El reciente ofrecimiento de parte del gobierno de Chile de residencia y nacionalidad a las y los nicaragüenses que fueron expatriados por la dictadura de Daniel Ortega (1), no solo nos debiera poner muy contentos a quienes pensamos que este tipo de medidas son fundamentales como gesto de solidaridad regional, sino también es clave para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en el país y el comienzo de una sangrienta historia de 17 años con Pinochet a la cabeza.
De ahí que este ofrecimiento a personas como Sofia Montenegro, Carlos Fernando Chamorro, Dora María Téllez. Sergio Ramírez y Giaconda Belli, quien aceptó la nacionalidad chilena (2), no solo dejan bien parado a Chile y al presidente Gabriel Boric, quien desde siempre ha mostrado una irrestricta defensa de la democracia y los derechos humanos, sea donde sea, sino también nos recuerda la dolorosa historia de miles de chilenas y chilenos que tuvieron que arrancar del país después de 1973.
Por lo mismo, este gesto con Nicaragua nos obliga a recordar cómo países como Argentina, Francia, México, Suecia, Venezuela, Canadá, entre muchos otros, recibieron a muchos compatriotas que tuvieron que dejar todo en Chile para poder salvar sus vidas y las de su familia, mientras se imponía un régimen del terror ilegítimo y antidemocrático, que no bastándole con la represión, impuso una constitución que nos rige hasta el día de hoy.
No obstante, la derecha chilena, a excepción de casos muy puntuales, no ha sido capaz de resaltar este gesto humanitario de parte del gobierno actual de Gabriel Boric, a pesar de que la dictadura de Ortega se define de izquierda y se supone que este sector es un fiel crítico de las violaciones a los derechos humanos en aquel país, y que por tanto supuestamente le preocupaban las víctimas de aquel gobierno.
En otras palabras, aparte de Iván Moreira (3), ningún otro político de derecha ha salido a respaldar hasta ahora la decisión del gobierno de Chile, lo que nos muestra no solo un oportunismo y un uso instrumental de los derechos humanos de su parte, como ha ocurrido no solo con la ultraderecha de José Antonio Kast, sino también con la llamada centroderecha, quienes tampoco han sido capaces de decir nada al respecto, a pesar de que en otros momentos, sobre todo en campaña, usaban la dictadura de Ortega para denostar a toda la izquierda en Chile.
Dicho esto, al parecer los derechos humanos para la derecha en Chile son un mero medio electoral, no un fin en sí mismo, lo que es un pésimo precedente y es muy preocupante, pensando en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado durante este año, en donde la presencia de una derecha democrática y liberal tiene que aparecer si de verdad queremos una sociedad más reconciliada.
Esto sumado al nuevo proceso constituyente en curso y la redacción de una nueva carta magna democráticamente, en donde la defensa de los derechos humanos debiera ser un piso mínimo de cualquier país, alejado de todo tipo de oportunismo y aprovechamiento político, no dando espacio a ningún tipo de relativización, como la derecha lo está haciendo.
En consecuencia, el discurso de la derecha contra la izquierda por su doble estándar en materia de derechos humano se cae a pedazos con esto, ya que demuestra que más que solidarizar con víctimas de dictaduras de izquierda, lo que le interesa finalmente es hacer un show mediático contra el gobierno.
Por otro lado, aunque mucho más minoritaria, también existe una izquierda en Chile que más que quedarse en silencio, como la derecha, explícitamente ha cuestionado la decisión del gobierno de Chile de residencia y nacionalidad a las y los nicaragüenses, apelando a que no se debe entrometer en situaciones internas de otros países, ya que le haría el juego al bloqueo y al intervencionismo de Estados Unidos en la región.
Es el caso del alcalde del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien fiel a su estilo personalista y parte de una izquierda caudillista, autoritaria, dogmática e incapaz de verse a sí misma, señaló que prefiere no manifestarse con lo que ocurre en otros países y le recomendaría al gobierno que se preocupara mejor de lo que pasa en Chile (4).
Con ese argumento tan básico, habría que no opinar ni hacer nada tampoco con lo ocurrido con la ocupación ilegal del Estado de Israel en Palestina por ejemplo, pero dudo que Jadue esté de acuerdo en ese caso, lo que evidencia que al igual que la derecha, los derechos humanos para él son cuando convienen y se ajustan a sus marcos ideológicos.
Por suerte, el Partido Comunista de Chile es mucho más que Jadue, ya que ha respaldado la decisión del presidente Boric sobre Nicaragua (5), mostrando un importante avance en materia de derechos humanos con respecto a gobiernos de izquierda de la región, que aunque la derecha no lo reconozca nunca, esta vez estuvo a la altura, a diferencia de ellos.
Por Andrés Kogan Valderrama
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