por El Mostrador 15 febrero, 2021
Crédito: ATON
Inquietud hay en el mundo intelectual, político y de los derechos humanos tras conocer la desoladora evaluación del INDH sobre el estado de avance de sus recomendaciones tras el estallido social. “Al día de hoy, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia”, dijo el director de la entidad, Sergio Micco, durante la presentación del Informe de Seguimiento, dando cuenta de la falta de logros concretos del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
A través de una declaración, titulada “Cuidar la democracia es demandar justicia y respeto a los DD.HH.”, 81 personalidades entre parlamentarios como el senador RD Juan Ignacio Latorre, y las diputadas Maya Fernández (PS) y Carmen Hertz (PC), dirigentes gremiales, Premios Nacionales como Elikura Chihuailaf y Gustavo Meza, candidatos a convencionales constituyentes, como Pedro Cayuqueo y Francisco Reyes, la escritora Marcela Serrano, el actor Alfredo Castro y el cineasta Cristián Galaz, entre otros, plantean que “demandamos poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo cotidianamente, especialmente por la acción de Carabineros, y que son motivo de constante escándalo y dolor para la ciudadanía”.
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En esta línea, señalan que “es imperioso realizar una profunda e integral reforma a Carabineros de Chile, que restablezca su plena subordinación al poder civil y que brinde garantías de no repetición de los crímenes y abusos cometidos”, sumándose al debate sobre un cambio a fondo en la institución que encabeza el general Ricardo Yáñez.
“Sin esta medida será imposible recuperar la confianza en la policía, ya que la ciudadanía ya no acepta más violencia y vulneración de sus derechos fundamentales. Es irresponsable demandar el fin de las movilizaciones sociales sin que estas condiciones fundamentales de cambio y enmienda institucional se puedan ver garantizadas en un plazo concreto y verificable”, añaden.
A juicio de los firmantes, “se deben garantizar mecanismos que aseguren una justicia efectiva, que impida la impunidad de los agentes del Estado involucrados en estos crímenes alevosos, y medidas concretas de reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados y garantía de no repetición”.
“La ciudadanía tiene el derecho a manifestar su indignación”
De acuerdo a la evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las medidas en materia de DD.HH. pos estallido social está al debe. De hecho, solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 a dicha entidad, obtuvo una condena.
En cuanto a Carabineros, en estado “pendiente de cumplimiento” se encuentra la recomendación al ministerio del Interior, que está a cargo de Carabineros, de “ajustar al respeto de los derechos humanos el uso de agentes químicos (no lanzarlos al cuerpo y revisar su composición, asegurando que no provocará daño a la salud de las personas)” y el correcto uso de las escopetas antidisturbios (apego a los protocolos y los principios de proporcionalidad, gradualidad y necesidad)”.
“La indignación ciudadana, expresada en las manifestaciones de rechazo al actuar policial y al abierto amparo que muestra el Gobierno ante estos hechos, son el efecto de la desprotección y de la falta de garantías a la que está sometida la población”, sostienen.
“La exacerbación de este clima de violencia represiva, especialmente dura contra mujeres, jóvenes de sectores populares y pueblos originarios, es la que incuba y engendra la violencia social y sin una respuesta integral, eficaz y oportuna de las instituciones del Estado será insostenible cualquier llamado a confiar pasivamente en la acción de la justicia”, plantean.
En tal sentido, añaden que “la ciudadanía tiene el derecho a manifestar su indignación ante las arbitrariedades represivas que se siguen cometiendo con el aval del Gobierno, especialmente ante el riesgo de que queden en la impunidad. La coacción violenta de esta facultad es la principal causa del ambiente de enfrentamiento que se vive en las calles de nuestro país”.
“Tenemos la esperanza de que en Chile prevalecerá el camino hacia una justicia eficaz y oportuna, que permita que nuestra democracia se fortalezca a partir del pleno respeto a los derechos humanos”, finalizan.
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