10/03/2017 |
Por Felipe Reyes
La institución tiene cinco días hábiles para determinar si entrega los nombres. Organizaciones de DD.HH. evalúan una posible negativa.
La situación se ha vuelto sumamente controversial, pues se trata de una solicitud que busca esclarecer alguno de los elementos más oscuros de los tiempos de la dictadura chilena y que se relaciona directamente con uno de los aparatos de mayor tradición en la historia republicana.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el alegato del Consejo para la Transparencia en contra del Ejército, obligándolo a entregar los antecedentes de 32 exagentes del organismo represivo de la dictadura Central Nacional de Informaciones (CNI). Lo significativo es que se trataría de personas que siguen activos en la institución armada.
El reclamo
En junio del 2016 el abogado de derechos humanos Cristian Cruz solicitó, invocando la ley de transparencia, la identidad de los 32 exagentes. La información que existe al respecto es que habrían sido transferidos a otras funciones una vez iniciado el gobierno democrático de Patricio Aylwin, permaneciendo en servicio activo en el Ejército hasta el día de hoy.
La institución castrense se había negado a entregar los datos, sin embargo la abogada del Consejo para la Transparencia Andrea Ruiz Rosas alegó que estos 32 exagentes son funcionarios que actualmente prestan servicio en el Ejército, por ende, son funcionarios públicos.
Por tanto el Consejo considera que "la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa es más reducida que la del resto de las personas que se encuentran en situación diversa, en virtud, precisamente, de las funciones que aquéllos ejercen", argumentó.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones, al momento de fallar a favor del requerimiento profundizó indicando que en "los órganos del Estado rige el principio de transparencia y de máxima divulgación, excluyendo sólo aquello que está sujeto a las excepciones constitucionales o legales, condición que no reúne la información requerida, en los términos que se ha hecho valer, por cuanto está referida a un acto administrativo que goza de publicidad, condición que también reúne la información acerca de la condición de funcionarios públicos de las personas que en él se citan", indicaron.
A la fecha el Ejército solamente ha entregado información parcial e incompleta, por lo que la exigencia de ser transparente y completar los datos solicitados ahora solamente es cuestión de tiempo.
Reflexiones
Para profundizar en la instancia conversamos con el abogado de derechos humanos Héctor Salazar quien comentó la situación.
"Esta situación sirve para dejar en claro, una vez más, que en materia relacionada con los derechos humanos, el accionar colaborativo de las Fuerzas Armadas es más declarativa que efectiva. Al ser un órgano del Estado tiene la obligación de entregar la información solicitada por los cuerpos investigativos, y después se resolverá y si se trata de información relevante o no", explica el abogado.
"El hecho es negarse a entregar cualquier tipo de información, bajo la base de tratarse de elementos constitutivos de seguridad interna. Más aún cuando estos requerimientos se relacionan con las investigaciones de delitos graves. Espero que en esta oportunidad se cumpla la exigencia y que el Ejército entregue la información por el bien de la investigación", apuntó.
"En la medida que se presenten investigaciones judiciales correspondientes, se deberá evaluar la necesidad de solicitar información semejante en los otros cuerpos de las Fuerzas Armadas, aunque de momento desconozco si existen solicitudes de este tipo. En este tiempo la información relacionada que ha entregado Fuerzas Armadas ha sido extraída con fórceps, de modo que mis expectativas son relativas. Pero se debe decir que la ruta es la adecuada: utilizar los mecanismos legales para solicitar la información correspondiente", concluyó Salazar.
Por su parte, uno de los estrechamente relacionados con la solicitud de entrega de información es el abogado Cristián Cruz. Conversamos con él para saber sus expectativas.
"Los que nos queda actualmente es esperar cuál será la estrategia que el Ejército tomará. Pero la resolución de la Corte de Apelaciones les conmina a entregar los nombres de los exagentes de la CNI que actualmente continúan trabajando al interior del Ejército", explicó el abogado.
"Esperamos que nos entreguen las dependencias en donde se encuentran trabajando estas personas. Ellos tienen cinco días hábiles en donde tenemos que esperar para que nos dejen en claro cuál será su estrategia. Ellos podrían cumplir o recurrir, pero son realmente ellos los que deberán tomar la determinación", señaló Cruz.
"Además resulta ser bastante claro que la definición de la Corte dejó en evidencia que el Ejército no tenía las facultades para ejecutar en este caso. Pues ellos están actuando en nombre de los exCNI, que lo vuelve algo realmente impresentable. Esta petición busca esclarecer por qué el Ejército tiene contratados en sus filas a estos funcionarios, tomando en consideración que los tiempos actuales no dejan espacio a este tipo de situaciones", finaliza el abogado.
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