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sábado, 18 de junio de 2016

DERECHOS HUMANOS

Ex presos políticos: El eterno ayuno de los invisibles

Yasna Mussa Viernes 17 de junio 2016 11:50 hrs.
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En casi tres décadas, Chile ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tiene apellidos rimbombantes, no es parte de cúpulas políticas ni tampoco pertenece a los llamados “casos emblemáticos”.
Esta historia comenzó hace 26 años. Cuando se prometió democracia, justicia y una alegría que tuvo forma de arco iris y entusiasmó a un país completo.
El día en que terminó la dictadura, las miles de víctimas, pensaron que comenzaba un nuevo camino hacia la reparación y el reconocimiento del sufrimiento vivido. Un trabajo que debía defender y ejecutar el Estado, como garante de derechos civiles.
En estas casi tres décadas Chile ha suscrito y ratificado pactos internacionales en materia de reparación, y  ha exportado un discurso sobre Derechos Humanos que, para los ex presos políticos, sólo se ha quedado en la retórica y mantiene una deuda con esa parte de las víctimas que no tienen apellidos rimbombantes, ni son partes de cúpulas políticas, ni tampoco pertenecen a los llamados “casos emblemáticos”.
A esa gran mayoría de invisibilizados pertenecen seis personas que este viernes cumplen 61 días en huelga de hambre. 60 noches yéndose a la cama con el estómago vacío y 61 mañanas en ayuna.  Un vacío que consume kilos y ánimos de quienes esperan algo más que pensiones que no permiten una vida digna en un país donde todos los servicios básicos están privatizados.
Carlos Valero fue militante del Partido Socialista y aunque no conocía a los otros cinco huelguistas, se sumó como en un gesto instintivo a lo que considera una lucha justa y necesaria. “Si estamos haciendo este movimiento es porque el Estado nos tiene en una situación casi similar a la que estamos viviendo aquí, pero en el exterior. Con esas pensiones de miseria somos indigentes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es consecuencia de las políticas que nos han impuesto para tenernos en la miseria”, dice Valero.
Una miseria que José Ortega, Orlando Vásquez, María Eugenia Briones, José Miguel Sánchez y René Ulloa tampoco están dispuestos  a aceptar.

60 noches y 61 días

En el segundo piso de  una casona perteneciente a la sede de la Central Unitaria de Jubilados, Pensionados y Montepiadas de Chile, frente a la plaza Brasil, se instalan 6 colchones, tres por cada lado en ese espacio donde los huelguistas han aprendido a conocerse, compartir experiencias y también más de un estado gripal. Los une un pasado doloroso, la impunidad presente y la profunda convicción de ganar esta nueva batalla. Mantienen el ánimo y la moral en alto a punta de pequeñas distracciones:  René Ulloa aprovecha el tiempo haciendo pequeños mandalas que su hija de 13 años le enseñó a tejer. Orlando Vásquez completa algunos puzzles. Todos, reciben cada día la visita de distintos grupos que pasan a entregarles fuerza y palabras de apoyo.
La mañana del día 60, un grupo de estudiantes de primer año de Pedagogía en Música de la Universidad de Humanismo Cristiano quiso pasar a conocerlos y expresar su respaldo. Los jóvenes, querían entender de primera fuente qué impulsaba a estas personas, que bien podrían ser sus padres, a llevar una protesta tan extrema. Al terminar el intercambio, Bastian, uno de los estudiantes, sacó la guitarra e interpretó algunos temas  dedicados a los huelguistas.  Y es que en ese espacio que los acoge, la emoción nunca está ausente. Ante las decenas de visitas, cada día se vuelve más difícil relatar los detalles de sus experiencias tras las rejas y bajo tortura. Este nuevo encierro también es obligatorio, pues los mueve el deber de no conformarse ante un trato que los instala como ciudadanos de tercera categoría.
“Tengo secuelas de las torturas que sufrí en tiempos de dictadura. Perdí un testículo, quedé con cefalea en primer grado y mi familia destruida al máximo. Mi casa fue vigilada durante dos meses y esos aparatos entraban a la hora que querían. Mi familia quedó con secuelas psicológicas”, dice Orlando Vásquez, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Para Vásquez, su situación tiene un solo responsable: “El Estado le tiró un manto de impunidad a los torturadores, a los asesinos, violadores de los derechos humanos, de 50 años de impunidad. Además, una pensión digna de arriba de un millón de pesos, a cada aparato represor de este país”. El huelguista, subraya la importancia de mantenerse firme en esa acción y asegura que continuarán “hasta las últimas consecuencias”. ”Aquí el Estado tendrá que asumir el costo si algún compañero, o yo mismo, dejamos de existir, ya que el Gobierno se ha burlado del tema de los Derechos Humanos”, denuncia Vásquez.
Todos concuerdan en que esa burla también está expresada en el artículo 15 de la ley 19.992 impuesta por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que impide el acceso público durante 50 años a los documentos, testimonios y antecedentes que identifican a los responsables de los vejámenes de la Dictadura.
Aunque las circunstancias son diversas y las consecuencias también, hay una reparación general que aún está pendiente.
José Ortega, conoce de cerca las dramáticas historias de otros que, como él, sufrieron del terrorismo de Estado que se impuso bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Como presidente de la Agrupación de ex presos políticos de La Pintana se ofreció como voluntario para asumir el ayuno de protesta.
“En La Pintana hay muchos compañeros que tienen secuelas, que fueron víctimas de prisión política y tortura. Hoy día a raíz de esas secuelas muchos están inmovilizados, con quebraduras de pierna que nunca han sido tratados, algunos les extirparon los testículos, otros sin dedos en sus manos, otros están postrados e incluso algunosi en la indigencia. El Estado no ha respondido. Han pasado 26 años y el Estado ha hecho oídos sordos con el tema de reparación a los ex presos políticos”, dice Ortega.
Por el momento los ex presos políticos están esperando un gesto del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Un gesto que no se base en mesas de trabajo que no conducen a nada más que a plazos que no se cumplen.  Entre los cinco punto de sus demandas se encuentra fijar una pensión digna, muy distinta de los cerca de 160 mil pesos mensuales que reciben actualmente.
Cada mañana un equipo médico del Ministerio de Salud se acerca hasta la sede frente a la plaza Brasil y comprueba el estado diario de los huelguistas. La mayoría ha perdido más de 10 kilos en estos largos 61 días y 60 noches. Sólo de miércoles a jueves, José Ortega perdió 700 gramos. No consumen nada más que líquidos y algunos medicamentos de los que dependen. Todos concuerdan en que llegarán hasta las últimas consecuencias y, de ser necesario, seguirán perdiendo kilos. La dignidad, jamás.

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