por Mesa de noticias de El Mostrador 28 marzo, 2023
Crédito: Agencia Uno
El Gobierno respondió a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quién aseguró que Carabineros cometió violaciones a los derechos humanos durante las múltiples manifestaciones del estallido social de 2019 porque los funcionarios "no tenían la forma de defenderse".
El primero en referirse a las declaraciones de Matthei fue el Presidente Gabriel Boric, quien a través de Twitter manifestó que "las violaciones a los derechos humanos nunca tiene justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH.".
Por otro lado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que la alcaldesa de Providencia "ha cometido un error con esa frase", y que los derechos humanos se deben respetar siempre. Asimismo, apuntó que cuando los DD.HH. no se respetan, es cuando "son más débiles las policías".
"Ha cometido un error la alcaldesa con esa frase. La protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los derechos humanos. Es un grave error que no es nuevo, muchas veces hemos conocido de gente que cree que para proteger la seguridad nacional hay que debilitar los DD.HH. Hay gente que cree que para defender sus principios morales o religiosos hay que pasar por encima de los derechos humanos. Hay gente que piensa que para proteger su proyecto político hay que pasar por encima de los derechos humanos", declaró la secretaria de Estado.
"Pero quienes creen realmente en los DD.HH. saben que se deben respetar en toda circunstancia. Que no deben ser un límite; al contrario, ahí donde no se respetan los derechos humanos es donde son más débiles las policías, donde son más cuestionadas. Es donde están permanentemente frágiles en su legitimidad las policías", complementó.
Cabe recordar que las declaraciones de Matthei se dieron en medio de diversas consultas sobre que la institución tenga mayores libertades en el uso de armas, aunque aquello pudiera reflotar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. "Si hubo violaciones a los DD.HH. fue porque no tenían (Carabineros) la forma de defenderse", aseguró a TVN.
En vista de lo anterior, la titular de Interior concluyó que "yo le diría a la alcaldesa Matthei, salga de ahí, de ese lugar donde los derechos humanos se contraponen a otros principios. Vamos a ese lugar donde los derechos humanos se protegen siempre. Cuando nos conviene y cuando no nos conviene, cuando son de nuestros amigos y cuando son de nuestros adversarios. Cuando es funcional a nuestro proyecto y cuando es incómodo a nuestro proyecto. Esa es la única tierra verdadera de los derechos humanos".
Cámara de Diputados aprueba cinco proyectos en materia de seguridad
En medio de la extensa jornada que registró la Cámara de Diputadas y Diputados donde discutió y aprobó cinco proyectos de ley relacionados a la seguridad pública luego del asesinato de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares.
El primero de ellos, el proyecto de "antisicariato", el que sanciona con la pena de presidio menor en su grado máximo a quién conspirare para cometer sicariato, o sea, homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria o por cualquier otro medio que implique ánimo de lucro.
El segundo es el proyecto de ley que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión, flexibiliza las condiciones de intervención de Gendarmería como auxiliar de la investigación. Además, permite que Gendarmería acceda al Banco Unificado de Datos para el cumplimiento de función como custodio.
También se visó la iniciativa que amplía las facultades de control policial en materia de migraciones, establece una modificación en la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de hurto, robo y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos. Si una persona no puede acreditar el encontrarse en situación migratoria regular, el funcionario deberá trasladar al individuo para ponerlo a disposición de la PDI dentro del más breve plazo, el cual no podrá superar una hora, para corroborar su situación migratoria.
El funcionario policial deberá considerar como documentos válidos (para acreditar situación migratoria) su cédula de identidad vigente, el certificado otorgado por el Servicio Nacional de Migraciones, que consiste en que la persona realizó una solicitud de otorgamiento, cambio o prórroga de un permiso de residencia, o la resolución expedida por la autoridad migratoria en la que conste el otorgamiento de un permiso de residencia.
Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó que los proyectos aprobados "nos van a permitir perseguir y sancionar de mejor manera delitos gravamos que estamos viendo en nuestras ciudades, como el secuestro, el sicariato, la extorsión".
"Nos va a permitir que Gendarmería tenga más facultades para poder colaborar en las investigaciones penales, sancionar con más fuerza a que portan de manera irregular armas en lugares concurridos y es un proyecto que va a significar mecanismos más efectivos para fiscalizar la migración irregular", adicionó.
Tras la aprobación de las medidas, la titular de Interior indicó que "un día de trabajo intenso no va a resolver los desafíos que tenemos en materia de seguridad. Lo que necesitamos es tomar esto como una prueba de que podemos trabajar más y mejor, como una muestra de que si nos ponemos metas exigentes, podemos, en un plazo razonable, despachar proyectos que son muy importantes".
Horas antes, la Corporación aprobó por un amplio margen el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar las penas del delito de secuestro, iniciativa presentada el pasado 12 de diciembre por el Ejecutivo. La medida consiguió ser visada con 143 votos a favor, ninguno en contra ni abstención.
Luego, fue el turno de la iniciativa que busca endurecer la regulación de armas en el país, y que aumenta la pena del delito de porte de armamento en lugares altamente concurridos. El proyecto, que contaba con suma urgencia por parte del Gobierno, fue respaldado con 147 votos a favor, sin abstenciones ni votos negativos.
De esta forma, todas las iniciativas aprobadas antes mencionadas recaerán en el Senado, donde deberán continuar con su trámite legislativo para finalmente convertirse en ley.
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