Piden revelar 36 mil fichas sobre red de protección de la Colonia Dignidad

Los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (Independiente) y Hugo Gutiérrez (PC) coincidieron en considerar "insostenible" que el juez Jorge Zepeda continúe ocultando este dossier.

Un grupo de abogados y parlamentarios hicieron un llamado a la justicia a que levante el secreto en que ha mantenido durante siete años un archivo de la Colonia Dignidad que podría desvelar una red de protección que por décadas posibilitó los delitos cometidos por los jerarcas del enclave alemán.

Se trata de un informe de la Jefatura de Inteligencia de la PDI sobre 36.000 fichas incautadas en junio de 2005 en un búnker descubierto en Villa Baviera, en la Región del Maule.

El juicio está a cargo del juez Jorge Zepeda, que desde entonces ha mantenido el informe bajo secreto, debido a que el proceso es tramitado bajo el antiguo sistema procesal penal, el cual permitía "el secreto del sumario", es decir de la fase de investigación del caso.

"Me parece muy extraña la conducta que el juez ha mantenido respecto de esas fichas", dijo a Efe un ex miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que pidió reserva de su identidad.

"A los jueces no les corresponde decidir si un documento debe ser o no declarado secreto. Eso pertenece al ámbito de la Inteligencia Nacional", subrayó el experto, mientras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijeron que gestionarán ante la Corte Suprema que una copia del informe les sea entregado para analizarlo.

Los diputados Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló (Independiente) y Hugo Gutiérrez (PC) coincidieron en considerar "insostenible" que el juez Zepeda continúe ocultando este dossier.

"Los chilenos necesitamos saber cuáles son los secretos que contienen estas fichas. Y si hay allí nombres de autoridades públicas que conformaron una red de protección a Colonia Dignidad, definitivamente queremos saber quiénes son", dijo a Efe Tucapel Jiménez.

Según Sergio Aguiló, en las fichas "puede existir información que permita aclarar crímenes de la dictadura, pero también antecedentes sobre otros delitos que deben ser investigados".

Según fuentes cercanas al caso que pidieron también reserva de identidad, algunas partes del fichero podrían convertirse en una "bomba política".

Se trata de una sección que dejaría al descubierto vínculos íntimos y favores obtenidos por políticos, parlamentarios y funcionarios públicos, relacionados con los jerarcas del enclave.

También existe un apartado que contiene declaraciones de presos políticos obtenidas bajo tortura en Dignidad, donde junto con los alemanes operaron agentes de la Central Nacional de Inteligencia (CNI).

Hasta ahora, el juez ha negado el acceso al informe a las partes litigantes en los procesos contra el enclave alemán e incluso puso el documento bajo el amparo de la Ley de Inteligencia Nacional, considerándolo "secreto de Estado".

El informe ha sido negado incluso al Consejo de Defensa del Estado, querellante en los juicios contra los alemanes por crímenes de lesa humanidad, estafa, fraude al fisco, evasión tributaria, violación, tenencia ilegal de armas y productos químicos mortales, contratos simulados y contrabando.

Según las fuentes, una parte del archivo fue salvado del allanamiento de 2005. Se trata de cintas con filmaciones y fotografías de personalidades públicas manteniendo relaciones sexuales con menores.

Un sacerdote que pidió no ser identificado y que hace algunos años recibió esta información en confesión, dijo a Efe que el feligrés le reveló que esa era una de las formas en que los alemanes ejercían chantaje a cambio de protección.