El fin de la autonomía militar
por Eduardo Santos Muñoz 28 mayo, 2021
La elección de los integrantes de la Convención Constitucional que reemplazará la Constitución de la Dictadura y la inédita interpelación parlamentaria al ministro de Defensa, señor Baldo Prokurica, respecto de la participación de la Fuerza Militar en actividades de orden público, de espionaje a periodistas y a una jueza y por la difusión de comunicados eventualmente deliberativos, son fuertes señales que marcan el término de la política de “en la medida de lo posible” y el inicio de la tarea de ponerle el cascabel al gato para terminar con la autonomía militar y devolver a los militares a una cultura republicana, restableciendo la real autoridad y mando presidencial e incorporando fuertes facultades parlamentarias para un efectivo equilibrio de poderes.
En el escenario de la Guerra Fría la Constitución de 1980 impuso un cerrojo ideológico a una Democracia Protegida, que para resguardar la Seguridad Nacional restringiera la soberanía popular bajo la tutela militar. Con este objeto se construyó una capciosa dependencia política de la Fuerza Militar, ubicándola en el Capítulo XI de la Constitución y en su Capítulo XII referido al Consejo de Seguridad Nacional, al mismo nivel jerárquico que otras instituciones autónomas tales como Gobierno, Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Tribunal Constitucional y Banco Central; además de incorporar otros enclavamientos autoritarios, como los senadores designados y el sistema electoral binominal.
El resultado de este diseño institucional ha sido un baile de máscaras, donde las autoridades políticas hacen como que mandan y los militares como que obedecen, pues la permanencia de esta Constitución, aunque maquillada en 2005, ha seguido permitiendo que la gran autonomía militar remanente ampare privilegios inaceptables a través del abuso de un extendido secreto militar, facilitando conductas como las examinadas por el Congreso y el descontrol interno observado en casos de corrupción, además de avalar implícitamente a los poderes fácticos para proteger sus intereses, dificultando la construcción de una sociedad más justa, humana y fraterna que sustituya este sistema económico del abuso, consistente con su modelo ideológico.
En este ambiente los militares no han estado solos, pues nuestras autoridades y principalmente algunos ministros de Defensa se han contagiado con el “Síndrome de Estocolmo”, con una actitud complaciente que se ha traducido en que, para mantener este equilibrio inestable, adoptaran una postura de “prudencia” para no afectar la sensibilidad militar y se allanaran a financiar un monstruoso programa de compras de armas de 13 mil millones de dólares a la fecha, destinado a congraciar a los militares según una doctrina inconsistente con las prioridades sociales y con un escenario internacional que evoluciona de la guerra a la crisis, donde Chile no enfrenta amenazas en un futuro evaluable, pero sí riesgos, y en el cual la defensa es una construcción colectiva.
La historia nos enseña que el éxito del pasado es el origen de la derrota del futuro, para lo cual deberemos superar la obsoleta doctrina militar del siglo XIX, para operar en el siglo XXI con tecnología del siglo XX, que sigue desarrollando nuestra Fuerza Militar mediante nuevos proyectos de compras de sistemas de armas, innecesarios e infinanciables, y que muestra que parece que siguen viviendo en otro Chile que ya no existe. Por esta razón, es imprescindible sustituir la actual postura de disuasión, basada en la amenaza de represalias a través de grandes capacidades militares incompatibles con nuestras políticas exterior y de defensa, por una nueva postura estratégica financiable de cooperación y legítima defensa, que aproveche los dividendos de la paz que surgen de los recientes acuerdos con nuestros vecinos.
Para comenzar con la restauración militar propuesta, deberemos impulsar iniciativas señeras, como por ejemplo, ordenando el inmediato retorno de las oficinas permanentes de los comandantes en Jefe al edificio del Ministerio de Defensa y tramitando la modificación legal de la fórmula establecida en la Ley N°10.544 para el juramento “por Dios y por esta Bandera” que debe cumplir la Fuerza Militar, incorporando “jurar o prometer cumplir fielmente la Constitución y la ley”, de modo que la cercanía con las autoridades políticas y este nuevo compromiso de vida faciliten construir confianzas y permitan que civiles y militares –juntos– iniciemos el camino hacia un nuevo futuro común del que todos podamos volver a sentirnos orgullosos, para, a continuación, hacer efectivo el liderazgo político incorporando en la Nueva Constitución lo siguiente: “Son atribuciones especiales del Presidente de la República: … Ejercer la Jefatura Suprema de la Fuerza Militar en tiempos de paz, crisis externa o estado de guerra”.
En este escenario, la Nueva Constitución permitirá emprender un largo proceso legal y político de muchos años de trabajo para deshacer estos enclavamientos y terminar con una cultura de autonomía, para lo cual es imprescindible que nuestras autoridades políticas asuman su responsabilidad, despertando de su actual letargo complaciente, para con voluntad empezar a ejercer sin miedo las nuevas atribuciones que se dispongan. La democracia es más fuerte.
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