Por: Carlos Eduardo Mena Keymer | Publicado: 07.04.2022
En este poco difundido último documento del Ejército, se asigna y reconocen responsabilidades de los militares en violaciones a los derechos humanos de una manera bastante inédita.
El Ejército ha publicado recientemente un informe denominado “Reflexiones sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos cincuenta años y sus efectos en el ethos militar». Tal vez por las circunstancias que han afectado al ex comandante en jefe, no se le ha dado la necesaria relevancia e importancia que este texto tiene. Es por ello que me permito hacer algunas reflexiones que pueden contribuir al debate sobre el mismo.
En este documento, se asigna y reconocen responsabilidades de los militares en violaciones a los derechos humanos de una manera bastante inédita.
Concretamente, expresa que “en el asesinato del general Schneider hubo participación de civiles y militares en servicio activo y/o retiro que habían contado con el apoyo de la CIA”. Describe las actuaciones de la llamada “Caravana de la Muerte” especificando que “las acciones del general Arellano fueron absolutamente actuaciones reñidas con el correcto ejemplo de amor a la patria y el Ejército”, agregándose que es reprochable que los detenidos hayan sido torturados y, aún más, que hayan sido ejecutados sin que existiera un debido proceso judicial. Se condena la tortura y se considera «inaceptable que no se hayan entregado los cuerpos a sus familias en todos los casos para que pudieran ser sepultados según sus creencias”.
Como conclusión el texto señala: “Podemos establecer que el ethos militar fue afectado severamente cuando se violaron los derechos humanos en cumplimiento de las órdenes debido a que se dañó gravemente la confianza de los ciudadanos en el Ejército dentro de las estructuras de la institución, ya que se funda en que quien da las órdenes debe hacerse responsable de las consecuencias de su cumplimiento. En ello descansa la base de la disciplina militar que es el factor clave e imprescindible de toda fuerza militar”.
Nos parece particularmente interesante, para efectos de lo que queremos comentar en estas líneas, lo abordado en los primeros párrafos de este documento, donde se contienen una serie de premisas básicas que se designa como el “marco teórico”.
En este se sostiene que “la ética inspira la doctrina y es el pilar esencial de la institución castrense, considerando que el espíritu general de la institución debe armonizarse con las conductas específicas de sus miembros; que son individuos dotados de libre albedrío (…) el problema que ocurre en la modernidad es la discordancia que se puede producir entre los valores considerados como ideales de la organización, respecto los valores de las personas, ya que el fin y al cabo, hay valores que son personales”.
Ante estos planteamientos, quisiéramos hacer un par de consideraciones. La ética del Ejército, siendo una organización con cierta identidad, es una ética de las organizaciones, respecto a lo cual resulta importante distinguir entre lo que algunos autores, como la filósofa española Adela Cortina, han denominado las “éticas de máxima” vs. las “éticas de mínima”.
Después de las guerras de religión en Europa en el siglo XVI, se valoró la necesidad del pluralismo estableciendo dicha distinción, según la cual, las “éticas de máxima” están constituidas por concepciones religiosas, filosóficas o agnósticas que cada persona tiene. En una sociedad plural, estas éticas no se pueden imponer, a riesgo de caer en integrismos religiosos o de otra naturaleza. Se puede dar testimonio de ellas, se puede convocar, pero jamás imponer.
Pero las implicancias de las éticas máximas no pueden llevar a que en una sociedad plural no existan valores comunes. Muy por el contrario: las organizaciones que forman parte de la sociedad deben tener valores comunes consensuados, que se expresan en las llamadas “éticas de mínimas” que, precisamente, están constituidas por un conjunto de valores que se expresan en conductas y comportamientos que las organizaciones deben compartir independientemente de las “éticas de máximo” que cada uno pueda eventualmente asumir.
Esta es la concepción pluralista y democrática de la ética que debe corresponder a una institución como el Ejército. Es una ética preventiva, en el sentido de que la reflexión sobre lo bueno y lo malo se hace antes de que ocurran los acontecimientos, lo que muchas veces no ocurrió, por ejemplo, con el Holocausto o los crímenes de Stalin.
En una sociedad en que las diferentes instituciones (y por cierto el Ejército) deben tener como fundamentos centrales de su funcionamiento los derechos humanos y la democracia, es imprescindible y necesario que el Ejército como organización e institución defina los valores consensuados que formarían parte de su “ética mínima”, la que debe traducirse en conductas y comportamientos concretos. Estos deben incluir el respeto de los derechos humanos en todas sus dimensiones, en todos los contextos y cualesquiera sean las circunstancias en que el Ejército se despliega. En este sentido, nos parece que los contenidos e implicancias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos deben constituir lo esencial de la “ética mínima” de dicha institución, sin ambigüedad alguna.
Asimismo, los valores de la democracia también deberían formar parte esencial de esa “ética mínima” en el Ejército. La democracia debe entenderse no solamente como un mecanismo para asignar el poder, sino que, de manera muy importante, como una manera de convivir en sociedad a partir de valores tales como el pluralismo, la libertad, la igualdad, la no discriminación, y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Esto resultará aún más relevante en el actual contexto internacional, a propósito de la guerra de Ucrania, de la que surgirá una nueva arquitectura internacional, en que las coaliciones de países se construirán en torno al eje democracia versus autocracia.
Por otra parte, el Ejército debería considerar en su quehacer los entornos nuevos en los cuales se desenvuelve la vida humana. Tradicionalmente esta se ha desarrollado en entornos territoriales, constituido por Estados y países. La democracia como sistema político ha surgido en este entorno, al cual el ejército ha estado vinculado esencialmente.
Sin embargo, ha surgido una nueva dimensión que está constituida por las llamadas Tecnologías de la Información (TIC). La mayor parte de las actividades humanas y sociales pueden desarrollarse en este entorno, es decir, a distancia y en red. No estamos en un espacio únicamente de la información y la comunicación. El cambio es mucho más profundo porque hace posible diversas acciones y relaciones a distancia en red y en tiempo real o diferido. Las TIC otorgan poder a los seres humanos porque incrementan sus capacidades de acción y de relación.
Será necesario analizar a fondo la estructura del espacio y el tiempo en la cual se desarrolla la sociedad de la información. Esta difiere de las anteriores formas de sociedad, como por ejemplo de la industrial, no sólo porque en esta la información es base de la riqueza y de la vida social, sino que por el carácter diferente del espacio-tiempo que se da entre ambas.
Una vez aceptada la existencia del tercer entorno como cualquier espacio social, se plantea el problema del poder y sus elementos constitutivos básicos: consenso y coerción. La pregunta que surge entonces es qué rol jugará el Ejército en este nuevo ámbito que es transterritorial y que desborda la frontera tradicional de los Estados, y donde el lugar de nacimiento y de residencia no es el único relevante a la hora de actuar y mantener relaciones sociales. En este tercer entorno, surgen nuevas formas de poder que no están subordinadas al poder estatal. La lucha por el poder en este entorno no sucede solamente entre territorios, sino entre las redes, entre una férrea competencia entre las distintas redes sociales.
Esta nueva realidad plantea desafíos éticos nuevos de enorme magnitud para los Estados y los ejércitos, que el Ejército chileno debería considerar.
Abogado y cientista político. Académico. Fue funcionario del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dirigió el proyecto sobre gobernabilidad democrática de la CEPAL-PNUD. Fue secretario ejecutivo de los Ministerios de las Presidencias iberoamericanas.
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