Hasta el momento hay 7 ex miembros de la DINA condenados sólo por ocultamiento de información. Causa por el asesinato del diplomático español fue sobreseída en 1996 por Ley de Amnistía.
El ministro de la Corte Suprema Lamberto Cisternas, en calidad de instructor en la causa por el homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, resolvió este lunes reabrir la investigación del diplomático español asesinado en 1976 por agentes de la DINA.
De esta manera, el ministro dio lugar a lo solicitado por el abogado querellante Alfonso Insunza, quien representa a Carmen Soria González, hija del ex miembro de la Cepal en Chile.
En su resolución, el ministro Cisternas indicó que la causa fue sobreseída definitivamente en 1996 por el entonces ministro Marcos Libedinski, “porque los hechos en ella investigados son de aquellos referidos al Decreto Ley 2.191, de 1978 (Ley de Amnistía), y fueron perpetrados en el periodo comprendido en ese texto legal”.
Agregó que, en 2010, el abogado Insunza y el subsecretario del Interior de la época, Patricio Rosende, solicitaron la reapertura del sumario. En dicha oportunidad, el entonces ministro instructor, Héctor Carreño, y la Segunda Sala de la Corte Suprema desestimaron la petición porque las diligencias solicitadas por la parte querellante “no se especifican de manera adecuada, sin precisión ni detalle, resultando absolutamente genéricas”.
En 2011, el juez Alejandro Madrid condenó a tres años a siete ex oficiales de Ejército como miembros de una asociación ilícita para obstruir a la justicia (ocultar información) en el caso Soria, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones.
En su resolución, el ministro Lamberto Cisterna indica que en esta oportunidad las diligencias solicitadas por la parte querellante son “precisas y determinadas, las que se fundamentan en antecedentes que allí se desarrollan con alguna latitud, petición que parece plausible y conducente a los fines de la investigación”.
Por lo mismo, el ministro Cisternas dispuso la realización de varias las diligencias, entre las que se cuentan una orden de investigar a cargo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI; una citación a declarar al periodista Javier Rebolledo, quien en su libro “La danza de los cuervos” entrega más antecedentes del caso, y pedir informes a Interpol-Chile sobre órdenes de detención a personas mencionadas en la causa.
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