05/05/2017 |
Por Equipo Cambio21
Los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel, y el exefectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales están condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
El ministro en visita Mario Carroza emitió una orden de detención en contra de tres agentes de la dictadura que se mantienen prófugos y que fueron condenados por cinco secuestros calificados de cinco opositores ocurridos en 1987.
Se trata de los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel, y el exefectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales, condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
Situación
Los tres debían ingresar a cumplir su pena en el anexo penitenciario Colina I durante la semana pasada, lugar donde están siendo destinados los últimos condenados por violaciones a los derechos humanos luego que Punta Peuco llegara a su máxima capacidad.
Como no se presentaron ante la justicia, existe esta orden de aprensión para que las policías den con su paradero.
El abogado Raúl Meza, que representa a varios de los militares condenados, dijo comprender la decisión de estas tres personas, asegurando que "hoy estamos en un escenario que es histórico. Por primera vez personas condenadas por violación a los derechos humanos van a iniciar un cumplimiento de condena en una cárcel común".
"Claramente hay personas que entienden que ni el Poder Judicial ni Gendarmería de Chile les entregan las suficientes garantías respecto a su seguridad personal y a su integridad física, y no solo la de ellos en el cumplimiento de su condena, sino además algo muy relevante que han invocado algunos internos, que es la seguridad personal de algunas visitas", añadió Meza.
Recordar que una de las fugas más recordadas en casos de condenas por delitos de lesa humanidad fue la de Eduardo Iturriaga Neumann.
El exuniformado al conocer su condena se dio a la fuga estando casi dos meses en la clandestinidad. Antes de ser capturado, desde su refugio en Viña del Mar, el militar difundió un video en que se "declaraba rebelde ante la justicia".
Miradas de la situación
Nelson Caucoto es abogado querellante en varios casos de derechos humanos y se tomó algunos minutos para refutar las palabras del abogado Meza.
"El tema del resguardo de la integridad física de cada una de las personas que sea condenada en las cárceles chilenas sean que estas se llamen Punta Peuco o sea que se llame Colina es una responsabilidad del Estado y el Estado debe garantizar que nada les pase a fin de que cumplan las sentencias que la justicia les ha asignado", aseguró.
"El tema de la fuga de tres de ellos ya es un tema previsible. Uno lo entiende del punto de vista natural de que a nadie le gusta estar preso, pero cuando se cometen delitos de esta envergadura y de esta naturaleza la gente tiene que asumir también que eso tiene sus consecuencias", explicó el abogado.
Héctor Salazar, también abogado de casos de derechos humanos, realiza una aclaración radical a las razones dadas por el abogado Raúl Meza.
"El tema de la fuga con la seguridad interna son dos elementos diferentes. La lógica de la fuga se entiende porque alguien no quiere perder su libertad, independiente de a dónde vaya a llegar. La seguridad interna de los reos privados de libertad se relaciona con un problema de manejo de la población penal por parte de Gendarmería, donde se aplican criterios como la segregación, donde se separa a los condenados según su peligrosidad", explica el abogado.
Al profundizar en los resguardos que se debe tomar con los militares condenados el abogado indica: "hay una norma muy antigua, que dicta desde antes de la dictadura, que dice que tratándose de funcionarios de Fuerzas Armadas o de la Policía, que deban cumplir condena, se debe separarlos de la población común".
"Tengo entendido que Punta Peuco esta completo, por lo que si se sigue avanzando con los procesos y dictándose nuevas condenas, la alternativa que queda es o ampliar Punta Peuco o encontrar otro lugar que tenga la capacidad física suficiente para absorberlos, pero siempre bajo la lógica de la segregación", detalla Salzar.
Por Equipo Cambio21
Los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel, y el exefectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales están condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
El ministro en visita Mario Carroza emitió una orden de detención en contra de tres agentes de la dictadura que se mantienen prófugos y que fueron condenados por cinco secuestros calificados de cinco opositores ocurridos en 1987.
Se trata de los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel, y el exefectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales, condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
Situación
Los tres debían ingresar a cumplir su pena en el anexo penitenciario Colina I durante la semana pasada, lugar donde están siendo destinados los últimos condenados por violaciones a los derechos humanos luego que Punta Peuco llegara a su máxima capacidad.
Como no se presentaron ante la justicia, existe esta orden de aprensión para que las policías den con su paradero.
El abogado Raúl Meza, que representa a varios de los militares condenados, dijo comprender la decisión de estas tres personas, asegurando que "hoy estamos en un escenario que es histórico. Por primera vez personas condenadas por violación a los derechos humanos van a iniciar un cumplimiento de condena en una cárcel común".
"Claramente hay personas que entienden que ni el Poder Judicial ni Gendarmería de Chile les entregan las suficientes garantías respecto a su seguridad personal y a su integridad física, y no solo la de ellos en el cumplimiento de su condena, sino además algo muy relevante que han invocado algunos internos, que es la seguridad personal de algunas visitas", añadió Meza.
Recordar que una de las fugas más recordadas en casos de condenas por delitos de lesa humanidad fue la de Eduardo Iturriaga Neumann.
El exuniformado al conocer su condena se dio a la fuga estando casi dos meses en la clandestinidad. Antes de ser capturado, desde su refugio en Viña del Mar, el militar difundió un video en que se "declaraba rebelde ante la justicia".
Miradas de la situación
Nelson Caucoto es abogado querellante en varios casos de derechos humanos y se tomó algunos minutos para refutar las palabras del abogado Meza.
"El tema del resguardo de la integridad física de cada una de las personas que sea condenada en las cárceles chilenas sean que estas se llamen Punta Peuco o sea que se llame Colina es una responsabilidad del Estado y el Estado debe garantizar que nada les pase a fin de que cumplan las sentencias que la justicia les ha asignado", aseguró.
"El tema de la fuga de tres de ellos ya es un tema previsible. Uno lo entiende del punto de vista natural de que a nadie le gusta estar preso, pero cuando se cometen delitos de esta envergadura y de esta naturaleza la gente tiene que asumir también que eso tiene sus consecuencias", explicó el abogado.
Héctor Salazar, también abogado de casos de derechos humanos, realiza una aclaración radical a las razones dadas por el abogado Raúl Meza.
"El tema de la fuga con la seguridad interna son dos elementos diferentes. La lógica de la fuga se entiende porque alguien no quiere perder su libertad, independiente de a dónde vaya a llegar. La seguridad interna de los reos privados de libertad se relaciona con un problema de manejo de la población penal por parte de Gendarmería, donde se aplican criterios como la segregación, donde se separa a los condenados según su peligrosidad", explica el abogado.
Al profundizar en los resguardos que se debe tomar con los militares condenados el abogado indica: "hay una norma muy antigua, que dicta desde antes de la dictadura, que dice que tratándose de funcionarios de Fuerzas Armadas o de la Policía, que deban cumplir condena, se debe separarlos de la población común".
"Tengo entendido que Punta Peuco esta completo, por lo que si se sigue avanzando con los procesos y dictándose nuevas condenas, la alternativa que queda es o ampliar Punta Peuco o encontrar otro lugar que tenga la capacidad física suficiente para absorberlos, pero siempre bajo la lógica de la segregación", detalla Salzar.
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