Por María Kovacz
La violencia generada en La Araucanía provocó que el gobierno planteara la idea de invocar la Ley Antiterrorista. Sin embargo la derecha más extrema busca imponer medidas más duras.
El
pasado viernes La Araucanía vivió uno de sus días más violentos, cuando
un atentado incendiario destruyó la casa patronal en el fundo Palihue,
comuna de Vilcún, causando el fallecimiento del empresario agrícola
Bernard Luchsinger Lemp y su señora Vivianne Mackay.La violencia generada en La Araucanía provocó que el gobierno planteara la idea de invocar la Ley Antiterrorista. Sin embargo la derecha más extrema busca imponer medidas más duras.
Desde ese momento, el gobierno ha desplegado todo un plan para devolver la calma al sector; y a la vez encontrar a los responsables de la violencia. Si bien la aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido una las primeras medidas que pensó La Moneda, lo cierto es que los parlamentarios también han hecho sus solicitudes para poder resolver la situación que cada vez parece escaparse más de las manos de las autoridades.
Que el Poder Judicial tome cartas en el asunto o que el gobierno actúe con mano dura, han sido las medidas propuestas por diputados y senadores. Aunque la derecha ha demostrado ubicarse al extremo con sus solicitudes. Al menos así quedó al descubierto con la solicitud hecha por los diputados UDI María Angélica Cristi, Cristián Letelier y Arturo Squella, quienes hicieron un llamado al Gobierno para que quite todos los beneficios a los pobladores mapuches tras la ola de atentados que se han registrado en las regiones del Biobío y de La Araucanía.
Aunque no han sido los únicos. El pasado viernes los diputados UDI Cristián Letelier (una vez más) y Gustavo Hasbún propusieron la conformación de una "fuerza de seguridad del más alto nivel, integrada por el director general de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones, el subsecretario para la Prevención del Delito y por todos los jefes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden, con el objeto que se instalen en la zona todo el tiempo que sea necesario y diseñen un plan que permita mermar considerablemente la violencia".
Solicitudes extremas
Ante este escenario, el director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile 21, Domingo Namuncura, fue tajante al asegurar que no tomará en serio las palabras de los legisladores, agregando que "para mí son solo palabras vergonzosas y bochornosas. Además son irresponsables viniendo de parlamentarios".
En diálogo con Cambio21 agregó que "esta solicitud no refleja más que incomprensión y no merece que ni siquiera se comente por aquello".
"Sin duda este es un grupo parlamentario que está acostumbrado a pensar con un sesgo autoritario. Sus valores sociales parecen no formar parte del régimen democrático que actualmente vivimos", dijo Namuncura.
Por último indicó que "ojalá el gobierno no tome estas palabras en serio, porque los beneficios otorgados a los mapuches no se les pueden quitar a raíz de una situación de violencia".
Por su parte, el diputado Joaquín Tuma (PPD) recriminó en primer lugar los dichos de sus colegas porque los "parlamentarios que han hecho este tipo de declaraciones, ni siquiera pertenecen a la zona".
"No conocen la realidad de los comuneros, la deuda que se tiene con ellos. Hasta ahora lo único que hacen es hablar de las consecuencias que traerán en vez de referirse a lo que es el conflicto", dijo el parlamentario.
Por último indicó a Cambio21 que "la derecha tiene un concepto de negación a los derechos que es constante, por eso tampoco sorprenden las medidas que proponen".
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