La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte, en 1974, de José Tohá, ex ministro de Interior y Defensa del gobierno de la Unidad Popular, atribuida por la Dictadura en ese momento, a un “suicidio”.
Se abre así la indagatoria -cerrada a fines del año pasado- al estimar la Justicia que aún restan diligencias que “aparecen como pertinentes y sustanciales”, según el fallo al que tuvo acceso la agencia AFP. Así, estas nuevas diligencias serán clave para determinar la verdadera forma en que murió Tohá.
Recordemos que la justicia ya logró determinar que el ex ministro fue asesinado y no se suicidó. El 10 de diciembre de 2010 el cuerpo de Tohá fue exhumado en medio de investigaciones para esclarecer la muerte de varias personalidades durante la dictadura, como Pablo Neruda -fallecido a los pocos días del derrocamiento de Allende- y el ex presidente Eduardo Frei, muerto tras una operación de rutina en 1982.
Tras los análisis, dos informes forenses, uno elaborado por el Servicio Médico Legal y el otro por la Universidad de Chile, lograron determinar que el deceso de Tohá “es atribuible a terceros”, abriendo con ello una investigación a más de cuatro décadas de ocurrido el crimen.
José Tohá fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el palacio de La Moneda y trasladado a la Escuela Militar. Posteriormente, fue enviado a isla Dawson. Debido a las torturas sufridas, fue internado en el Hospital Militar de Santiago, donde murió en marzo de 1974. Su familia siempre afirmó que se encontraba tan débil que era imposible que hubiera atentado contra su vida, como señaló la versión oficial difundida en ese entonces.
En la resolución conocida este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una serie de pesquisas para determinar quiénes y cómo dirigían el Hospital Militar en la época en la que estuvo internado Tohá.
Finalmente, señalar que en el caso de José Tohá ya existe un precedente judicial. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a dos ex oficiales de la Fuerza Aérea, Ramón Cáceres Jorquera y Sergio Contreras Mejías, por su responsabilidad en el delito de aplicación de tormentos reiterados en contra del ex ministro del Presidente Salvador Allende.
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