Casi cuatro meses antes de que se destapara el millonario fraude al interior de Carabineros por más de 10 mil millones de pesos, ingresó a la oficina de partes de la Contraloría General de la República una solicitud de pronunciamiento sobre incompatibilidad de sueldos de un funcionario de la plana mayor de la Dirección General de Bienestar de la institución, el teniente coronel Christian Retamal Contreras.
El documento presentado el 13 de diciembre de 2016 por el exsuboficial Esteban Infante, el mismo que reveló el caso de escuchas de telefónicas en el Congreso y que figura hoy como director de la Defensoría Solidaria Policial “EQ-Anime”, detalla otro escándalo en la institución que hoy tiene a varios funcionarios en la lupa de la fiscalía por malversación de fondos y lavado de activos.
La denuncia lleva más de tres meses en manos de la entidad fiscalizadora y da cuenta de una irregularidad que se estaría investigando por haberes mal percibidos que se remontaría al año 2009, cuando el funcionario en cuestión comenzó a desempeñar funciones como asesor jurídico de la Dirección de Bienestar de la Carabineros.
El teniente coronel Christián Retamal, que ingresó a la institución el año 1989, contando a la fecha con 27 años de servicio efectivo, estaría percibiendo, según la denuncia estampada en Contraloría, dos sueldos paralelos por sus funciones al interior del organismo, uno correspondiente a su remuneración como teniente coronel de Carabineros y otro como civil contratado en la modalidad C.P.R. (Personal contratado por Resolución), un sistema empleado para profesionales y técnicos de nivel superior. La irregularidad estaría contemplada en el artículo 7 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros 18.961, publicada en el Diario Oficial en marzo de 1990.
El marco legal asegura que “La Dirección General podrá contratar en forma temporal, y cuando las necesidades del servicio lo requieran, a profesionales, técnicos, administrativos y trabajadores a jornal y a trato, quienes quedarán sometidos a la jerarquía y disciplina de Carabineros de Chile y demás materias que determinen las leyes, en lo que sea pertinente”. A renglón seguido la ley especifica que “este personal no integrará la planta institucional y sus remuneraciones u honorarios se pagarán a cargo a la ley de presupuestos, leyes especiales o con fondos propios de sus organismos internos”.
En el caso del teniente Retamal, la denuncia es acompañada por dos liquidaciones: una correspondiente a su sueldo de teniente equivalente a 2.908.419 y la otra en modalidad de C.P.R. por poco más del millón y medio de pesos. Ambos salarios suman 4.417.535 pesos.
Las liquidaciones no solo contemplan los haberes totales sino la glosa de cada uno de los beneficios institucionales pagados en partida doble como rancho, asignación de grado, movilización y otras regalías.
The Clinic se contactó con la Contraloría, que aseguró que la denuncia fue ingresada y que Carabineros habría respondido a través de un oficio los requerimientos presentados por la entidad fiscalizadora a principios de marzo. Señalaron, además, que estarían preparando un informe final con los resultados de la investigación.
Carabineros, en tanto, confirmó el envío del oficio al órgano contralor donde habrían precisado la “inexistencia de irregularidades en esta materia, por lo que no se instruyó un sumario administrativo”. La última palabra, en todo caso, la tiene el ente fiscalizador que estaría del pronunciamiento.
MÁS CASOS
La denuncia en Contraloría abre una arista nueva respecto del denominado caso “Pacogate”, la más grande defraudación económica en la historia de Carabineros, pues se repetiría al menos un nombre en ambos casos: el del exjefe de la Dirección de Finanzas, el general en retiro Flavio Echeverría, sindicado por el fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, como el principal instigador de la malversación de fondos ocurrida dentro de la institución.
Si bien el nombre de Echeverría no figura en la denuncia realizada en Contraloría, su rol como exjefe de la Dirección de Finanzas lo pone en una situación al menos incómoda como fiscalizador, al igual que el Director Nacional de Personal general Julio Pineda, pues el caso del teniente Retamal parece no ser el único que ha percibido doble remuneración en la institución.
Según el denunciante en el caso de los dobles sueldos, el exsuboficial Esteban Infante, esta situación se arrastraría desde hace al menos 10 años. “Tengo antecedentes que se trataría de una práctica común dentro de los oficiales y estamos haciendo las gestiones para sumar más casos con el objeto que se realice una investigación acuciosa al respecto. Para eso tenemos las pruebas con liquidaciones de pagos de varios de ellos, la mayoría del escalafón de justicia”.
Infante asegura, además, que luego de la presentación que hizo ante Contraloría, varios oficiales pertenecientes al escalafón de Justicia habrían presentado su renuncia como funcionarios civiles. O sea, que aquellos que tendrían doble sueldo habrían dejado de percibirlos tras renunciar a sus honorarios asignados como C.P.R. Carabineros, al ser consultado por la situación, reconoció que las renuncias se habrían enmarcado en un “proceso de reorganización de las contrataciones del personal del C.P.R.”, pero que luego de estudiar la propuesta, “no se perseveró en su concreción, sin perjuicio de continuar con su análisis correspondiente”.
Lo que no queda claro en la respuesta de la institución es que si las renuncias son, en rigor, individuales, y las reorganizaciones, en efecto, de carácter institucional, por qué Carabineros intentó evitar la fuga de funcionarios y, a la vez, admite, que continuarán analizando el caso.
Si bien no se sabe exactamente cuántos funcionarios presentaron su renuncia luego de enterarse que la contraloría estaba investigando los dobles sueldos asignados por la institución, resulta evidente entonces que el caso del teniente Retamal no es un hecho aislado.
Para muestra un botón. También existen antecedentes sobre el caso del oficial y abogado Gonzalo Cisterna Arriagada que figura en el sistema integrado de remuneraciones de la Dirección de Finanzas, en el mes de febrero, con dos liquidaciones de sueldo, una en calidad de uniformado y otra como empleado civil. Lo curioso del asunto no es sólo el doble sueldo recibido por el uniformado – poco más de 2 millones 800 mil en conjunto- sino que uno de las remuneraciones es otorgada por el Departamento de Defensa Jurídica de la Dirección General de Carabineros, Digcar, ubicada en calle Zenteno, en Santiago, y la otra es remitida por la Jefatura de Zona de la Prefectura de Magallanes. The Clinic consultó sobre esta irregularidad, que aún no ha sido investigada oficialmente, y obtuvo como respuesta que el oficial en cuestión “habría prestado servicios en esa repartición”. Lo que no aclaró la institución es por qué Cisterna recibió el 21 de febrero de este año una remuneración en Santiago por 986.438 pesos siendo que ese mismo día, en Magallanes, le pagaron otro sueldo por 1.816.059 pesos.