara y del Senado, e incluso entre autoridades gubernamentales de pesca, durante el gobierno de Sebastián Piñera -ahora se sabe que él mismo recibió más de $82 millones en donaciones desde 4 pesqueras-.

Por eso no extrañó que presentaran una querella criminal en contra de todos los miembros de la comisión  respectiva del Senado y menos aun cuando algunos parlamentarios -Marta Isasi y Jaime Orpis- resultaron formalizados por cohecho o haber vulnerado la ley durante la tramitación de la espuria Ley de Pesca. Pero no era suficiente para ellos, pues siempre aseguraron que había mucho más detrás de todo esto, que eran bastante más los involucrados, y al parecer no se equivocaron.

Arias tenía razón
Recordará usted, estimado lector que hace unos meses el fiscal Emiliano Arias -conocido por el caso Penta- fue removido de la dirección del caso Corpesca, por haber señalado en un medio escrito que existía una investigación que determinaría eventuales responsabilidades de otras pesqueras distintas a la empresa de Angelini en el financiamiento ilegal de la política. Escándalo. Fue sometido a sumario y removido del cargo, aunque al final se le exculpó pero igual se le separó de la causa que estaba investigando, con el consiguiente perjuicio para la indagatoria y la obvia impunidad de quienes hasta ese instante aparecían vinculados.

Lo que dijo Arias fue que "Puede haber más casos como el de Orpis y más pesqueras que hayan hecho donaciones a políticos (...) Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar (...) Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en  que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses", planteó.

"A lo que estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca", espetó dejando en claro de paso que el Fiscal Nacional Jorge Abbott estaba enterado de las resultas: "Sí, está al tanto. Y estamos trabajando con el fiscal Pedro Salgado en forma coordinada. Lo que une estas investigaciones es la Ley de Pesca", remató. Las declaraciones le pasaron la cuenta, un manto de dudas recayó en el caso.

Todo partió con una simple querella
Una querella criminal que involucra a toda la Comisión de Pesca del Senado durante la tramitación de la Ley de Pesca, dio los primeros indicios formales que corrupción iba más allá del caso Isasi. Dicha acción penal por cohecho -que aún no tiene formalizados-, fue interpuesta el 22 de abril de 2015, y se funda en el pago  de $500 millones destinados a los honorables que la integraban, bajo la figura de "gastos reservados", que Corpesca habría realizado  a los parlamentarios miembros de la comisión, que aprobaron la Ley Longueira. La acción judicial alcanza entre otros a los senadores Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Alejandro García Huidobro, Hosaín Sabag  y Carlos Bianchi.

Los antecedentes que despertaron las antenas de los pescadores artesanales provinieron de datos concretos que aportó el exsenador Nelson Ávila y que daban cuenta que los parlamentarios imputados habrían recibido por concepto de soborno la no despreciable suma de $ 500 millones. El exparlamentario PPD señaló a Cambio21 que "Tenemos un Congreso deslegitimado por completo. La gente no puede confiar en personas que fueron objeto de soborno, el dinero recibido para llevar adelante las campañas no puede ser otra cosa".

La causa fue acumulada a la que diera origen a toda esta investigación, en contra de la exdiputada Marta Isasi (UDI). También se juntó a ellas la investigación en contra del desaforado senador Jaime Orpis (UDI) por el delito de cohecho y fraude tributario. Los pescadores artesanales fueron más allá, denunciaron que otros parlamentarios habrían ejecutado acciones dolosas similares a favor de las grandes empresas del rubro. Hernán Machuca, expresidente y actual director del Consejo de Defensa de la Pesca (Condepp) sugirió que la Justicia tiene que "navegar  de norte a sur" porque que el tema de corrupción no solo se radica en Corpesca, sino que en otras zonas también hay irregularidades, como en la región del Biobío, donde  "existen razones para aposentarse a investigar", indicó.  Dio en el clavo.

Los nuevos antecedentes
Formalizada Corpesca y sus principales ejecutivos -no Angelini-, los persecutores fijaron la mirada en la estructura de la industria pesquera. Así fue como detectaron otras boletas entregadas a las pesqueras y que no tenían respaldo de trabajos realizados por la no despreciable suma de $445 millones. Las cajas pagadoras habrían sido Lota Protein, Asipes y Blumar. Los destinatarios, políticos o sus asesores directos, todos de distintas tiendas partidarias. A ello se refería el fiscal Arias, antes de ser acallado. Ahora fue la prensa la que destapó el desaguisado.

Lota Protein, por ejemplo, habría pagado $274 millones a un asesor del senador independiente Horvath durante la tramitación de la Ley de Pesca. Otras boletas involucrarían a los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, al DC Fuad Chahín, a la cónyuge de Patricio Vallespín (DC) y a asesores de los senadores Carlos Bianchi y Francisco Chahuán (RN). El nombre de Pablo Longueira reaparecería de la mano de sus boleteros, los mismos del Caso SQM.

Desde la industria y de parte de quienes resultaron salpicados las reacciones no se hicieron esperar. Lota Protein rechazó haber financiado a políticos y asesores durante la tramitación de la actual Ley de Pesca y parlamentarios como Chaín acreditaron que no eran parlamentarios cuando desarrollaron trabajos profesionales relacionados a pesqueras y que incluso él votó en contra de la Ley de Pesca. Lota Protein llegó a asegurar que desde el año 2010 han "promovido una Ley de Pesca que reconozca que los recursos pesqueros son de propiedad de todos los chilenos, que el acceso a ellos debe ser competitivo, pagando al Estado su valor real y no el regalo que hoy consagra la ley".

Sacar a mil
Hace menos de un año el Ministerio Público formalizó al senador -desaforado- Jaime Orpis por cohecho y fraude al Fisco. Lo mismo hizo un poco antes con la exdiputada Marta Isasi. Ambos acusados de recibir dinero de Corpesca para intervenir en la tramitación de la Ley de Pesca en 2012, entre otros delitos. También cayó la pesquera de los Angelini que fuera formalizada por soborno. Ello y el tesón de los dirigentes pesqueros fue lo que abrió la indagatoria judicial a toda la industria pesquera nacional y a otras autoridades.

Más tarde se conocerían varios correos electrónicos entre el gerente general de Asipes, Luis Felipe Moncada y la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue, quien presidió la Comisión de Pesca del Senado, donde el empresario la pauteaba señalándole sobre qué se debía legislar e incluso redactando minutas de normas legales. De esos mismos mail de determinó que el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), habría realizado favores a la Asipes sin transparentar que su pareja, Marcela Viveros, habría recibido $33 millones de esa asociación gremial entre 2010 y 2013, lo que le llevó a presentar su renuncia al cargo.

Ambos, Jacqueline Van Rysselberghe y Raúl Súnico, aparecen en la nómina de aportes reservados que diera a conocer el Servel por aportes -legales- entregados por las empresas pesqueras a políticos.  La presidenta de la UDI recibió $17 millones de Camanchaca Pesca Sur, Landes y Pesquera Itata. Súnico $13 millones aportados por Alimentos Marinos. La senadora declaró que se enteró por la prensa de tales dineros.  De lo que no se enteró por la prensa fue de los mail que le indicaban qué debía decir o tramitar en el Senado a favor de las pesqueras.

Longueira se repite el plato
Tras allanarse las oficinas de Lota Protein, Asipes y Blumar a mediados del año pasado, aparecieron varios antecedentes que llevaron a realizar interrogatorios a personas que aparecían entregando boletas y facturas truchas por trabajos no realizados. Entre esos pagos los nombres de los boleteros de Longueira, exsenador y exministro de Economía de Sebastián Piñera, se repiten, encabezados por su asesora y jefa de gabinete Carmen Luz Valdivieso, la "Titi". Entre los que se repiten el plato se encuentran Sebastián Prat Panatt, Alfonso Mora Domínguez, y Nicolás Guiñez, quienes ya confesaron no haber realizado trabajo alguno y que el dinero era para otros fines.

No solo eso, la investigación periodística de Ciper acreditó que los "tres también emitieron boletas falsas a Senexco, Inversiones Río Bueno, Inversiones Afa, Pesquera El Golfo (actual Blumar), Centro de Estudios Nueva Minería, Copec y SQM. Todas ellas totalizan $65 millones". Aparte de Longueira existen 2 diputados en ejercicio de la UDI que aparecen vinculados a pagos cuestionados, se trata de Arturo Squella Ovalle (6 boletas para Asipes por un total de $3,3 millones entre enero y junio de 2009.

Juan Antonio Coloma Álamos recibió $4,4 millones de Asipes, por ocho boletas. Otro cercano a él y a su padre, aparece recibiendo pagos de Asipes. Se trata de Guillermo Ramírez, el exsecretario  general de la UDI y actual vicepresidente, quien registra seis boletas por $3,3 millones. El personero fue también en ese periodo jefe de gabinete del senador Coloma, entonces presidente de la UDI.

La Ley Longueira también conlleva responsabilidad al menos política al gobierno que la patrocinó, el de Sebastián Piñera. Por coincidencia el expresidente encabezó los aportes reservados realizados por empresas pesqueras a su campaña presidencial por un total de $82.345.453 entre la primera y segunda vuelta de 2009. Blumar (Pesquera Itata) le aportó $31.276.049, Camanchaca $28.069.404, Alimentos Marinos $14 millones y Pesquera Bío Bío otros nueve millones de pesos.

¿Y la Ley de Pesca?
Destacados y actuales miembros de ambas Comisiones de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura pertenecientes a ambas cámaras del Congreso aparecen recibiendo dineros de parte de empresas pesqueras del sector. Encabeza las donaciones reservadas la senadora Jacqueline van Rysselberghe Herrera. Por coincidencia su hermano el diputado Enrique van Rysselberghe es miembro de la misma comisión en la cámara baja. La también senadora UDI Ena Von Baer, integrante de la mentada comisión, registra aportes desde la Pesquera Itata S.A. por 10 millones de pesos que fueron dirigidos a su campaña.

El parlamentario Jorge Ulloa (UDI) constituye otro cuestionado caso asociado a dineros y su participación en la comisión de Pesca. Se ha cuestionado que su esposa figure prestando servicios a la empresa Blumar a través de su empresa Cargo Service S.A., la que le presta servicios de transporte de harina de pescado. Es más, el parlamentario aparece teniendo registrados como asesores a Luis Felipe Moncada y Héctor Bacigalupo, representantes de ASIPES y Sonapesca, respectivamente.

Los dineros que danzan en torno a las comisiones y políticos durante la tramitación de la ley y sus complementos, deja claro que se trata de la mayor intervención de dinero empresarial hacia la clase política conocida hasta hoy. $ 500 millones de que da cuenta la querella presentada por los pescadores artesanales, $445 millones repartidos entre varios políticos al margen de la ley, $333.242.207 en aportes reservados, los cerca de $100 millones recibidos por Jaime Orpis, Marta Isasi... a qué seguir.

Y la Ley sigue ahí
Más allá de discusiones acerca de anular la ley o derogarla, de proyectos más o menos publicitados, lo concreto es que la norma sigue plenamente vigente a pesar de ser hija de la corrupción. Senadores, diputados, subsecretarios y otros personeros fueron -a la luz de los antecedentes-, cooptados por el dinero proveniente desde la industria para que legislaran o apoyaran aquello que servía a sus intereses. Existen confesiones por doquier, pero mentada ley sigue ahí y sus efectos se siguen produciendo día a día sin que nadie haga nada por detenerlos.

La propiedad del mar chileno sigue radicado en unas pocas familias que lo recibieron prácticamente a  perpetuidad y gratis. No solo eso, pues pueden vender, ceder, transferir o realizar cualquier tipo de negocio jurídico con el permiso de pesca. Los métodos de pesca, como el arrastre y el cerco, no fueron prohibidos, sin poner atención por el impacto que provocan. Se hizo vista gorda cuando empresas como Corpesca -y otras- capturaron sardina española y anchoveta dentro la franja que se encuentra reservada a la pesca artesanal entre Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El Estado posee una peculiar soberanía sobre los recursos hidrobiológicos, pero no la propiedad sobre ellos. Esa sí la tienen las industrias que cuentan con los permisos de explotación, derecho que ejecutan al realizar la pesca. La cuestionada ley estableció cuotas de pesca a partir del promedio de los últimos tres años de extracción, por lo tanto, los mismos que sobreexplotaron los peces durante los últimos años, quedaron con el derecho de pescar y en las proporciones de su captura.

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