Tras decisión de Sergio Muñoz de no asumir coordinación de causas de DD.HH.

Mireya García: “El ministro le iba a poner una impronta distinta a lo que ha sido el trabajo de los jueces en materia de DD.HH.”

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos lamentó profundamente el anuncio hecho por el ministro Sergio Muñoz y criticó lo que ha sido la labor de los magistrados. "Hay jueces que han estado durante muchos años con causas, que han avanzado prácticamente nada y que en definitiva a lo que estamos llegando es a un estado de impunidad", aseguró.

por El Mostrador

“El ministro Muñoz le iba a poner una impronta distinta a lo que ha sido el trabajo de los jueces en términos de lo que te señalaba antes. Yo creo que él iba a ponerle un ritmo a las investigaciones, un profesionalismo y todos los recursos y apoyos necesarios para que efectivamente se avanzara significativamente en la búsqueda de la verdad y la justicia”, señaló este viernes Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Esto después de que se diera a conocer la decisión del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respecto a la coordinación nacional de causas de derechos humanos por, según argumentó, discrepancias con otros miembros del pleno del máximo tribunal del país.
Ante este panorama, García lamentó profundamente el anuncio y argumentó que, a su parecer, las discrepancias con los otros jueces tendrían que ver con “miradas diametralmente opuesta en relación a los tiempos, a la eficacia, a la eficiencia y a los resultados de las investigaciones de procesos por violaciones a los derechos humanos”, según dijo en entrevista con CNN Chile.
En ese sentido, la representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos fue enfática en sacar a colación la deuda pendiente que tiene la justicia chilena con la resolución de casos de violaciones a los derechos humanos. “Han pasado 40 años y los jueces a estas alturas no solamente deberían haber sido evaluados, deberían haber sido cuestionados porque este país ha esperado por 40 años una respuesta de la justicia que ha llegado muy parcialmente y muy tibiamente. Por lo tanto, lo que correspondía en este momento (…) era ponerle más voluntad, más profesionalismo, más recursos, más apoyo e iniciar una etapa donde de verdad, sin tiempos predefinidos, se pudiera avanzar significativamente en los resultados que este país ha esperado por 40 años”, explicó.
Por el contrario, en la entrevista indicó que “hay jueces que han estado durante muchos años con causas, que han avanzado prácticamente nada y que se han acostumbrado a un ritmo donde en definitiva finalmente a lo que estamos llegando –y es ahí donde los jueces están absolutamente expuestos a ser evaluados– es a un estado de impunidad porque el violador de derechos humanos o ya no está, o tiene problemas graves de salud mental, o cualquier situación que con el paso de los años va ir siendo más crítica”.
Asimismo, echó luces sobre la deuda particular que a su parecer tendría  la Corte Suprema con esta materia. “La Corte Suprema así como nunca ha tomado la decisión de sentarse frente a una cámara, hablarle al país y señalarle cuál fue su rol en dictadura y cuál es el que debe ser en democracia, ha quedado siempre expuesta a una situación de poca claridad respecto a lo que es y a lo que fue su relación con las violaciones a los derechos humanos, donde el Poder Judicial, uno de los poderes que persistió y subsistió con algún grado de independencia, fue absolutamente ajeno a los requerimientos de los familiares en términos de salvar vidas y de iniciar procesos judiciales que llevaran la sanción a los responsables”, explicó.
En tanto, aseguró que el sistema judicial ha favorecido a violadores de los derechos humanos con beneficios como “la prescripción, como la media prescripción, como la salida a través de sistemas administrativos, etc.”, y que han derivado en “una suerte de impunidad legal que empieza a ser como normal, como parte de la dinámica judicial”. Sin embargo, recalcó que “no es normal que los violadores a los derechos humanos tengan derecho a acceder a beneficios a los cuales la población penal común y corriente de este país tiene muchas dificultades para acceder”.