Por: Talía Llanos Chacón | Publicado: 28.02.2023
General (r) Ricardo Martínez durante su cuenta pública | Foto: Agencia UNOEste 28 de febrero se cumple un año del documento que leyó el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, durante su cuenta pública, donde cuestionó los métodos utilizados en la dictadura y calificó de «inaceptable» que la institución no haya entregado los cuerpos de detenidos a sus familias.
Un 28 de febrero de 2022, se hizo público un documento elaborado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, que remeció la institución por una relectura de los hechos que ocurrieron a partir de septiembre de 1973.
Se trata de la “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, firmada por Martínez y actualmente disponible en la página we laseb d Fuerzas Armadas.
El texto fue leído como discurso durante su última cuenta pública, antes de renunciar al cargo tras ser citado a declarar en calidad de inculpado en el caso de fraude en el Ejército.
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La revisión histórica del general (r) Martínez
A lo largo del documento, Ricardo Martínez repasa diversos períodos e hitos del Ejército de Chile, en que reconoce distintas intervenciones militares en la política a lo largo de la historia, los que ha estado reñido con lo que él llama el ethos militar, cuyo manual fue redactado en 2017 y que está constituido por principios, virtudes y valores, y que funcionan como una “vara de medida de las actuaciones del hombre de armas”.
Bajo ese prisma, el excomandante en jefe hace una lectura de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura de Augusto Pinochet y los últimos casos de corrupción en las FF.AA.
En ella, es particularmente crítico con el actuar del general Sergio Arellano Stark, quien en su paso con la Caravana de la Muerte dejó una “huella de ejecuciones que afectó gravemente a la institución y que significó posteriormente que integrantes del Ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueran procesados y condenados”.
En ese contexto, también endilga responsabilidad al general Augusto Pinochet, justamente por la responsabilidad de haber nombrado al general Arellano Stark en ese cargo.
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“Los capitanes, tenientes o suboficiales no tenían otra posibilidad más que la de cumplir las órdenes de sus superiores bajo el normal apercibimiento de un eventual juzgamiento por Consejo de Guerra pudiendo hasta ser fusilados en el lugar de los acontecimientos”, justifica.
En el texto, Martínez tilda el crimen del general Prats como una “gran vergüenza institucional” y condena la aplicación de torturas a detenidos que no habían sido juzgados. “No se pueden violar derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura, la prohibición de ejecuciones sumarias, la no discriminación, y el respeto a los detenidos”, subraya.
“Es también inaceptable, que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias. Este aspecto, ha sido uno de los más determinantes en las imputaciones que se le hacen al Ejército, que hasta el día de hoy tienen los distintos organismos de derechos humanos”, reconoce el general en retiro.
Cuestionamiento desde el mundo de los DD.HH.
Tras la publicación del escrito, agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos a nivel nacional criticaron el análisis realizado por Martínez, cuestionando que no se condenara directamente el Golpe de Estado.
Según argumentaron en ese entonces, el objetivo del exuniformado era “justificar los crímenes cometidos por las órdenes impartidas por superiores, desconociendo que la acción del Ejército era parte de una política represiva que se desarrolló al amparo de la doctrina de la seguridad nacional, que no ha podido ser erradicada del ethos militar”.
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Considerando el contexto en que se reveló el informe “del comandante renunciado e imputado por fraude”, apuntando que “ha tenido que esperar las sentencias judiciales para tratar de exculpar sus responsabilidades históricas como cómplice pasivo”.
Señalaron también que “el Ejército no ha colaborado para establecer la verdad y hacer justicia, la impunidad está vigente, los archivos de la represión, en manos de la DINE, fueron quemados por funcionarios del Ejército”.
Fallo de la Corte Marcial
El 2 de marzo, Ricardo Martínez Menanteau renunció a su cargo como Comandante en Jefe del Ejército, días antes de su salida oficial. El militar había sido citado a declarar por la ministra en visita, Romy Rutherford, en calidad de inculpado en el marco de la investigación de fraude con los gastos reservados.
Tras una larga investigación, durante la que el general en retiro intentó evadir de diversas formas su entrega de testimonio, la Corte Marcial revocó el procesamiento de Martínez.
El tribunal castrense argumentó que, en el caso del retirado general, indagado en el contexto de la arista alusiva al uso irregular de dinero asignado para viajes oficiales, “no se encuentra acreditada la existencia y monto de los perjuicios respectivamente causados”.
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