El Congreso de Chile aprobó el pasado miércoles una ley que amplía las facultades de los cuerpos policíacos para hacer uso de las armas al enfrentar a la delincuencia. Conocida como “gatillo fácil”, la legislación fue promulgada de inmediato por el presidente Gabriel Boric. Si bien el gobierno de izquierda trabajó para borrar del proyecto original los aspectos más impresentables, se trata de una normativa que vulnera los derechos humanos al aumentar la arbitrariedad y facilitar los abusos por parte de los uniformados.
La administración de Boric se vio arrinconada para tramitar la ley impulsada por la oposición derechista debido al asesinato de dos carabineros en apenas 11 días, un hecho inusual en el país andino que encendió una ola de apoyo social a la policía y fue explotado por los sectores oligárquicos para golpear al gobierno estrenado hace un año. El mismo día que se aprobó la controversial medida, un tercer miembro de Carabineros fue víctima de un homicidio, y dos agentes sufrieron agresiones armadas, lo que contribuyó a reforzar la narrativa de que Chile se encuentra rebasado por la amenaza criminal.
Aunque sus índices delictivos siguen entre los más bajos de América Latina, cifras oficiales reconocen un incremento de 33.4 por ciento en los homicidios durante 2022 en comparación con el año anterior. Este auge de la violencia ha llevado a que 80 por ciento de los ciudadanos consideren la seguridad pública el principal problema nacional. Si bien es lógico y comprensible que los chilenos se hallen conmocionados por el reciente incremento en la criminalidad y que exijan a las autoridades soluciones a la problemática, el vuelco hacia el securitismo ha venido acompañado de una inquietante apelación al populismo penal, la mano dura sin reparar en derechos humanos y manifestaciones abiertamente profascistas, como el uso de la imagen del dictador Augusto Pinochet para llamar a un “orden” construido sobre la sangre de quienes expresaban cualquier disidencia a ese brutal régimen.
Tampoco puede olvidarse que el cuerpo de Carabineros ha sido un instrumento represivo, totalmente volcado a aplastar las demandas sociales y fungir como brazo armado de los grandes capitales desde que se sumaron al golpe de Estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Justamente el carácter autoritario y antidemocrático de este cuerpo policial fue uno de los catalizadores de las históricas protestas que pusieron en jaque al derechista Sebastián Piñera a lo largo de 2019, lograron la convocatoria a un proceso constituyente que dejara atrás la Carta Magna heredada de la dictadura y abrieron a Boric el camino al poder. De manera inversa, la exaltación del pinochetismo en las marchas a favor de Carabineros representa el último episodio de una trágica involución que ha dejado de lado las reivindicaciones de igualdad, derechos sociales o concreción de una democracia plena libre de las restricciones impuestas por el marco legal autoritario y signado por la ortodoxia neoliberal, para centrarse en un punitivismo que fácilmente deriva en posturas fascistoides.
Cabe esperar que el pueblo chileno dé con las vías para resolver su crisis de seguridad pública sin caer en tentaciones autoritarias y sin renunciar a la búsqueda de la justicia social.
Editorial de La Jornada
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