La abogada Mónica Araya presentó una acción judicial en contra del comandante en fefe de la Armada, Julio Leiva, acusándolo de usar recursos fiscales para financiar la obstrucción de investigaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

Un reportaje del medio digital  Interferencia reveló la querella, en la que se acusa que "el almirante, utilizando caudales públicos asignados como gastos reservados, financia, de manera clandestina, la defensa judicial como la obstrucción de los procesos penales de gran parte de los imputados en causas por violaciones de derechos humanos en donde se encuentran involucrados altos mandos de la Armada".

En el texto se detalla que Leiva, "planifica, coordina y ejecuta operaciones de inteligencia encubiertas, destinadas a amedrentar y amenazar al ministro Jaime Arancibia Pinto", entre las que se incluyen campañas de desprestigio por redes sociales, seguimientos e intercepción de llamadas y "tentativas de infiltración, tanto del tribunal como de la policía que le colabora, con el pago a informantes".