Karen Alfaro Monsalve
Doctora en Historia Social y Política Contemporánea, Académica Universidad Austral de Chile
El perdón puede tener hoy distintas lecturas y traer diversos réditos políticos. Lo que está claro es que éste se constituye en un teatro, una puesta en escena más donde los asesinos manifiestan la vigencia de su poder.
Foto: Agencia Uno
El pasado viernes 23 de diciembre se desarrolló en Punta Peuco una ceremonia ecuménica privada donde diez asesinos de la dictadura militar se convocaron para pedir perdón. Participaron en esta instancia Raúl Iturriaga Neumann, Claudio Salazar Fuentes, Enrique Ruiz, Carlos Herrera, Basclay Zapata Reyes, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro, Miguel Estay Reino, José Zara y Manuel Carevic, todos ex agentes de la DINA y del Comando Conjunto, perpetradores de los asesinatos del llamado “Caso Lonquén” y de Carlos Prats, Tucapel Jiménez, José Manuel Parada, Santiago Nattino, Manuel Guerrero, entre otros crímenes de lesa humanidad. Esta instancia fue articulada (principalmente) por el padre jesuita Fernando Montes, reconocido por su cercanía con la presidenta Bachelet.
En una de las “Cartas del perdón” que se hizo pública, Basclay Zapata en una cita bíblica señalaba: “Pablo entraba a las casas arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba” (Hechos 8:3) “siendo la persecución de los cristianos legitimada por Pablo por ser un acto justo y legal”. Para Zapata este hecho podría ser comparable para él, con la persecución política y las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura militar. Y es que ahora los asesinos se elevan a la categoría de “apóstoles” y buscan expiar sus responsabilidades a partir de sus procesos de reconversión cristiana, convocando unilateralmente al perdón, entendido este como un acto retórico y performático que conduce a la máxima de la “reconciliación nacional”. No nos interesa entrar aquí a la discusión en torno a los “delirios místicos” de los asesinos, sino al momento político y las implicancias de este acontecimiento.
El perdón en rigor no es una categoría jurídica, por lo que al situarlo como elemento central de este acto, se busca desplazar el foco de la discusión desde el ámbito de las violaciones a los derechos humanos al plano de la moral cristiana y de la “justicia divina”. Así, a través del perdón público lo que se busca es “zafar” de la justicia efectiva. Si, en cambio (como señala Fernando Montes) este perdón es “sin pedir nada a cambio”, llama la atención que en ninguna de las cartas pública se observa con claridad signos de arrepentimiento o solicitudes de perdón a las víctimas. Eso está ausente. Se trata de cartas dirigidas a Dios y fundamentalmente a las familias de los victimarios.
De ahí que, la lectura de fondo es que en el ejercicio del perdón sigue operando una lógica de superioridad, es decir, una situación de poder aún vigente que permite que este ritual privado tenga impacto político, trascendiendo a Punta Peuco y a los mismos asesinos. Ellos se encuentran capitalizando un momento de crisis del pacto transicional, buscando aprovechar el saldo vigente de sus cuotas de poder que les permiten una negociación con la clase política. Es decir, lo que buscan es consagrar impunidad para ellos y para otros que aún no han sido juzgados.
Resulta difícil imaginar lo que es vivir con la culpa, con los recuerdos de la tortura, las violaciones y los asesinatos que cargan cada uno estos criminales de lesa humanidad. Es absolutamente comprensible que pidan perdón para poder convivir con su pasado. Pero en el plano del perdón, lo perdonable o lo imperdonable, es un ejercicio que corresponde a las víctimas y sobrevivientes de la dictadura, el convocar, otorgar o negar. Pero ni las iglesias, ni el gobierno, ni la clase política, pueden representar o suplantar sus voces en este acto. Tal como ha sido la lógica de la otrora Concertación a través de las diversas instancias de comisiones de verdad o mesas de dialogo, hoy la Nueva Mayoría actúa al margen de las organizaciones de DDHH y de la sociedad civil, privilegiando los acuerdos políticos por sobre la legitimidad y la altura moral que la incorporación de los organizaciones y luchadores por los DDHH, pudieran otorgar al debate y a la definición de políticas efectivas en esta materia.
Los crímenes de lesa humanidad se constituyen en un exceso en cuanto desbordan los límites de la comprensión humana, lo decible, lo racional y la medida de toda justicia. Por esta naturaleza son imprescriptibles. Es en este plano en el que nos corresponde pronunciarnos para exigir verdad y justicia, no sólo para los asesinos que están en Punta Peuco, sino que también para luchar por el esclarecimiento de todos los casos de violaciones a los derechos humanos, pujando para que se juzgue a los culpables y cómplices, varios de ellos hoy travestidos de demócratas e impunes.
El perdón puede tener hoy distintas lecturas y traer diversos réditos políticos. Lo que está claro es que éste se constituye en un teatro, una puesta en escena más donde los asesinos manifiestan la vigencia de su poder. De igual manera la llamada “reconciliación nacional”, se establece como una construcción discursiva que busca igualar víctimas y victimarios en torno a la unidad nacional. La dictadura al quebrar el cuerpo social de la nación, impide reencontrarnos. Por ello la restitución de éste cuerpo, sólo es factible en la medida que exista justicia efectiva y se reconstruya democráticamente la sociedad civil, lo que es impensado en la medida que la impunidad y los pactos de silencio, impidan conocer la verdad respecto a lo que ocurrió con los desaparecidos.
El poder del conservadurismo/religioso detrás del perdón de Punta Peuco, excede al plano de las violaciones a los derechos humanos en el pasado y se posiciona con representación en el Congreso Nacional, tomando definiciones políticas para marginar a los sujetos en el presente de diversos derechos sociales y políticos (impidiendo entre otras materias la existencia de derechos sexuales y reproductivos, consagrando el mercado en el sistema educativo y de salud, manteniendo el sistema de AFP, etc).
Las convocatorias a la “reconciliación nacional” que se han desarrollo en la postdictadura, fundamentalmente han intentado poner punto final o generar condiciones de normalización frente a las deudas vigentes en los casos de violaciones a los derechos humanos. Por eso cuando en un momento político como el presente, el pasado emerge como la fuga necesaria para no nombrar las violaciones a los derechos humanos que existen en la actualidad, y que configuran el telón de fondo frente al agotamiento del pacto transicional y del modelo neoliberal. Es decir, el perdón de los asesinos emerge en este momento político, como el manto oportuno para desviar la atención pública y de los organismos internacionales respecto a las responsabilidades que tiene el Estado de Chile en la violencia extrema contra los considerados en la actualidad “enemigos internos”. No podemos dejar de señalar los casos de asesinatos de trabajadores, muerte de niños/niñas y comuneros mapuches ocurridos bajo los gobiernos de la Concertación y hoy de la Nueva Mayoría. Situaciones de violencia estatal como las que mantienen en prisión a Lorenza Cayuhan y su hija Sayen; internado grave al el joven mapuche Brandon Hernández baleado por la espalda por fuerzas especiales de carabineros; y que mantienen en la actualidad en huelga de hambre, poniendo en riesgo vital, a la Machi Francisca Linconao.
Advertimos que este perdón de Punta Peuco pueda ser otro intento para engendrar el olvido y con ello consagrar la impunidad en estos crímenes de lesa humanidad. El perdón no hace justicia. Sólo en la medida que exista justicia efectiva podremos cerrar en parte la herida abierta en nuestra sociedad. No para olvidar, sino para construirnos como una sociedad sana. Para volver a mirarnos a la cara, sin la vergüenza de no saber a 43 años del golpe, donde están nuestros desaparecidos.
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