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jueves, 11 de mayo de 2017

Coordinadora de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos.





COMUNICADO DE PRENSA

Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos del país, hemos venido a demandar de parte del Estado de Chile, y cada uno de sus poderes, dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales y por lo tanto, avanzar de manera definitiva en el término de la impunidad existente en los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos bajo la Dictadura Cívico Militar. Nos parece inaceptable que, a 44 años del Golpe de Estado, la Verdad y la Justicia sigan siendo una deuda, tema fundamental para la construcción de una democracia verdadera.

La arremetida de impunidad encabezada por el poder Judicial, de manera conjunta con los demás poderes del Estado, tales como Legislativo, Ejecutivo, Fuerzas Armadas e Iglesia Católica nos obliga a realizar acciones con el objetivo de sociabilizar y exigir nuestras demandas. Es por eso, que nos parece inaceptable que quien preside hoy el poder Judicial, sea uno de los principales gestores de esta operación de impunidad que busca liberar a los genocidas de la Dictadura Cívico Militar que cumplen condena en el penal Punta Peuco, desconociendo las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos por parte de uno de los poderes del Estado de Chile. De igual manera, queremos denunciar la falta de voluntad política del poder Ejecutivo encabezado por la presidenta Michelle Bachelet, la cual expresó en audiencia sostenida con estas organizaciones el año 2014, la voluntad de avanzar de manera contundente en una agenda corta que contuviese medidas administrativas privativas de su mandato, tales como, el cierre de Punta Peuco o la incorporación en la malla curricular de la asignatura de Derechos Humanos, entre otras. Ante el no cumplimiento de este compromiso hemos reiterado, de forma permanente, la necesidad de una nueva audiencia, la cual no ha tenido respuesta.

La demora y desidia del poder Legislativo ha sido una constante en estos 27 años, permanentemente ha invisibilizado demandas fundamentales para el avance de la Verdad y la Justicia, entre ellas, nulidad del decreto Ley de Amnistía, interpretación de los artículos 93 y 103 del código penal o el término de los 50 años de secreto.
Ante lo expuesto, venimos a denunciar y demandar de parte del Estado de Chile el fin de la impunidad de manera inmediata, exigiendo se asuman los compromisos internacionales en esta materia que deben asegurar el Nunca Más; responsabilidad que tenemos como sociedad y por tanto como Estado para las presentes y futuras generaciones, asegurando una democracia verdadera que ponga en el centro el respeto, la defensa y la promoción a los Derechos Humanos.

Coordinación Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Chile.

Santiago, 11 de mayo 2017 

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