COMUNICADO DE
PRENSA
Las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados Políticos del país, hemos venido a demandar de parte del Estado
de Chile, y cada uno de sus poderes, dar cumplimiento a sus obligaciones
internacionales y por lo tanto, avanzar de manera definitiva en el término de
la impunidad existente en los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos bajo la Dictadura
Cívico Militar. Nos parece inaceptable que, a 44 años del Golpe de Estado, la
Verdad y la Justicia sigan siendo una deuda, tema fundamental para la
construcción de una democracia verdadera.
La arremetida
de impunidad encabezada por el poder Judicial, de manera conjunta con los demás
poderes del Estado, tales como Legislativo, Ejecutivo, Fuerzas Armadas e
Iglesia Católica nos obliga a realizar acciones con el objetivo de sociabilizar
y exigir nuestras demandas. Es por eso, que nos parece inaceptable que quien
preside hoy el poder Judicial, sea uno de los principales gestores de esta
operación de impunidad que busca liberar a los genocidas de la Dictadura Cívico
Militar que cumplen condena en el penal Punta Peuco, desconociendo las
obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos por parte de uno de
los poderes del Estado de Chile. De igual manera, queremos denunciar la falta
de voluntad política del poder Ejecutivo encabezado por la presidenta Michelle
Bachelet, la cual expresó en audiencia sostenida con estas organizaciones el
año 2014, la voluntad de avanzar de manera contundente en una agenda corta que
contuviese medidas administrativas privativas de su mandato, tales como, el
cierre de Punta Peuco o la incorporación en la malla curricular de la
asignatura de Derechos Humanos, entre otras. Ante el no cumplimiento de este
compromiso hemos reiterado, de forma permanente, la necesidad de una nueva
audiencia, la cual no ha tenido respuesta.
La demora y
desidia del poder Legislativo ha sido una constante en estos 27 años,
permanentemente ha invisibilizado demandas fundamentales para el avance de la
Verdad y la Justicia, entre ellas, nulidad del decreto Ley de Amnistía,
interpretación de los artículos 93 y 103 del código penal o el término de los
50 años de secreto.
Ante lo
expuesto, venimos a denunciar y demandar de parte del Estado de Chile el fin de
la impunidad de manera inmediata, exigiendo se asuman los compromisos
internacionales en esta materia que deben asegurar el Nunca Más; responsabilidad
que tenemos como sociedad y por tanto como Estado para las presentes y futuras
generaciones, asegurando una democracia verdadera que ponga en el centro el
respeto, la defensa y la promoción a los Derechos Humanos.
Coordinación Nacional de
Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de
Chile.
Santiago, 11 de
mayo 2017
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