Frente a los hechos de violencia ocurridos en la Araucanía en los últimos días, así como frente a la descalificación que por sectores afines al gobierno se ha hecho de la labor de las organizaciones de derechos humanos en relación con el pueblo mapuche, es que las organizaciones y personas que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos en la Región de la Araucanía, declaramos lo siguiente:
1.- Condenamos categóricamente los hechos de violencia ocurridos en el sur del país en los últimos días, incluyendo aquellos que presumiblemente son consecuencia de la protesta frente a reivindicaciones legítimas de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la violencia con la que el Estado, a través de sus agentes policiales, ha reaccionado en contra de integrantes del pueblo mapuche. También la violencia verbal de sectores regionales, e incluso de personeros de gobierno, que justifican la justicia por mano propia frente a estos hechos, obviando las vías institucionales existentes para estos efectos y alimentando una peligrosa espiral de violencia.
Condenamos en particular los hechos que han resultado en la pérdida de vidas humanas, como las del matrimonio Luchsinger Mckay, y lesiones a la integridad física de las personas, en este caso mapuche.
Instamos a la justicia a desarrollar una investigación acuciosa e imparcial, basada en la legislación criminal ordinaria, y no en legislaciones de excepción -cuya aplicación a estos hechos y cuya consistencia con los derechos del debido proceso son claramente cuestionables-, a objeto de lograr la identificación y sanción de los responsables, quienes quiera que éstos sean.
2. Condenamos también las graves imputaciones que algunas autoridades, parlamentarios y representantes gremiales han hecho en relación al trabajo que las organizaciones de derechos humanos realizamos en este contexto. A través de diversas declaraciones, se nos ha acusado no solo de ser parciales e indiferentes frente a hechos como la muerte del matrimonio Luchsinger Mckay, sino también de “respaldar y financiar a grupos terroristas”, pidiendo en base a estas conjeturas que se nos investigue y sancione.
Tales imputaciones carecen de todo fundamento, y constituyen una forma evidente de descalificar nuestro trabajo de promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos, trabajo que es alentado por las Naciones Unidas, y protegido a través de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos suscrita por el Estado chileno.
Los organismos de derechos humanos cumplimos un rol fundamental en la defensa y promoción de estos derechos, informando a la comunidad nacional e internacional de su situación y ampliando los espacios de diálogo y participación para su efectiva realización. En relación a los derechos del pueblo mapuche, en los últimos años no solo hemos informado sobre el incremento de situaciones de violencia en la relación entre el Estado y el pueblo mapuche en esta parte del país, sino que también hemos advertido de su inminente agravamiento de no adoptarse las medidas legislativas y políticas públicas encaminadas a enfrentar los problemas de fondo que subyacen tras los conflictos que genera dicha violencia, instando siempre al diálogo constructivo para estos efectos.
Nos parece pertinente en este sentido valorar y reconocer el trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el que en estos días ha sido también objeto de similares imputaciones, las que pretenden enlodar su trabajo. Desde su creación el año 2010 el INDH ha venido realizando una valiosa labor de documentación, visibilidad y aportes para la discusión de políticas públicas en diversos temas, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas. Dicho Instituto ha asumido, junto con las organizaciones de derechos humanos, una labor de contrapeso frente al actuar del Estado en relación al pueblo mapuche, denunciando las situaciones de vulneración de dichos derechos producto del actuar de los órganos públicos, y proponiendo alternativas institucionales para su superación.
3. Sin perjuicio de que instamos por la investigación y sanción de los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en la Araucanía, también estimamos necesario propiciar una reflexión crítica sobre los orígenes de la violencia en esta región. Tal como ha sido señalado en estos días por los analistas más sensatos, los que incluyen a personas mapuche y de la sociedad chilena, de pensamiento político muy diverso, consideramos que dicha violencia tiene un carácter histórico, relacionado con la forma en que el Estado se constituyó al sur del Bío Bío, y que, a pesar del reconocimiento de la deuda histórica existente con el pueblo mapuche, su política ha sido errática, y que de diversas maneras, éste ha seguido ejerciendo violencia en contra de este pueblo y de sus comunidades.
En efecto, la institucionalidad vigente y las políticas públicas implementadas no han permitido la reparación de las injusticias del pasado. Tampoco ha tolerado la protesta social mapuche, la que ha sido duramente reprimida desde el Estado. Todo ello sin duda ha alentado una espiral de violencia que en la última década ha resultado en tres víctimas fatales en este pueblo, un carabinero, y ahora el matrimonio Luchsinger Mckay.
Es en este sentido que apoyamos los llamados al diálogo que en los últimos días han sido realizados por diversos sectores, incluyendo por un número significativo de organizaciones mapuche. Cuando la violencia cobra vidas humanas, como ha ocurrido en la última década con varios integrantes del pueblo mapuche y vuelve a ocurrir hoy con un empresario agrícola y su cónyuge, existe el imperativo de hacer un esfuerzo serio, sistemático y consciente de buscar por los caminos del parlamento, como fue practicado en el pasado por el Estado chileno con el pueblo mapuche, el entendimiento para la superación de los problemas de relación que evidentemente existen.
Llamamos entonces a respaldar la invitación a un gran diálogo intercultural en la región, propiciada por representantes del pueblo mapuche, en el que debe hacerse presente el Estado de Chile, como único camino posible para poner término a la espiral de violencia que hoy presenciamos en esta parte del país. Como organizaciones de la sociedad civil interesada en la construcción de una sociedad basada en el respeto de los derechos de las personas y de los pueblos manifestamos nuestro interés de participar en este diálogo. Ello con el objeto de aportar con nuestra visión y perspectiva en la superación del clima que hoy se vive en la región, y de coadyuvar a la realización de la justicia que históricamente se ha negado al pueblo mapuche.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos - Cinprodh
Fundación Instituto Indígena
Observatorio Ciudadano
Centro de Investigación y Defensa Sur - Cidsur
Temuco, 11 de enero de 2013
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