Martes 2 de Agosto 2022
Nuestra Institución ha promovido desde su fundación, el establecimiento de una
sociedad democrática que se funde en el respeto y garantía de los derechos
humanos consagrados en las distintas fuentes del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
El contenido de la propuesta de Nueva Constitución que será plebiscitada el próximo
4 de septiembre, -elaborada por una Convención Constitucional elegida
democráticamente y dotada de plena legitimidad-, no hizo sino poner al día al
Estado de Chile en el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas
producto de la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos
humanos.
En efecto, el nuevo texto constitucional no hace sino aplicar el principio de Derecho
Internacional pacta sunt servanda (lo pactado obliga), y adecúa la principal Ley del
ordenamiento jurídico interno a la normativa internacional de Derechos Humanos a
la que Chile se encuentra obligado.
Los derechos humanos pasan a ser el eje articulador del texto constitucional, y su
respeto, debida protección y garantía, la columna vertebral del nuevo pacto social
que se propone. Se establece de manera transversal y obligatoria el que todos los
órganos y Poderes del Estado deben realizar su función con estricto apego al
respeto de los derechos humanos.
El texto recoge los estándares internacionales de derechos humanos en materia de
derechos laborales (derecho a huelga y negociación colectiva) y reconocimiento y
derechos de los pueblos originarios, según las disposiciones de los Convenios de
la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, suscritos y ratificados
por Chile. En materia de derechos sociales, no sólo los consagra formalmente sino
establece la obligación de respetarlos y garantizarlos, según lo prescrito en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, poniendo término al
Estado subsidiario y dando paso a un Estado Social y Democrático de Derecho.
Además, consagra el derecho humano al agua, enfrenta debidamente el cambio
climático estableciendo los derechos de la Naturaleza y su correspondiente
Defensoría, avanza sustancialmente en materia de igualdad de género y las
diversidades sexuales, resguarda debidamente los derechos de los adultos
mayores y de los niños, niñas y adolescentes, junto con adecuar su texto a la
Convención sobre Discapacidad.
Además, desconcentra el poder político, avanza hacia una efectiva
descentralización y establece mecanismos que garanticen la participación de la
ciudadana en la toma de decisiones, sentando las bases de una democracia
participativa.
Crea una nueva institucionalidad de Derechos Humanos, instituyendo la Defensoría
del Pueblo, dejando atrás al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el que se
encuentra en una crisis terminal.
Consagra el Derecho a la Memoria como un derecho humano y establece el deber
permanente del Estado de hacer verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición por las violaciones a los derechos humanos pasadas y futuras.
El nuevo texto constitucional propuesto, se hace cargo así de las demandas
mayoritarias expresadas durante el estallido social de octubre de 2019, a través de
legítimas protestas de la ciudadanía que hicieron posible el proceso constituyente
en curso.
En consecuencia, siendo los derechos humanos un mínimo ético civilizatorio, cuyo
respeto, debida protección y garantía deben ser la base fundante de toda
convivencia democrática, constituye un deber ético concurrir a las urnas y aprobar
el texto constitucional el próximo 4 de septiembre. No hacerlo, retrasará la urgente
paz social que el país mayoritariamente aspira, impedirá poner término a la
transición a la Democracia, y al mismo tiempo, significará que el Estado de Chile
seguirá incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos,
incurriendo en responsabilidad internacional.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 2 de agosto de 2022.-
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