Abogado de la familia Soria afirmó que el crimen del diplomático fue parte de un plan de exterminio del personas opositoras a la dictadura

El jurista Alfonso Insunza y el diputado de la comisión de Derechos Humanos Tucapel Jiménez resaltaron la decisión del juez Lamberto Cisternas, pero consideraron que falta mucho para llegar a una condena de los culpables.

Como un importante avance calificó el abogado Alfonso Insunza, la decisión del ministro Lamberto Cisternas de reabrir el caso por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado en 1976 por agentes de la dictadura.

El abogado de la familia destacó que luego de tres solicitudes similares que no fructificaron y a la luz de nuevos antecedentes, es posible que al fin se pueda esclarecer uno de los casos más emblemáticos de crímenes de lesa humanidad durante el regimen de Augusto Pinochet.

Al respecto afirmó que tanto él como la familia recibieron la noticia "con mucha satisfacción porque es posible que el caso no termine en la impunidad", como ha sucedido hasta ahora y recordó que el año 1996 el juez especial Marcos Libedinsky, cerró el proceso por la ley de amnistía que Pinochet dictó en 1978 para evitar la investigación de los crímenes de su régimen.

"En el año 96 aplicaron la amnistía, no obstante que ya estábamos en democracia y hasta el año 98 en el cien por ciento de los casos se aplicaba la amnistía. Después de eso el comportamiento de la Corte Suprema cambió para todos estos crímenes de derechos humanos que son de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables de acuerdo a todos los tratados internacionales", señaló el abogado a Cambio21

Alfonso Insunza se mostró confiado en el avance del proceso, aunque reconoció que la justicia ha sido lenta. "Todo esto tiene que investigarse, después esperamos que la justicia someta a proceso y encargue reo a quien corresponda". Agregó que "de acuerdo a la dinámica judicial esto va a demorar".

En la resolución de Cisternas "se solicita la realización de diligencias precisas y determinadas, las que se fundamentan en antecedentes que allí se desarrollan con alguna latitud, petición que parece plausible y conducente a los fines de la investigación, acorde con parámetros que fluyen del razonamiento que se ha resumido en el fundamento que precede; por lo que se dará lugar a lo pedido, en los términos que se dirá en lo resolutivo".

El abogado explicó que estas nuevas diligencias tienen que ver con los antecedentes publicados por el periodista Javier Rebolledo en su libro La danza de los cuervos. "Nosotros vamos a pelear para que esta reapertura del caso al fin termine en sentencia condenatoria. Hay nuevos antecedentes que apuntan a que además de los agentes de la brigada Mulchén, hay otros agentes de otras brigadas en el crimen."

Detalló que esto se desarrolló "dentro del contexto de exterminio del Partido Comunista en 1976, año en que fue asesinado Carmelo Soria, militante comunista, por lo tanto fue toda una labor política represiva para exterminar físicamente a los comunistas".

Explicó que entre las diligencias ordenadas por Cisternas se cuenta una orden de investigar a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI; que incluye una citación a declarar del periodista autor del libro, la cual podría concretarse dentro de los próximos meses.

En tanto para el miembro de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Tucapel Jiménez (PPD) con esta resolución "se abre una luz de justicia y de esperanza, pero se mantiene el sentimiento de que algo falló, porque aquí hay un trabajo que no se hizo en los tribunales de justicia durante años."

Al respecto señaló que "después de 20, 30 o 40 años es muy difícil saber la verdad absoluta", especialmente por la poca colaboración que ha mostrado el Ejército a lo largo de todas las investigaciones de causas de crímenes de la dictadura.

Entrevistado por Cambio21 estimó que "las condenas van a ser con prescripción y bajísimas como han sido todos los casos de derechos humanos. Pero para la familia que se sepa la verdad y se haga justicia, aunque sean condenas bajas, les va a dar la tranquilidad que ellos necesitan. Además, el país necesita cerrar esa herida y mientras más casos se aclaren mejor para el país."

El parlamentario insistió en que más allá de los llamados emblemáticos "uno tiene que pedir justicia para todos los casos" y pidió a las familias de todas las víctimas de la dictadura, "que sigan batallando en los tribunales y confiando en que los jueces que hay hoy día si tienen las intensiones de hacer justicia".

El crimen de Soria

El 15 de julio de 1976 Carmelo Soria, funcionario de la Cepal, fue secuestrado por agentes de la DINA y torturado hasta la muerte, su cadáver fue rociado con alcohol y dejado en su automóvil en las cercanías del canal San Carlos.

Hasta el momento no hay condenados en el caso, aunque el año 2011, el juez Alejandro Madrid sentenció a tres años a siete ex oficiales por obstrucción a la justicia.

Entre los condenados estaban el exjefe de Inteligencia del Ejército general Eugenio Covarrubias, el general de brigada Jaime Lepe y el ex coronel Sergio Cea, además del ex suboficial José Remigio Ríos San Martín y otros tres oficiales que presionaron a este último, después que confesó haber participado en el homicidio.