Los días 9 y 10 de abril de 2019 se llevó a cabo el Primer Examen de Chile ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, el cual se desarrolló en Ginebra, Suiza. Este comité está encargado de monitorear la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la cual entró en vigencia en Chile el 23 de Diciembre de 2010.
En ese marco, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, como parte de la delegación del Estado de Chile, planteó al CED las principales preocupaciones del INDH en la materia.
La delegación nacional fue encabezada por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y fueron parte de ella el senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado; la ministra Gloria Ana Chevesich, en representación de la Corte Suprema de Chile; así como representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Servicio Médico Legal.
En la sesión, el Estado chileno informó sobre los principales avances, pendientes y desafíos en la implementación de la Convención, lo que resulta del todo relevante dado que aún en Chile –según las comisiones de verdad- se registran 1193 personas detenidas desaparecidas durante la dictadura, respecto de las cuales un 87% sigue sin ser localizada a casi 46 años de ocurrido el golpe de Estado.
Participaron además presentando informes las organizaciones de la sociedad civil Londres 38, Fundación 1367, la Articulación por los Derechos Humanos, la Agrupación de Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as y los abogados litigantes Francisco Ugas y Francisco Jara, quienes han llevado casos a la justicia internacional.
También, entregó su testimonio especialmente Luis Emilio Recabarren, nieto de Ana González, y cuya madre embarazada y padre desaparecieron durante la dictadura.
Informe complementario INDH
El 8 de abril, la directora Consuelo Contreras sostuvo una reunión privada con el Comité CED, para presentar las principales preocupaciones del INDH respecto a los desafíos pendientes para la plena implementación de las disposiciones que establece la Convención y el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile, incluyendo también recomendaciones para avanzar en este ámbito.
En este sentido Consuelo Contreras planteó la necesidad de adoptar un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas que promueva y coordine las acciones de las diversas instancias estatales encargadas en la materia, de manera de hacer más efectiva y ágil esta labor. Asimismo planteó la preocupación del INDH porque el proyecto de ley que consagra el deber de los órganos del Estado de individualizar a víctimas de desaparición forzada, no registra avances en su tramitación legislativa desde 2014.
En materia de acceso a la justicia, Consuelo Contreras planteó que persisten desafíos diversos, como son la figura de prescripción gradual del artículo 103 y la Ley de Amnistía, en este sentido señaló que se requiere privar de todo efecto jurídico el Decreto Ley 2191 de Amnistía; que el Parlamento ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que modifica la Constitución Política de la República para establecer que los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio no puedan prescribir ni ser amnistiados; y que el Poder Judicial reafirme el carácter inamnistiable e imprescriptible de la desaparición forzada en tanto crimen de lesa humanidad.
La directora del INDH manifestó la preocupación institucional por la lentitud de las investigaciones judiciales de los casos ocurridos en el período 1973-1990, lo que ha favorecido el debilitamiento de las pruebas y la perdida de testigos, manteniendo este asunto como irresuelto y dañando la convivencia democrática.
Otro problema que obstaculiza el acceso a la justicia de las víctimas, según lo expuesto por Consuelo Contreras, es el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I), que impide al INDH entregarlos incluso a solicitud de los tribunales de justicia que investigan causas de violaciones a los derechos humanos. Y eliminar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y de Orden puedan eliminar documentación que contener información relevante para esclarecer casos.
En cuanto a medidas de reparación preocupa al INDH que las demandas civiles presentadas por familiares de víctimas de desaparición forzada sean rechazadas por los tribunales. Planteó el INDH la necesidad de que se cree una instancia permanente de acreditación de personas víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos para garantizar el derecho a la reparación integral, dado que las comisiones de verdad han tenido un carácter temporal.
En orden a fortalecer las garantías de no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, el INDH llamó a aprobar el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia y adoptar una política pública que fortalezca los sitios de memoria.
En el encuentro la directora Consuelo Contreras expuso que se requieren medidas de reparación y de protección de niños y niñas contra las desapariciones forzadas. Aunque reconoció que no existen antecedentes que permitan afirmar que hubo una política sistemática de apropiación de niños y niñas durante la dictadura, informó que el INDH es querellante en 19 casos de desaparición forzosa de niños/as en el periodo 1973 a 1990, quienes desaparecieron en diversas circunstancias desde hospitales públicos. Uno de estos casos ocurrió en el contexto de las violaciones masivas, sistemáticas e institucionalizadas a los derechos humanos en dictadura.
Desaparición forzada en democracia
Asimismo el INDH informó sobre casos de desaparición forzada en contexto de democracia, es decir desde 1990 hasta la actualidad, en los cuales el INDH ha sido querellante en cuatro ocasiones, de las cuales tres aún se están investigando (Ricardo Harex, Hugo Arispe Carvajal, José Huenante) lo que evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para acceder oportunamente a la justicia, que sus denuncias sean investigadas de forma ágil, exhaustiva e imparcial, y para la localización de las víctimas.
Dentro de los casos en que el INDH es querellante, en septiembre de 2018 se logró una sentencia condenatoria por el caso de la desaparición forzada de José Vergara en Iquique. Sin embargo, los hechos fueron calificados como secuestro simple, descartando el secuestro calificado, así como la figura de desaparición forzada de personas solicitada por el INDH.
La principal deuda en esta materia es que la desaparición forzada sea tipificada como delito común. Por ello, el INDH recomendó, finalmente, aprobar el proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada como delito autónomo.
La exposición del INDH en la ONU.
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