El
liderazgo de la Concertación debiera darle también explicaciones a sus
bases y al país respecto de porqué sus gobiernos nombraron, quisieron
nombrar o mantuvieron reiteradamente como representantes de Chile en el
exterior a miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en graves
violaciones de derechos humanos; no importándoles siquiera que ello
suscitara un bochorno internacional para nuestro país.
Así,
el gobierno de Frei Ruiz Tagle pretendió enviar a la Misión militar en
España a Jaime Lepe Orellana, que ¡había sido miembro de la Brigada
Mulchén, entidad de la DINA que se encargó del asesinato del funcionario
internacional chileno-español Carmelo Soria! Ante la oposición del
gobierno español, no pudo hacerlo (Ver Ascanio Cavallo.- La historia oculta de la transición;
Edit. Grijalbo, 1998; p.350). Luego, el funcionario socialista de la
Cancillería, Carlos Parker, reconoció en el agregado aéreo en España,
Héctor Barrientos, a quien lo había torturado en Isla Dawson, luego del
golpe. Pese a la conmoción producida, el gobierno de Frei lo mantuvo en
el cargo (Ver El País de España; 4-11-1997).
Por
otro lado, el gobierno de Frei intentó designar como agregado militar
en Ecuador a otro miembro de la Brigada Mulchén, Pablo Belmar. Sin
embargo, éste “no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese
país se sumó la firme postura del embajador Roberto Pizarro, quien
estuvo dispuesto a renunciar si asumía Belmar” (La Nación;
31-1-1996). Luego, Frei quiso nombrarlo en la Misión militar en El
Salvador. Ante ello, el propio presidente (¡del partido de extrema
derecha ARENA!) de ese país, Armando Calderón Sol, “confirmó las
declaraciones del canciller Ramón González Giner, en cuanto a que su
gobierno rechaza la llegada al país del militar chileno Pablo Belmar en
calidad de asesor de la Fuerza Armada salvadoreña por las acusaciones
que pesan en su contra sobre violaciones a los derechos humanos” (La Tercera; 17-2-1996).
Además,
respecto de El Salvador se añadía el hecho que “desde el 1 de julio de
1995” ocupaba el cargo de agregado militar de Chile en dicho país –y
como concurrente en Guatemala- “el brigadier George Willeke, implicado
en el caso Prats, en la reciente resolución de la jueza (argentina)
María Servini de Cubría” (La Nación; 31-1-1996). Todo esto
provocó que “el propio gobierno salvadoreño” hiciera trascender “su
malestar” y que además planteara su disposición “a cesar el acuerdo de
asesoría entre el Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas de El
Salvador, que data de 1991” (La Nación; 31-1-1996).
Incluso,
el gobierno de Frei ¡pretendió nominar a Miguel Krasnoff Marchenko como
agregado militar en Rusia!, lo que se vio frustrado por la natural
indignación suscitada en organismos de derechos humanos (Ver El Mercurio; 1-2-1996).
Más
revuelo provocó el caso del oficial chileno a cargo de la Misión de
Observadores de Naciones Unidas en la frontera indo-pakistaní, Sergio
Espinoza Davies, producto de la información de que “el general Espinoza
fue acusado recientemente por familiares de fusilados en Pisagua, de ser
uno de los miembros del Consejo de Guerra que el 29 de octubre de 1973
cambió una sentencia ya fallada para, bajo presión de mandos superiores,
redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del Partido
Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz,
Rodolfo Fuenzalida y José Sampson fueron fusilados en la madrugada del
día siguiente en el campo de prisioneros de Pisagua” (La Nación; 18-9-1998).
Y
pese a la presión de Naciones Unidas para que el gobierno chileno lo
retirara, éste prefirió que fuera la propia ONU quien tomara la decisión
de sacarlo de su cargo: “Según fuentes e informaciones extraoficiales
coincidentes, el Gobierno prefirió este camino –que conlleva el bochorno
internacional como lo planteó el Canciller José Miguel Insulza- a tener
que responder ante el Ejército por llamar a retiro al brigadier
general” (La Nación; 18-9-1998).
La
indiferencia gubernamental se expresó también en el nombramiento de
embajadores. Así, a comienzos de 1994 el flamante gobierno de Frei quiso
designar como su embajador en Suiza al funcionario Luis Winter Igualt,
quien se había desempeñado como Fiscal Naval de Valparaíso luego del
golpe de 1973. Winter, en octubre de 1977 –mientras se desempeñaba como
diplomático chileno en las Naciones Unidas en Ginebra- fue acusado por
la portavoz del “Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno” en Suiza,
la periodista Marie Tecklenburg-Bonnard, de haber ordenado torturar a
dos presos políticos chilenos: Jorge Escalante Hidalgo y Leopoldo Luna,
quienes testimoniaron al respecto ante la propia Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas (Ver El Mercurio de Valparaíso;
10-1-1981). Winter se despojó de su inmunidad y se querelló por
difamación contra Marie Tecklenburg ante la Justicia de Suiza. En enero
de 1981 ésta absolvió a la periodista suiza de los cargos de difamación y
condenó a Winter “a pagar las costas del proceso y una parte del pago
del abogado (1.000 francos suizos) de la acusada” (La Suisse; 10-1-1981).
Por
cierto, la comunidad chilena en Suiza se movilizó denodadamente para
impedir dicho nombramiento. Así, el gobierno suizo terminó solicitándole
al chileno que lo desechara. Ante una situación tan bochornosa, el
gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en lugar de retirarle su confianza, lo
designó Consul General en Houston. Posteriormente, bajo Lagos y
Bachelet, Winter llegaría a ostentar un alto cargo en la Cancillería
(Director de Políticas Especiales) y en 2007 ¡fue designado por Michelle
Bachelet como abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado!
Asimismo,
durante el gobierno de Lagos se denunció que el agregado militar en
España, Rodolfo Ortega Prado, había sido jefe de la CNI en Punta Arenas
entre 1986 y 1989; y que en 1988 se había asesinado allí a la joven
dirigente del PS, Susana Obando (Ver La Nación; 29-2-2004). Pese a
que altos dirigentes políticos españoles –de Izquierda Unida y de
Ezquerra Republicana de Cataluña- abogaron por su cese en el cargo, el
gobierno chileno lo mantuvo en él hasta el término de su período en
2005.
Quien
sí tuvo que ser alejado de su cargo de Cónsul General de Chile en
Honduras, fue el que dirigió como capitán de Ejército la represión en
San Fernando luego del golpe de 1973, dejando una estela de detenciones,
torturas y muertes: Ricardo Manríquez Pearson (Ver La Nación;
12-4-2004). Las protestas surgidas en Chile y el exterior fueron tan
fuertes, que el gobierno de Lagos se vió virtualmente obligado a ordenar
su retorno como diplomático, carrera a la cual había ingresado durante
la dictadura en 1979.
Estos
fueron los casos que llegaron a conocimiento público; pero con toda
probabilidad debe haber habido muchos más. De hecho, otros agregados
recibieron denuncias responsables de haber violado los derechos humanos
con posterioridad a sus destinaciones; como Juan Emilio Cheyre y Hernán
Gabrielli. Es decir, este era un tema que no solo dejaba indiferente a
los gobiernos de la Concertación desde una perspectiva ética y de
justicia, sino además desde el punto de vista del prestigio de nuestro
país en el exterior. Lo que quedaría con total evidencia luego de la
detención de Pinochet en Londres, hace quince años, en octubre de 1998…
No hay comentarios:
Publicar un comentario