Por Equipo Cambio21 y Benedicto Castillo.
A eso apuntan las actuales investigaciones del Ministro en Visita, al cumplirse, 31 años del asesinato por envenenamiento del líder democratacristiano y Presidente de Chile entre 1964 y 1970. La orden de eliminar a Frei Montalva habría sido dada directamente por Augusto Pinochet
A eso apuntan las actuales investigaciones del Ministro en Visita, al cumplirse, 31 años del asesinato por envenenamiento del líder democratacristiano y Presidente de Chile entre 1964 y 1970. La orden de eliminar a Frei Montalva habría sido dada directamente por Augusto Pinochet
Más de 50 nuevas diligencias dispuso el juez para que sean pesquisadas, tanto
por la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas (FTIR) y la
Brigada de Derechos Humanos de la PDI, como por otras entidades
requeridas especialmente.
Este
domingo 20 de enero la familia Frei y la comunidad DC conmemoran en el
Cementerio General el 31 aniversario de la muerte del presidente Eduardo
Frei Montalva.
El
magistrado investigador del magnicidio, Alejandro Madrid Croharé,
cumple a su vez diez años en esta tarea. Contra lo que suponen sectores
interesados en echarle tierra al caso, el ministro en visita ha ordenado
nuevas diligencias.
“Operación Especial”
Lo
más relevante en los últimos meses ha sido que Madrid estaría llegando
al convencimiento de que la muerte de Frei Montalva fue planificada en
el marco de una “Operación
Especial de Inteligencia de Eliminación Física”, como codifican los
organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas el asesinato de
agentes enemigos o de personas relevantes.
Este
rumbo podría tener en lo sucesivo la investigación del envenenamiento
que afectó a Frei. Lo señalado estaría por materializarse.
En el marco de esta relevante hipótesis –aseguraron fuentes calificadas a Cambio21-, el ministro en visita “dispuso más de 50 nuevas diligencias, para que sean pesquisadas tanto
por detectives de la Fuerza de Tareas de Investigaciones Reservadas
(FTIR) y la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, así como por otras
entidades requeridas especialmente”.
Del
resultado de tales indagaciones dependerá el nuevo curso del proceso.
Madrid resolvió no dar conocimiento a las partes del conjunto de las
diligencias en ejecución, por necesidades propias de esta crucial etapa,
la que “se encuadra perfectamente” con la orden que el miércoles 30 de
diciembre de 2009 le dio la Segunda Sala de la Corte Suprema.
En
esa ocasión, se ratificaron los procesamientos de los médicos Patricio
Silva Garín, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio
González Bombardieri, y los agentes de la Dirección de Inteligencia del
Ejército (DINE) Raúl Diego Lillo Gutiérrez y Luis Alberto Becerra
Arancibia.
En dicha resolución se le instruye que “oriente
el curso de las pesquisas hacia la comprobación de una eventual
asociación ilícita para la perpetración del delito contra la vida de que
se trata”, reza textualmente el mandato redactado por el ministro Jaime
Rodríguez.
La hipótesis en ejecución se sustenta -dijo
la misma fuente calificada- “en suficiente información” acopiada
últimamente en la investigación. Nuestro informante hizo ver el “clima
muy positivo” que ronda el proceso y la necesidad que Cambio 21
no publique “los antecedentes fundamentales” para el éxito de la
investigación y con ello evitar grave daño, lo cual por cierto
constituye un imperativo ético que se respeta.
No
obstante, la fuente calificada aceptó que ocupásemos “la analogía
correcta”, en beneficio de la necesidad de información a la ciudadanía.
Esto es que los autores y ejecutores del magnicidio serían agentes de
cuerpos de inteligencia, que actuaron en el marco de una “Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física, de Carácter no Convencional”.
Esta
hipótesis desploma el supuesto de una “conjura” en contra del
presidente Frei Montalva, en un plan de civiles mezclados con políticos,
empresarios y sicarios. Por tanto –fundamentó la fuente calificada-
“los modelos paradigmáticos en esta clase de crímenes (como el de Frei
Montalva) son los del líder gremial Tucapel Jiménez Alfaro y el
bioquímico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo”.
Plan de eliminación
A la luz de los hechos de sangre que rodearon “los modelos paradigmáticos”, es decir Jiménez y Berríos, surgen dos consideraciones relevantes: La primera es que los autores y ejecutores, en aquellos sucesos, son agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). La
segunda, es que en las “bases del plan de eliminación” del ex
mandatario se le habría situado en la condición de enemigo, “de amenaza
para la Defensa y seguridad nacional”, desde el punto de vista de la
lógica de la seguridad nacional.
Para
entender esta trama criminal, hay que remitirse a la investigación del
caso Tucapel Jiménez, donde el juez Sergio Muñoz develó toda la
operación contra el dirigente y la metodología empleada por los aparatos
de Inteligencia. Este magistrado estableció que, en la lógica de la
dictadura militar, “las labores
de Inteligencia, para la ‘adopción de medidas resguardadoras de la
seguridad nacional’, eran consustanciales al ejercicio del poder”.
O,
según el Reglamento de Inteligencia del Ejército de Chile, “es una
función primaria del mando”, aplicable a todos los campos de acción
interno y externo –económico, diplomático y bélico-, y con repercusiones
en el desarrollo industrial y comercial.
Misterios a develar
Aterrizando
todos estos hechos dados por verdaderos por la Justicia, el ministro en
visita Alejandro Madrid tendría el desafío de lograr probar su eventual
hipótesis, develando los siguientes misterios:
1.-
¿Quién habría sido la Autoridad Competente en la Operación Especial de
Inteligencia de Eliminación Física de Eduardo Frei Montalva?
2.- ¿Quién el autor mediato del plan, los ejecutores directos, cómplices y encubridores del mismo plan?
3.-
¿Qué papel desempeñaron en el operativo los 6 inculpados: Médicos
Patricio Silva Garín, coronel (S) de Ejército; Pedro Samuel Valdivia
Soto, agente de la Clínica London de la DINA; Helmar Rosenberg
Gómez y Sergio González Bombardieri, patólogos de la Universidad
Católica; Raúl Diego Lillo Gutiérrez, teniente del Ejército, agente de
la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); y Luis Alberto Becerra
Arancibia, empleado civil de la DINE?
Utilizan a medios de comunicación para dar pistas falsas
Varias
falsas pistas se han divulgado en los medios para desprestigiar la
investigación o para distraer al juez Alejandro Madrid.
La
primera de ellas surgió con una destacada publicación de la revista
“Qué Pasa”, el 10 de noviembre de 1995, bajo el título “Las Pistas
Ocultas”. En este reportaje se señala que el coronel Gerardo Huber
desmanteló el laboratorio del químico de la DINA Eugenio Berríos y
participó en la elaboración del gas Sarín.
Dicho oficial fue jefe del Departamento de Logística del Ejército y hallado muerto el 20 de febrero de 1992 cerca del río Maipo. En efecto, Huber
fue jefe del Complejo Químico del Ejército, donde fue empleado Eugenio
Berríos; fue asesinado por sus compañeros de armas, a la vez que Berríos
desapareció en noviembre de 1991.
Por
ello, el abogado querellante Alvaro Varela presentó al juez
investigador los antecedentes y solicitó indagar todo ello, dada la
vinculación con el tema que cruza todo la investigación suya, que es la
producción de gases letales y en ello Berríos es protagonista.
Los
detectives tomaron declaración al director y al editor del semanario, y
luego al autor del reportaje, consultándole por el origen de su
información. El reportero aseveró que “nadie le entregó los datos, porque él los tomó de otras publicaciones que leyó”.
Periódico “El Siglo”
Un
segundo hecho de esta naturaleza afectó al periódico “El Siglo”, del
Partido Comunista. En la edición N°1.456 del viernes 5 junio de 2009,
publicó en portada y varias páginas interiores lo que llamó “Documentos
Secretos de la CIA. Impresionantes revelaciones sobre el asesinato de
Frei Montalva. Las vinculaciones de Agustín Edwards y la Empresa El
Mercurio”, etc.
En
resumen, publicó documentos supuestamente elaborados por la oficina de
la CIA en Santiago, con antecedentes sobre una denominada Operación
Walkiria, para asesinar a Frei.
Tras
cartón, el periódico “La Nación”, el domingo 7 de junio de 2009, le dio
patente de verídico, sin comprobar datos. Ante esto, el juez Madrid
pide a sus detectives tomar declaración al director del semanario, el
periodista Francisco Herreros, quien el 8 de junio indica que el informante es Ricardo León Servanti.
Esta persona resultó ser amigo
y empleado del abogado Fidel Reyes Castillo, histórico defensor del
general Manuel Contreras Sepúlveda, director de la DINA. Contreras
conocía con antelación el material que recibió Herreros.
En WikiLeaks
Fue
tal el grado de desinformación que se echó a correr que hasta la
Embajada de Estados Unidos en Santiago pudo haber sido sorprendida.
El lunes 7 de febrero de 2011, el diario español “El País”, publicó documentos filtrados por el
sitio web WikiLeaks, que revelaron el contenido de un cable del
embajador Paul Simons, donde decía: “La trágica historia reciente de
Chile continúa dividiendo a su gente, y la muerte de este emblemático
Presidente (Frei Montalva) parece destinada a ser un área más en que la
verdad completa nunca será conocida”.
Según
WikiLeaks, este cable referido al crimen fue enviado a Washington el 11
de diciembre de 2009, es decir cuatro días después que el juez
Alejandro Madrid incriminara a cuatro médicos
y dos agentes DINA-DINE, estableciendo con rigor científico el uso de
sustancias químicas en la consumación del magnicidio.
El Mercurio y la sustracción del peritaje
La Fiscalía Centro
Norte tiene en su poder los antecedentes de lo publicado por El
Mercurio los días 20 y 21 de diciembre de 2010, restando validez a los
peritajes que informaron del hallazgo de talio y gas mostaza en el organismo de Frei Montalva.
En
distinto grado, participaron en ello los médicos de la UC Ignacio
Sánchez (entonces, decano de Medicina, hoy rector de la PUC) y el
pediatra Enrique Paris, además del neurofisiólogo Fernando Orrego,
profesor en la Universidad de Los Andes, reconocido integrante del Opus
Dei.
A pesar de que ninguno de estos facultativos son expertos en toxicología forense –como afirmaron a Cambio21
profesionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile-,
los médicos Paris y Orrego, entrevistados por El Mercurio, restaron
valor al peritaje de las doctoras Laura Börgel y Carmen Cerda, las
cuales confirmaron la presencia de talio y gas mostaza en el cuerpo de
Frei.
El
periódico, además, publicó detalles del referido informe, por lo que
las periodistas Cynthia Carvajal y Pilar Molina debieron declarar ante
la policía y ante el propio juez Madrid. La segunda, para explicar la
sustracción y posterior divulgación de una pieza secreta del sumario.
Los interrogatorios se llevaron a cabo en diciembre de 2009 en el caso
de Carvajal y en enero y octubre de 2010 respecto de Molina.
También
debieron concurrir al tribunal los médicos Sánchez, Paris y Orrego en
octubre de 2010. El primero por autorizar a su subordinado Paris a
conceder la entrevista y los segundos por cómo obtuvieron el peritaje
que estaba bajo recaudo judicial, por lo que su utilización indebida se
considera un delito.
Molina
confirmó a este semanario su comparecencia ante la justicia, pero
descartó la tesis del desprestigio, señalando que sólo fue responsable
de indagatorias periodísticas inherentes a la actividad y que Madrid no
la ha vuelto a citar.
La
publicación del peritaje y declaraciones de los médicos Orrego y Paris
fue los días 20 y 21 de diciembre de 2009, justo una semana después de
la primera vuelta de la elección presidencial, en que Eduardo Frei
Ruiz-Tagle y Sebastián Piñera resultaron con las primeras mayorías
relativas para ir al balotaje en enero 2010.
Esta
sucesión de hechos no es casual, sostienen los defensores de la tesis
de una maniobra política y mediática destinada a restar credibilidad a
la investigación del juez Madrid. Por ello, todos los antecedentes hoy
están en la Fiscalía Centro Norte.
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