por María Soledad Alonso Baeza 15 febrero, 2023
Hace tiempo que los municipios están en la mira de las autoridades y de la opinión pública chilena. La mayoría de los casos conocidos dicen relación con la opacidad con que se manejan los recursos públicos –y la falta de fiscalización y de rendición de cuentas– existiendo varios ex ediles y funcionarios públicos formalizados por graves delitos como lavado de activos, cohecho, fraude al fisco, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, distracción indebida, etc.
Así, en el “caso luminarias” la empresa Itelecom, cuyo gerente general y socios se encuentran formalizados por haber supuestamente sobornado a varios funcionarios de distintos municipios del país con el fin de que favorecieran a la empresa en la licitación del recambio del alumbrado público a tecnología LED, siguen las indagatorias para dilucidar cuantas municipalidades están involucradas.
En la comuna de San Ramón, el exalcalde –a quien se le vincula con el narcotráfico– fue formalizado por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. El ex edil poseía una extensa red de influencias políticas y de negocios que utilizaba para su provecho. Entre los contratos municipales y las empresas de su círculo se encontraron licitaciones por más de $750 millones y una concesión de estacionamientos adjudicadas a sociedades en que participaba un sobrino y un exconcejal.
Las comunas “VIP” no se quedan atrás. En Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, la distracción de fondos públicos para beneficio personal es cuantiosa. Solo en Las Condes y Lo Barnechea se estima que se transfirieron más de $14 mil millones a entidades privadas –“Lo Barnechea Seguridad” y “Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Condes”– que compraban fuera del sistema de compras públicas. Y, en el caso de Vitacura, el exalcalde Torrealba y su círculo de confianza están formalizados por los delitos de fraude al fisco y asociación ilícita, debido a las irregularidades detectadas en los programas de desarrollo municipal –los programas Vita– que luego se descubrió que operaban como verdaderas cajas negras para beneficio personal o pagar favores políticos.
Los anteriores casos son solo algunos de los ejemplos de la falta de transparencia, rendición de cuentas y uso indebido de recursos fiscales.
Recientemente, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, está haciendo noticia por la compra vía directa de un inmueble con el fin –según lo declarado en sus redes sociales– de instalar una clínica pública. Pero tres concejales estuvieron en contra de la decisión acusando un sobreprecio. En efecto, el inmueble tiene un avalúo fiscal de $1.940 millones y la municipalidad pretende adquirirlo por $8.200 millones. Además, una concejala expresó que se citó a concejo municipal extraordinario, convocado a última hora y sin sesión de comisiones previa, según lo indica el reglamento.
Así las cosas, se denunció la situación a la Contraloría quien pidió antecedentes al Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago y ofició a la municipalidad ordenando que suspendiera la compraventa del inmueble mientras dure el procedimiento administrativo. Sin embargo, el CBR ya había rechazado la inscripción de la compraventa por razones formales y de fondo. La observación de fondo coincide con lo que reclaman los concejales, en el sentido que, a su juicio existe un sobreprecio. De hecho, anteriormente, la Sociedad Médica y Maternidad Sierra Bella había vendido en diciembre de 2022 el edificio en $2.080 millones a la Sociedad Inmobiliaria San Valentino y que la misma propiedad se había publicado en un portal inmobiliario por $3.347 millones. Sin embargo, la edil insistió en pagar un precio cuatro veces mayor esgrimiendo que las tasaciones encargadas por el municipio acreditaban el precio del lugar.
Más allá de lo que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y la Contraloría resuelvan en este caso puntual, lo que las autoridades municipales elegidas por los ciudadanos suelen olvidar con el paso del tiempo y, especialmente cuando se perpetúan en el poder, es que los municipios impactan directamente en la vida de los vecinos de cada comuna, quienes esperan una mejora en su calidad de vida, en salud, educación, recreación, atención a menores, seguridad, etc.
A raíz de lo anterior, la Contraloría dictaminó que las corporaciones municipales –aunque formadas bajo el derecho privado– han sido creadas para la satisfacción de determinadas necesidades de la comunidad local, por lo que estas ejercen una función pública. En este contexto, les aplican las normas sobre transparencia, probidad administrativa y ley de lobby.
Sin embargo, esto no ha sido suficiente y los programas de cumplimiento reales –eficientes y eficaces– escasean en las municipalidades que proveen de bienes y servicios a la ciudadanía.
En la práctica, faltan adecuados controles internos para prevenir los riesgos de comisión de delitos como la corrupción en general, la habilitación de canales de denuncia confidenciales y anónimos para los denunciantes, capacitaciones a los funcionarios, políticas y/o procedimientos internos de conflictos de interés, rendición de cuentas, actualización permanente en los sitios web de sus políticas y procedimientos, es decir, los pilares fundamentales de un programa de cumplimiento.
Los municipios administran recursos fiscales, por lo cual deben gestionar estos con transparencia y, especialmente, rendir cuenta a la ciudadanía de su gestión, puesto que solo así se romperá el círculo vicioso de la corrupción en estas entidades y disminuirá la desconfianza, y la falta de representatividad y legitimidad en las instituciones, todo lo cual conlleva el debilitamiento de la democracia.
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