por El Mostrador noviembre, 2020
Crédito: ATON
Al menos 350 carabineros de civil operaron a diario en la Región Metropolitana las primeras semanas del estallido social, llegando a un peak de 505 funcionarios encubiertos el 23 de octubre, día de la convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a una huelga nacional.
Estos son parte de los antecedentes revelados en un reportaje de La Pública, una ONG que busca promover, maximizar y fortalecer el acceso a la información en Chile, que elaboró un mapa del despliegue de estos agentes entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, a través de una solicitud de Transparencia.
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El proceder de estos efectivos fue objeto de una fuerte polémica en los días del estallido, a través de registros de secuestros viralizados en redes sociales, como ocurrió con la detención de personas en el sector céntrico por parte de funcionarios de civil que se movilizaban en vehículos particulares.
Uno de los casos emblemáticos sucedió el pasado 5 de noviembre, cuando una pareja fue detenida en la esquina de Santo Domingo con Teatinos. De acuerdo a los datos de La Pública, esa jornada rondaban 46 carabineros encubiertos en la comuna de Santiago y 492 en toda la región.
La respuesta de Carabineros
En noviembre pasado, el general director de Carabineros, Mario Rozas, justificó el accionar de la denominada “Comisión Civil”, señalando que se trata de procedimientos completamente ajustados a protocolo y "debidamente autorizado".
Pero la institución negó el acceso al detalle solicitado por La Pública, argumentando que su divulgación afectaría “el debido cumplimiento de las funciones de Carabineros, ya que dicho personal cumple labores operativas en resguardo del orden y la seguridad pública, y cuyo número, distribución, órdenes y protocolos de acción responden a estudios de vigilancia y resguardo de la población”.
Por eso, la organización ingresó un recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), el cual ordenó a Carabineros entregar los datos, ya que “no se logró acreditar que la publicidad de dichos antecedentes, de carácter general y cuantitativo, tenga la potencialidad suficiente para afectar (…) el debido cumplimiento de las funciones del órgano o la seguridad nacional”.
A partir de la decisión del CPLT, Carabineros debió entregar las cifras con el número de funcionarios designados a Comisión Civil entre las fechas solicitadas, especificando la cantidad de oficiales (OFL) y de personal de nombramiento institucional (PNI) —carabineros y suboficiales que son designados directamente por el general director—, las comunas, prefecturas y comisarías.
Asimismo, la institución solo acotó en su respuesta a La Pública que “el personal de civil, que por cierto es minoritario respecto del personal uniformado, pertenece a Unidades especializadas que están destinadas a labores específicas tales como investigación criminal tanto de delitos como de organizaciones criminales, trata de personas, búsqueda de personas y vehículos, control e investigación de tráfico de drogas y estupefacientes y labores de inteligencia, todo lo anterior ya sea en forma autónoma o bajo la dirección del Ministerio Público”.
Cabe recordar que, a raíz de las detenciones ocurridas durante el estallido social, cinco senadores ingresaron un proyecto de ley, que apunta a aumentar la transparencia en el funcionamiento de carabineros de civil. “Hubo detenciones muy violentas con este modo de proceder y donde hay también denuncias de personas que decían que los 'pescaban' y los llevaban a otros lugares. La denuncia que han hecho organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil, es que puede haber grupos de policías que estén actuando autónomamente o sin un control jerárquico, vulnerando todo tipo de protocolo institucional y eso es gravísimo en una democracia”, advirtió el senador Juan Ignacio Latorre (RD).
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