- 28 febrero 2019
Por María Cristina Prudant
En marzo se discutirá, en principio, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado el proyecto del gobierno “Ley Humanitaria”, enviado con urgencia, cuyo objetivo es redefinir los indultos presidenciales para que sean determinados por el Poder Judicial y también busca favorecer a los reos mayores de 75 años, con problemas de salud. Para muchos esta es una ley claramente para favorecer a los presos de Punta Peuco que han cometido crímenes de lesa humanidad.
Cabe recordar que Piñera, en los primeros 100 días de su gobierno indultó al coronel de Ejército (r) René Cardemil, aunque este falleció antes de conocer la noticia. Cardemil se convirtió en el primer reo del penal de Punta Peuco en ser indultado. Estaba condenado a 10 años por el homicidio de seis personas en el denominado caso Torres de San Borja y al momento de su muerte se encontraba en el Hospital Militar producto de un cáncer prostático con metástasis.
La decisión de Piñera de indultar a una persona que violó los derechos humanos causó la molestia de la oposición, mientras que desde el Ejecutivo señalaron que: "Nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental", precisó en su oportunidad el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El Gobierno ingresó el proyecto al Senado el 28 de diciembre, estando este recién en su primer trámite en la comisión de Derechos Humanos. A mediados de enero, la presidenta de instancia, Adriana Muñoz (PPD), envió consulta a la Corte Suprema ya que la iniciativa contiene normas que regulan el recurso de apelación, la cual aún está pendiente.
La senadora Adriana Muñoz explicó a Cambio21 que el proyecto de Ley Humanitaria llegó a la Comisión de Derechos Humanos con urgencia, pero fue enviado en consulta a la Corte Suprema “porque en nuestra opinión hay artículos que modifican la figura de la apelación y eso según jurisprudencia de la propia Corte Suprema es materia de Ley Orgánica. Entonces, mandamos la consulta y una vez que responda la Corte Suprema vamos a empezar a tramitar este proyecto que el gobierno lo ha enviado con urgencia”.
Ley con nombre y apellido: Punta Peuco
De acuerdo a lo señalado por la senadora en su opinión “esto viene a tratar de modificar lo que ya aprobó el Senado, que incluso se pronunció el Tribunal Constitucional en relación a los requisitos que se establecen para la libertad condicional. El Tribunal rechazó uno de los requisitos que era arrepentimiento. Creo que acá apelando, invocando a razones humanitarias que son comprensibles este nuevo proyecto lo que busca hacer es favorecer a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”
“Para la oposición, nuestra preocupación es que se extienda a reos condenados por delitos por derechos humanos y eso creemos que tiene nombre y apellido que es Punta Peuco", aseguró Muñoz.
Y agregó: "Lo que el Gobierno busca es no involucrar la figura presidencial al indulto y reducir los requisitos, alcanzando a los condenados por estos delitos".
Quienes acceden al beneficio
La situación actual para acceder al beneficio, el Gobierno estableció tres requisitos, independiente del crimen por el cual los reos fueron condenados: haber sido diagnosticado con una enfermedad en fase terminal; tener un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; y tener 75 años o más y haber cumplido, a lo menos, la mitad de la condena impuesta.
A raíz de la polémica que generó el indulto de Cardemil, el propio Piñera defendió su decisión remarcando que se trató de una razón humanitaria.
La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que como Gobierno "creemos en las razonas humanitarias por motivos de salud".
Pérez recalcó que La Moneda cree "en la posibilidad que personas que se encuentren cumpliendo condenas en todas las cárceles de nuestro país -si así lo ameritan los antecedentes- puedan pasar sus últimas horas rodeados con sus familiares, creemos que eso es humanitario".
"Por eso, en nuestro programa de Gobierno está contemplado un proyecto de ley que apunta justamente a acabar con los indultos y a abrazar causas humanitarias por motivos de salud, en materias de ley que puedan impulsarse también desde el Parlamento", puntualizó.
Según cifras entregadas por Gendarmería a través de Transparencia, 47 sentenciados que actualmente cumplen condena en alguno de los penales del país se encuentran en condiciones de acceder hoy a dicha conmutación de la pena. En concreto, y de acuerdo a lo informado por la Jefa del Departamento de Salud, son ocho los internos los que tienen una enfermedad en fase terminal. Así también, y en base a datos recogidos a nivel nacional, 17 condenados presentan un menoscabo que implica una dependencia severa, principalmente en las regiones de Los Lagos y El Maule.
Por último, y la Unidad de Estadística y el registro en la base de datos de Sistema de Internos indicaron que, al 31 de diciembre, 22 internos con 75 años o más habían cumplido, al menos, la mitad de la sentencia dictada.
No a la impunidad
En la oposición piden "requisitos especiales" para los reos de Punta Peuco, porque, dicen, los grandes favorecidos serán ellos.
Entre estos requisitos, la oposición pide que tengan arrepentimiento, colaboración con la justicia y certificados médicos independientes. Pero desde el gobierno dicen que no contemplará requisitos especiales.
"Creo que este país tiene que ser más humanitario, tiene que ser capaz de perdonar. Esto no es solamente para casos de Derechos Humanos", aseguró el diputado Jorge Alessandri (UDI).
Frente a este panorama, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz (PC), adelantó que "hay normas que establecen las condiciones para que un criminal de lesa humanidad en estado terminal pueda acceder a cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario".
Esas normas, explicó Hertz, incluyen que "haya sido condenado a una pena proporcional al delito, que haya arrepentimiento eficaz, colaboración sustancial con la justicia y que la enfermedad terminal sea certificada por médicos independientes".
"El indulto no es aplicable para genocidas, sí beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad con enfermedades terminales. No que sean viejos, porque la edad no ha sido nunca condición para acceder a beneficios carcelarios tratándose de genocidas", resaltó la abogada.
El senador socialista Juan Pablo Letelier remarcó que "los presos de Punta Peuco evadieron por muchos años a la justicia y por eso son de edad avanzada, pero están en uso de sus facultades, no son enfermos terminales. Se les condenó a cadena perpetua para que pasen el resto de su vida presos".
"La propuesta del ministro Larraín se discutirá en su mérito, pero no vamos a apoyar normas que en el fondo sean para abrir un boquerón a la impunidad", puntualizó.
Letelier agregó que "la preocupación evidente es cómo se compatibiliza lo que es el derecho humanitario con lo que es el derecho penal".
"Lo que no queremos es que el derecho humanitario sea la excusa para generar un forado y abrir una puerta a la impunidad", planteó.
Los condenados por violar derechos humanos
De acuerdo a un listado de Gendarmería en julio de 2018, y que tiene carácter de reservado, a nivel nacional son 174 los condenados por crímenes de lesa humanidad. Si el proyecto que presentó el gobierno para que internos puedan conmutar sus penas se convierte en ley, 22 de ellos podrían acceder este año.
De acuerdo a los datos con los que cuenta el abogado Raúl Meza- quien representa a 80 internos de Punta Peuco- entre dicho penal y Colina 1, si este proyecto fuera aprobado en 2019, cuatro condenados podrían acceder a completar el cumplimiento de sus sentencias en libertad de acuerdo a las primeras dos circunstancias.
El ex suboficial de Carabineros José Luis Guzmán Sandoval, cumple una pena de seis años en el recinto penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, sería el único reo que tiene una enfermedad terminal acreditada que es un cáncer de esófago. Además, serían 3 los internos que se encuentran en un estado de dependencia severa, Héctor Manuel Orozco Sepúlveda, Fernando Rafael Rojas Tapia y Gerardo Ernesto Urrich González, condenados a 10,15 y 40 años de cárcel respectivamente.
Pero a éstos se sumarían los internos que cumplen con los requisitos estipulados en la circunstancia tres, que -de acuerdo a un listado de Gendarmería del 25 de julio de 2018- serían 18.
Del total de reos por delitos de lesa humanidad hay un grupo que tienen 75 años o más y habrán cumplido al menos con la mitad de la sanción impuesta.
Se trata de Gerardo Alejandro Aravena Longa, Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Santiago Humberto Fernández Espinoza, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Klaudio Erich Kossiel Horning, Alejandro Francisco Molina Cisternas, Aquiles Navarrete Izarnotegui, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Jorge Aníbal Osses Novoa, Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Prado Contreras, Manuel Rivas Díaz, Emilio Robert de la Mahotiere, José Andrés Torres Riquelme, Guillermo Antonio Vargas Avendaño, Raúl Enrique Zapata, Camilo Astete Cáceres y Germán García.
Empero, el abogado Raúl Meza insistió en que “nuevamente Sebastián Piñera traicionó su palabra y el compromiso que asumió durante su campaña presidencial con la familia militar. De aprobarse este proyecto de ley en los términos en que lo ingresó el Gobierno, los eventuales beneficiados será un grupo insignificante de internos que cumplen condena en Punta Peuco y Colina 1 y, habrá un grupo importante de ellos que se les condena a morir en la cárcel”, aseguró.
Meza criticó también que “consideran “legalmente inaceptable exigir 75 años de edad para optar al beneficio de la conmutación de la pena, considerando que en nuestra legislación la calidad de adulto mayor se cumple a los 65 años de edad y así está ratificado en la convención internacional sobre protección de los DD.HH.”
En tanto el diputado Mario Venegas integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja dijo a Cambio21 sobre el proyecto “Ley Humanitaria” que “es bastante discutible si bien es un tema al que le tengo un nivel de simpatía desde el punto de vista de los adultos mayores de la gente que está enferma, pero cuando se trata de delitos comunes, normales, pero no así cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Creo que ahí hay que hacer un distingo, no podemos poner en el mismo rango delitos de connotación y naturaleza distinta”.
Respecto a quienes consideran que este proyecto “perpetúa la impunidad” el parlamentario coincidió con esta opinión y dijo que en la legislación comparada no hay un tratamiento especial para simples delitos y que hay circunstancias especiales, pero otra discusión se abre si es que se trata de delitos relativos a violaciones de los derechos humanos ”.
Cabe recordar que Piñera, en los primeros 100 días de su gobierno indultó al coronel de Ejército (r) René Cardemil, aunque este falleció antes de conocer la noticia. Cardemil se convirtió en el primer reo del penal de Punta Peuco en ser indultado. Estaba condenado a 10 años por el homicidio de seis personas en el denominado caso Torres de San Borja y al momento de su muerte se encontraba en el Hospital Militar producto de un cáncer prostático con metástasis.
La decisión de Piñera de indultar a una persona que violó los derechos humanos causó la molestia de la oposición, mientras que desde el Ejecutivo señalaron que: "Nuestra voluntad, más que de seguir otorgando estos indultos, es generar mediante una ley, la Ley Humanitaria que permita a través de un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo pueden acogerse a esta situación de grave enfermedad terminal o una situación de invalidez total, física y mental", precisó en su oportunidad el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El Gobierno ingresó el proyecto al Senado el 28 de diciembre, estando este recién en su primer trámite en la comisión de Derechos Humanos. A mediados de enero, la presidenta de instancia, Adriana Muñoz (PPD), envió consulta a la Corte Suprema ya que la iniciativa contiene normas que regulan el recurso de apelación, la cual aún está pendiente.
La senadora Adriana Muñoz explicó a Cambio21 que el proyecto de Ley Humanitaria llegó a la Comisión de Derechos Humanos con urgencia, pero fue enviado en consulta a la Corte Suprema “porque en nuestra opinión hay artículos que modifican la figura de la apelación y eso según jurisprudencia de la propia Corte Suprema es materia de Ley Orgánica. Entonces, mandamos la consulta y una vez que responda la Corte Suprema vamos a empezar a tramitar este proyecto que el gobierno lo ha enviado con urgencia”.
Ley con nombre y apellido: Punta Peuco
De acuerdo a lo señalado por la senadora en su opinión “esto viene a tratar de modificar lo que ya aprobó el Senado, que incluso se pronunció el Tribunal Constitucional en relación a los requisitos que se establecen para la libertad condicional. El Tribunal rechazó uno de los requisitos que era arrepentimiento. Creo que acá apelando, invocando a razones humanitarias que son comprensibles este nuevo proyecto lo que busca hacer es favorecer a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”
“Para la oposición, nuestra preocupación es que se extienda a reos condenados por delitos por derechos humanos y eso creemos que tiene nombre y apellido que es Punta Peuco", aseguró Muñoz.
Y agregó: "Lo que el Gobierno busca es no involucrar la figura presidencial al indulto y reducir los requisitos, alcanzando a los condenados por estos delitos".
Quienes acceden al beneficio
La situación actual para acceder al beneficio, el Gobierno estableció tres requisitos, independiente del crimen por el cual los reos fueron condenados: haber sido diagnosticado con una enfermedad en fase terminal; tener un menoscabo físico grave e irrecuperable que provoque una dependencia severa; y tener 75 años o más y haber cumplido, a lo menos, la mitad de la condena impuesta.
A raíz de la polémica que generó el indulto de Cardemil, el propio Piñera defendió su decisión remarcando que se trató de una razón humanitaria.
La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, sostuvo que como Gobierno "creemos en las razonas humanitarias por motivos de salud".
Pérez recalcó que La Moneda cree "en la posibilidad que personas que se encuentren cumpliendo condenas en todas las cárceles de nuestro país -si así lo ameritan los antecedentes- puedan pasar sus últimas horas rodeados con sus familiares, creemos que eso es humanitario".
"Por eso, en nuestro programa de Gobierno está contemplado un proyecto de ley que apunta justamente a acabar con los indultos y a abrazar causas humanitarias por motivos de salud, en materias de ley que puedan impulsarse también desde el Parlamento", puntualizó.
Según cifras entregadas por Gendarmería a través de Transparencia, 47 sentenciados que actualmente cumplen condena en alguno de los penales del país se encuentran en condiciones de acceder hoy a dicha conmutación de la pena. En concreto, y de acuerdo a lo informado por la Jefa del Departamento de Salud, son ocho los internos los que tienen una enfermedad en fase terminal. Así también, y en base a datos recogidos a nivel nacional, 17 condenados presentan un menoscabo que implica una dependencia severa, principalmente en las regiones de Los Lagos y El Maule.
Por último, y la Unidad de Estadística y el registro en la base de datos de Sistema de Internos indicaron que, al 31 de diciembre, 22 internos con 75 años o más habían cumplido, al menos, la mitad de la sentencia dictada.
No a la impunidad
En la oposición piden "requisitos especiales" para los reos de Punta Peuco, porque, dicen, los grandes favorecidos serán ellos.
Entre estos requisitos, la oposición pide que tengan arrepentimiento, colaboración con la justicia y certificados médicos independientes. Pero desde el gobierno dicen que no contemplará requisitos especiales.
"Creo que este país tiene que ser más humanitario, tiene que ser capaz de perdonar. Esto no es solamente para casos de Derechos Humanos", aseguró el diputado Jorge Alessandri (UDI).
Frente a este panorama, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz (PC), adelantó que "hay normas que establecen las condiciones para que un criminal de lesa humanidad en estado terminal pueda acceder a cumplir el resto de la pena en arresto domiciliario".
Esas normas, explicó Hertz, incluyen que "haya sido condenado a una pena proporcional al delito, que haya arrepentimiento eficaz, colaboración sustancial con la justicia y que la enfermedad terminal sea certificada por médicos independientes".
"El indulto no es aplicable para genocidas, sí beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad con enfermedades terminales. No que sean viejos, porque la edad no ha sido nunca condición para acceder a beneficios carcelarios tratándose de genocidas", resaltó la abogada.
El senador socialista Juan Pablo Letelier remarcó que "los presos de Punta Peuco evadieron por muchos años a la justicia y por eso son de edad avanzada, pero están en uso de sus facultades, no son enfermos terminales. Se les condenó a cadena perpetua para que pasen el resto de su vida presos".
"La propuesta del ministro Larraín se discutirá en su mérito, pero no vamos a apoyar normas que en el fondo sean para abrir un boquerón a la impunidad", puntualizó.
Letelier agregó que "la preocupación evidente es cómo se compatibiliza lo que es el derecho humanitario con lo que es el derecho penal".
"Lo que no queremos es que el derecho humanitario sea la excusa para generar un forado y abrir una puerta a la impunidad", planteó.
Los condenados por violar derechos humanos
De acuerdo a un listado de Gendarmería en julio de 2018, y que tiene carácter de reservado, a nivel nacional son 174 los condenados por crímenes de lesa humanidad. Si el proyecto que presentó el gobierno para que internos puedan conmutar sus penas se convierte en ley, 22 de ellos podrían acceder este año.
De acuerdo a los datos con los que cuenta el abogado Raúl Meza- quien representa a 80 internos de Punta Peuco- entre dicho penal y Colina 1, si este proyecto fuera aprobado en 2019, cuatro condenados podrían acceder a completar el cumplimiento de sus sentencias en libertad de acuerdo a las primeras dos circunstancias.
El ex suboficial de Carabineros José Luis Guzmán Sandoval, cumple una pena de seis años en el recinto penitenciario ubicado en la comuna de Til Til, sería el único reo que tiene una enfermedad terminal acreditada que es un cáncer de esófago. Además, serían 3 los internos que se encuentran en un estado de dependencia severa, Héctor Manuel Orozco Sepúlveda, Fernando Rafael Rojas Tapia y Gerardo Ernesto Urrich González, condenados a 10,15 y 40 años de cárcel respectivamente.
Pero a éstos se sumarían los internos que cumplen con los requisitos estipulados en la circunstancia tres, que -de acuerdo a un listado de Gendarmería del 25 de julio de 2018- serían 18.
Del total de reos por delitos de lesa humanidad hay un grupo que tienen 75 años o más y habrán cumplido al menos con la mitad de la sanción impuesta.
Se trata de Gerardo Alejandro Aravena Longa, Ramón Pedro Cáceres Jorquera, Santiago Humberto Fernández Espinoza, Felipe Luis Guillermo González Astorga, Klaudio Erich Kossiel Horning, Alejandro Francisco Molina Cisternas, Aquiles Navarrete Izarnotegui, Vittorio Orvieto Tiplitzky, Jorge Aníbal Osses Novoa, Luis Felipe Polanco Gallardo, Hugo Prado Contreras, Manuel Rivas Díaz, Emilio Robert de la Mahotiere, José Andrés Torres Riquelme, Guillermo Antonio Vargas Avendaño, Raúl Enrique Zapata, Camilo Astete Cáceres y Germán García.
Empero, el abogado Raúl Meza insistió en que “nuevamente Sebastián Piñera traicionó su palabra y el compromiso que asumió durante su campaña presidencial con la familia militar. De aprobarse este proyecto de ley en los términos en que lo ingresó el Gobierno, los eventuales beneficiados será un grupo insignificante de internos que cumplen condena en Punta Peuco y Colina 1 y, habrá un grupo importante de ellos que se les condena a morir en la cárcel”, aseguró.
Meza criticó también que “consideran “legalmente inaceptable exigir 75 años de edad para optar al beneficio de la conmutación de la pena, considerando que en nuestra legislación la calidad de adulto mayor se cumple a los 65 años de edad y así está ratificado en la convención internacional sobre protección de los DD.HH.”
En tanto el diputado Mario Venegas integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja dijo a Cambio21 sobre el proyecto “Ley Humanitaria” que “es bastante discutible si bien es un tema al que le tengo un nivel de simpatía desde el punto de vista de los adultos mayores de la gente que está enferma, pero cuando se trata de delitos comunes, normales, pero no así cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Creo que ahí hay que hacer un distingo, no podemos poner en el mismo rango delitos de connotación y naturaleza distinta”.
Respecto a quienes consideran que este proyecto “perpetúa la impunidad” el parlamentario coincidió con esta opinión y dijo que en la legislación comparada no hay un tratamiento especial para simples delitos y que hay circunstancias especiales, pero otra discusión se abre si es que se trata de delitos relativos a violaciones de los derechos humanos ”.
En cuanto a que los condenados por delitos de lesa humanidad deben mostrar arrepentimiento aseguró concordar “absolutamente” con esta propuesta y “que haya a lo menos una actitud de arrepentimiento objetiva, real y eso tiene que ver con colaborar con gestos como por ejemplo colaborar con la información que poseen respecto de muchos detenidos desparecidos que aún no se conoce su destino”.
Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos este proyecto ‘Ley Humanitaria’ propuesta por el gobierno es un traje a medida para los reos de Punta Peuco”. Agregó que “es un retroceso” y aseguró que a “estos presos nunca les ha faltado dignidad ni humanidad en sus cárceles especiales”. Además, casi todos han muerto en el Hospital Militar acompañados por su familia, una situación muy distinta a la de los torturados y detenidos desaparecidos de la dictadura.
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