Declaración OC sobre últimos hechos en la Araucanía

Declaración Pública

El Observatorio Ciudadano condena enérgicamente el atentado ocurrido esta mañana en el fundo Palihue, cerca de Vilcun, en el que murieron el señor Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mckay.
Estas personas adultas mayores se convirtieron en nuevas víctimas del clima de violencia que se ha instalado en el sur, y que ha dejado como saldo varios jóvenes mapuche muertos, un funcionario policial y ahora dos agricultores.  Es lamentable tener que constatar que quienes han apostado por la violencia han ganado terreno ante la acción errática del Estado de Chile y una política insuficiente de este y de gobiernos anteriores.   
Tal como lo hemos hecho en el pasado, lamentamos estás trágicas muertes producidas en el contexto de los conflictos entre el pueblo mapuche y el estado chileno.  Al respecto, las directrices internacionales en derechos humanos son claras.  Como lo señalara el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, en su informe de misión a Chile el 2009, donde “desaprueba el recurso a actos de violencia como medio de protesta, inclusive en aquellas situaciones relacionadas con reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.”
Reiteramos que la vida es un derecho humano básico que todos debemos defender y promover, y que estos hechos nos llaman a reflexionar sobre la responsabilidad que todos los actores de la sociedad tenemos ante la situación que se vive en la Araucanía.
La muerte de estas dos personas, es una acción condenable y esperamos que las organizaciones de la sociedad civil que apoyan las demandas del pueblo mapuche, así como los dirigentes y organizaciones que representan a este pueblo, manifiesten su rechazo a cualquier acción de violencia.  Hay cientos de familias mapuche que han sufrido los efectos de la violencia institucional, manifestada en una política estatal que sistemáticamente ha discriminado y estigmatizado al pueblo mapuche, y no es tolerable que la violencia se vuelva una espiral que impida el desarrollo de una sociedad multicultural que permita la plena exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas en Chile.
Por ello rechazamos también de forma categórica a quienes han apostado por la violencia y llaman hoy al gobierno a aumentar la represión y demandan un estado de sitio en esta zona del país.  Es un hecho que estos llamados tienen cabida en una sociedad que no tiene voluntad política para responder a las demandas del pueblo mapuche.  Los anuncios de invocar la ley antiterrorista para investigar este nuevo atentado implican que el gobierno no tiene nada nuevo que ofrecer para avanzar en un clima de diálogo.
En este contexto, la visita del Presidente de la República a la zona adquiere un sesgo discriminatorio, pues moviliza al estado en favor de un solo grupo de interés.  Asimismo, en sus anuncios hechos hoy en Temuco no existe señal alguna de que se priorice el diálogo por sobre la represión, y su resultado real en la práctica será la persistencia de la criminalización y la estigmatización del pueblo mapuche en su conjunto.
Consideramos inaceptables los llamados del Presidente a una lucha frontal contra la violencia, sin hacer referencia a las causas por las que ésta se ha engendrado en la Araucanía.  Aunque se refiera a un grupo menor involucrado en estos hechos, sus anuncios sobre una mayor dotación policial, equipamiento, tecnología y coordinaciones para el espionaje y el control en las comunidades tendrán como resultado más violencia, como ha sido la historia conocida hasta hoy en esta zona del país.
Sin duda el estado de derecho a que hace referencia el Presidente no es compatible con un estado de derecho que respete y promueva los derechos humanos de las personas.  Su llamado velado a criminalizar a quienes apoyan o colaboran con las demandas del pueblo mapuche, son efectos de la presión de un sector político y gremial que el presidente evita mencionar como causas de la violencia.  Por lo que medidas como las adoptadas podrán tener efectos inmediatos –lamentablemente más represivos-, pero no constituyen un aporte a la complejidad con que se deben atender las demandas que existen tras éstos y otros trágicos sucesos que hemos conocido en la Araucanía.
En este sentido, coincidimos nuevamente con el Relator Especial James Anaya cuando señala que “la comisión de eventuales actos de violencia no justifica en caso alguno la violación de derechos humanos de la población indígena por parte de los agentes policiales del Estado.”
Instamos a toda la sociedad a no dejarse arrastrar por un clima hostil que imputa responsabilidades a priori a personas pertenecientes al Pueblo Mapuche, y al mismo tiempo llamamos a los órganos competentes a iniciar un proceso de investigación judicial de acuerdo a los principios del Debido Proceso, mediante el cual se pueda llegar al pleno esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables.  Exigimos, por otra parte, que en el marco de los procedimientos policiales que se realicen para la investigación de estos hechos, se cautele la integridad física y psíquica de las personas mapuche que habitan en los sectores aledaños al Fundo Palihue.
Hacemos nuevamente un llamado a los órganos del estado para asumir sus responsabilidades y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular aquellas relativas a sus tierras y recursos naturales, considerando que éste es el camino más adecuado para lograr poner término al enfrentamiento y violencia interétnica existente en esta parte del país.
El respeto por parte del estado de Chile a los pueblos indígenas y sus derechos es la forma pacífica para contribuir a un diálogo efectivo, resolver los conflictos y evitar acciones de violencia como las que lamentamos hoy.

Temuco, 4 de enero de 2013.