La crisis en la Corte de Apelaciones de Rancagua se ha extendido hacia un análisis general del comportamiento de los tribunales de justicia porque, lo detectado ahí, no parece casualidad ni excepcional en varios sentidos.
Muchos han opinado por estos días de manera, diría, casuística, recordando otros graves casos de abuso de poder, corrupción u obsecuencia, pero dejando abierta la posibilidad de una corrección “desde adentro”. En palabras de Ricardo Lagos, dejando que las instituciones funcionen.
Desafortunadamente creo que no es el caso. Quizás por una mala casualidad, el escándalo de estos días, ocurre menos de un mes después que el Observatorio Jurisprudencial del Programa de Derecho Administrativo Económico (PDAE) de la UC, informó sobre 10 años de fallos de la Corte Suprema. Los resultados son desalentadores, pues hay materias relevantes en que los autores califican el resultado del juicio, como una tómbola.
El estudio califica los fallos y criterios adoptados como zigzagueantes en aspectos (entre otros) como los recursos de protección (nada menos) presentados a propósito de despidos arbitrarios en la Administración Pública.
En esos fallos se observan cambios de criterio asociados a los integrantes de la sala, pero también a cambios de opinión de un mismo magistrado. Los propios autores sostienen que es un tema teñido políticamente, pues resulta “usual” que los reclamantes provengan de Gobiernos anteriores.
Así, casos idénticos reciben una respuesta un día y lo contrario en otro. Un amigo lo sufrió en carne propia por estos días; la causa 3682-2019 le fue adversa, mientras la causa 3886-2019 resultó favorable para la denunciante. Por cierto, el camino de reclamación fue el recurso de protección (que en otras legislaciones se denomina de amparo) y tomó meses de tramitación, en los cuales los afectados no podían postular a cargos públicos.
En otras palabras, el Poder Judicial en Chile no es siquiera consistente (un requisito de la racionalidad). Para qué hablar de justicia, eficiencia o coherencia. Es un poder profundamente enfermo, sólo calificable como esquizofrénico y eso es mucho más que las anécdotas de Rancagua o las perversiones que documentó Alejandra Matus hace 20 años.
Son 20 temas, sólo en el ámbito administrativo, que se analizan con resultados parecidos. Son evidencia sólida y fundada de que en Chile no hay igualdad ante la ley, los reclamantes recibirán distinto trato (y consecuencias) si las preferencias políticas de los magistrados (que le toquen), están del lado del Gobierno, o si, simplemente, ese día se levantaron garantistas o no. Tampoco hay justicia oportuna ni predecible, pues un funcionario abusado en la actualidad simplemente no tiene derechos. Si no tiene como sustentarse durante meses, mejor que lo piense antes de pelear por sus derechos, aunque sea por la vía del amparo.
Reitero, es sólo un ámbito, quizás uno de los menos mediáticos (el derecho administrativo). Los fallos en otros ámbitos del derecho, mucho más visibles y evidentes, pero menos estudiados de manera rigurosa, muestran un sistema judicial capturado por intereses políticos y económicos.
En otras palabras, el Poder Judicial en Chile no es siquiera consistente (un requisito de la racionalidad). Para qué hablar de justicia, eficiencia o coherencia. Es un poder profundamente enfermo, sólo calificable como esquizofrénico y eso es mucho más que las anécdotas de Rancagua o las perversiones que documentó Alejandra Matus hace 20 años.
Aquí debería escribir sobre la importancia para la democracia, la economía y la convivencia civilizada la disponibilidad de tribunales justos, oportunos y coherentes. Pero eso debiera ser evidente.
El problema lo tienen quiénes debieran acudir a los tribunales porque son víctimas de abusos, fraudes o violencia. ¿Podría, honestamente, don Ricardo Lagos decirles que esperen que las instituciones funcionen?, ¿Podemos criticar a quiénes están tomando la justicia en sus manos? Peor aún, ¿podemos impedir las vueltas de mano, venganzas y desquites con motivaciones políticas o de otra índole? o ¿puede este sistema combatir la corrupción, el fraude y el narcotráfico?
Lo visto en estas semanas no es un problema de unos pocos jueces corruptos; hay que “entrar a picar”, es decir, hay que demoler para hacer de nuevo.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario