Consideran un avance en respeto a los derechos humanos decisión judicial de indemnizar a presos políticos que estuvieron confinados en Isla Dawson entre 1973-1974

Por María Elba Troncoso
Ex senador Sergio Bitar, quien fue prisionero político en el lugar, alabó decisión de la justicia que condenó al Estado de Chile a indemnizar con 150 millones de pesos a cada una de 31 personas que estuvieron detenidas en el campo de concentración de la isla magallánica.

Como una decisión tardía, pero que da luces de que en nuestro país se puede hacer justicia, fue calificada por el ex ministro y ex senador Sergio Bitar, instancia donde fue miembro de la comisión de Derechos Humanos, la resolución judicial que obliga al Estado chileno a pagar 150 millones de pesos a cada uno de una treintena de ex prisioneros de Isla Dawson, que entablaron una demanda el año 2008.

Para Bitar, quien compartió con muchos de ellos la nefasta reclusión en la isla magall´´anica, el fallo es un reconocimiento importante. "Para los que estuvimos en la isla es una gran alegría que este grupo de quienes eran jóvenes magallánicos, hayan alcanzado justicia para reparar el daño que les produjo la dictadura al tomarlos prisioneros en un campo de concentración, sin otra razón que no sea la fuerza, sin proceso alguno y con un daño a ellos y sus familias para toda la vida".

Si bien lamentó la tardanza en la resolución de casos de derechos humanos, dijo que "el balance es positivo, porque de los países que han tenido transición a la democracia, Chile ha tenido una política sostenida en el tiempo".

Al respecto, recordó los avances conseguidos por los gobiernos de la Concertación. "El balance de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Aylwin, la mesa de diálogo de Frei, la Comisión Valech de Lagos, el Museo de la Solidaridad de Bachelet, unidos a los cambios en el sistema de justicia y en la justicia militar y, especialmente la conciencia de los chilenos, ayuda a que creamos en una democracia que es capaz de proveer justicia. Tarda pero llega y yo espero que llegue".

En conversación con Cambio21, Bitar se mostró confiado en que el caso termine favorablemente ante una eventual apelación y que pueda servir de aliciente a otras víctimas de la dictadura.

En esa línea el miembro de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Pablo Letelier, calificó como una "vergüenza" que el Consejo de Defensa del Estado siempre apele a estas decisiones, cuando el "Estado tuvo responsabilidad en la violación derechos humanos durante la dictadura".

Agregó que, "además de la verdad y la justicia, hay un principio básico que es que debe haber reparación", por lo que calificó el fallo de "muy positivo, pero me imagino que el Consejo de Defensa del Estado va a apelar en la medida que pueda como lo ha hecho siempre".

Entrevistado por Cambio21, parlamentario, cuyo padre Orlando Letelier también estuvo recluido en la isla, dijo que en Chile la justicia "siempre ha sido lenta, pero lo que importa es que llegue. Más allá de la reparación material, lo valioso es que este fallo permite escribir la historia en forma correcta y es un buen precedente para que se imponga la convicción de que el Estado tiene la obligación de reparar los daños causados".

La reacción de los afectados

A través de un comunicado, los ex prisioneros favorecidos con el fallo, señalaron que "el 10 de enero del año 2008, 31 ex prisioneros políticos que fuimos torturados, sometidos a trabajos forzados y confinados en los campos de concentración de Isla Dawson y Magallanes entre 1973-1974, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, demandamos por daños y perjuicios al Estado de Chile.

"Con satisfacción informamos, que después de cinco años nuestra demanda en juicio de hacienda de ex prisioneros políticos de Isla Dawson y Magallanes contra el Estado de Chile, presentada por Elie Valencia, Miguel Loguercio, Baldovino Gómez, Héctor Avilés y otros, patrocinada por el abogado Víctor Rosas Vergara, ha tenido un fallo favorable en la sentencia de primera instancia notificada el 15 de enero de 2013 por la Juez Titular del 18º Juzgado Civil de Santiago, señora Claudia Donoso Niemayer".

El documento agrega que la sentencia también establece la "imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad", y da "lugar a la acción indemnizatoria solicitada respecto del daño moral sufrido por los actores," el que "este juzgado estima prudencialmente en $150.000.000 para cada uno de los demandantes, atendida la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueran sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que se encontraron privados de libertad, tanto que fueran reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo que naturalmente conlleva gran dolor y aflicción que provocan en un ser humano sujeto a aquellos, no sólo dolor físico inmediato sino que además un estado de vulnerabilidad interna con efectos permanentes".

La triste historia

Isla Dawson se ubica en el Estrecho de Magallanes, fue utilizada como un campo de concentración después del golpe militar hasta octubre de 1974. Ahí fueron trasladados cerca de 30 destacados políticos, junto con unos 200 prisioneros locales.

Orlando Letelier, José Tohá, Sergio Bitar, Benjamin Teplinsky, son algunos de lo políticos que pasaron por la isla. Eran obligados a realizar marchas, ejercicios y trabajos forzosos. Muchos fueron sometidos a simulacros de ejecuciones, además de torturas físicas y psicológicas.

Algunos de los presos no tenían si quiera frazadas, no se les permitía comunicación con sus familiares, se lavaban en un canal de aguas servidas. Las comidas y barracas de alojamiento eran muy deficitarias.

Cuando el campo fue clausurado en octubre de 1974, los prisioneros fueron trasladados a la Cárcel de Punta Arenas y algunos dejados en libertad.