Por: Carolina Ceballos | Publicado: 04.02.2021
Claudio, Jorge y Jordano de izquierda a derecha |«El testimonio respecto de las torturas que sufrieron es que estas se inician al momento mismo de la detención, cuando ellos son abordados en un vehículo en el cual se encontraban y desde ese momento empiezan las torturas sicológicas, físicas y estas se mantienen durante el procedimiento que se establece en el cuartel policial, donde son torturados por diversos funcionarios policiales con el objetivo de obtener información respecto de una declaración inculpatoria», denuncia la defensa de Claudio Bravo, Jordano Santander y Patricio Alvarado, quienes alegan inocencia respecto de los diversos cargos que se le imputan.
El 3 de marzo último y en el contexto del estallido social, Claudio Bravo (29), Jorge Hernández (28) y Jordano Santander (35), fueron detenidos junto a Patricio Alvarado (25), quien actualmente cumple la medida cautelar de arresto domiciliario debido a la diabetes que padece, tras ser acusados de múltiples cargos de los que alegan total inocencia en momentos claves del juicio.
De acuerdo al relato de la familia, la mañana de ese día los cuatro jóvenes fueron perseguidos y detenidos por personal de la PDI a bordo de vehículos de civil, tras participar en intensas jornadas de protestas en San Antonio. Los cuatro jóvenes, según familiares, habrían sido golpeados tras ser detenidos y sometidos a apremios ilegítimos que su defensa busca aclarar.
“Al llegar al cuartel los chicos fueron nuevamente golpeados», es parte de lo que relató Tania Parada, pareja de Jordano Santander, ante la comisión de DD.HH. del Senado el pasado 22 de diciembre, jornada en que testimonió los violentos episodios denunciados a la justicia, que actualmente investiga esta causa en medio de un juicio ad portas de entrar en etapa clave, tal como lo transparenta a esta redacción la defensa de tres de ellos, Betsabé Carrasco.
Arriesgan hasta 30 años de cárcel
Respecto de los hechos, los cuatro enfrentan querellas de la Intendencia y de la PDI, mientras que la fiscalía pide hasta 15 años de presidio para Bravo, Hernández y Alvarado en una investigación que podría afectar principalmente a Santander, quien arriesga hasta 30 años de presidio.
Lo anterior considerando que, de acuerdo a la acusación, los cuatro habrían atacado los edificios de la PDI y de la fiscalía local con balines y hondas, causando daños avaluados en cuatro millones 500 mil pesos, por lo que solicitan cuatro años de presidio menor en su grado máximo y una multa de 20 UTM para cada uno de ellos, alrededor de un millón de pesos.
Adicionalmente, se les acusa del delito de receptación porque, según la fiscalía, en el maletero del auto encontraron 10 artículos de farmacia, un delito por el que están pidiendo 541 días de presidio menor en su grado mínimo más una multa de 10 UTM (cerca de 500 mil pesos).
Paralelamente como a los cuatro se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, el Ministerio Público pide 10 años más de presidio para cada uno.
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El caso más complejo es el de Jordano, acusado de homicidio frustrado, un hecho que tiene a la fiscalía solicitando 15 años de presidio por este hecho. “Al momento de su detención, uno de los funcionarios de la PDI señala que el conductor del vehículo, que era Jordano, habría tratado de atropellarlo. Pero de ello no tienen ningún antecedente porque el funcionario policial ni siquiera resultó con lesiones”, detalla Carrasco.
“Este caso es paradigmático. Fiscalía solicita una pena totalmente agravada por los hechos, es decir, frente al delito de daños a la propiedad pública, por rotura de vidrios, se están pidiendo 14 años de presidio por la aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado, que tiene un marcado carácter político. Eso ha permitido que la prisión preventiva opere como una pena anticipada, porque los jueces estiman que es imposible dejarlos en libertad por el nivel de penas que pide la Fiscalía. Vemos a todo el aparataje estatal en contra de personas que se movilizaban y activaban sus territorios”, dice luego la defensora sobre sus representados, Claudio, Patricio y Jordano.
De acuerdo a la información que usted ha logrado recabar de los acusados, ¿cuál es el testimonio de ellos considerando que se acusan apremios ilegítimos en el momento del procedimiento que actualmente los mantiene privados de libertad? Le consultamos a la defensa de tres de los imputados, quien en diálogo con El Desconcierto entregó más detalles del caso.
«El testimonio respecto de las torturas que sufrieron es que estas se inician al momento mismo de la detención, cuando ellos son abordados en un vehículo en el cual se encontraban y desde ese momento empiezan las torturas sicológicas, físicas y estas se mantienen durante el procedimiento que se establece en el cuartel policial, donde son torturados por diversos funcionarios policiales con el objetivo de obtener información respecto de una declaración inculpatoria y, aparte de eso, información de los teléfonos celulares de mis representados, que muchos de ellos estaban con el pin de desbloqueo y la única forma de obtener esa información era a través de que se entregara de forma voluntaria por nuestros representados o a través de tortura, que fue lo que realizaron los funcionarios policiales», pormenoriza.
Posteriormente, la abogada cuenta que «estos hechos están contenidos en una querella que interpuso esta misma defensa a favor de los cuatro imputados, acusados en este caso y también una querella del Instituto (Nacional) de Derechos Humanos que actualmente se encuentra en tramitación», detalla.
En relación al curso de los hechos judiciales, la abogada nos cuenta en qué está la investigación por esos días. «Actualmente la causa se encuentra en estado de juicio, eso quiere decir que la investigación y preparación de juicio ya terminaron, estamos en una etapa bastante avanzada del proceso. Respecto de cómo (lo) enfrentamos, vamos a pedir la absolución de nuestros representados, toda vez que creemos que todas las pruebas que se obtuvieron fueron obtenidas de manera ilegal. Fueron producto de las torturas que sufrieron nuestros representados al momento de la detención. Y en segundo lugar, la recalificación en caso de que no se proceda a la absolución respecto de los hechos de los cuales se les acusa», dice al tiempo que entrega sus argumentaciones para proceder judicialmente en esta línea.
«Entendemos que no sería un delito de la Ley de Seguridad Interior del Estado, sino un solamente un delito común de daños» y ahí la pena baja bastante, es considerablemente menor a la que está pidiendo el Ministerio Público y en ese sentido, si fueran condenados podrían acceder eventualmente a una pena sustitutiva», detalla la abogada en diálogo con esta redacción.
Consultada respecto de cómo se encuentran emocionalmente sus representados, quienes en estos momentos enfrentan un juicio que debiera terminar a fines del mes en curso o a inicios del próximo, para conocer la sentencia también en marzo, la abogada consigna en primera instancia que «tres de ellos se encuentran desde el 3 de marzo privados de libertad en el Centro Penitenciario de San Antonio, hay que recordar que este año ha sido particularmente duro para las personas privadas de libertad, toda vez que durante muchos meses no tuvieron visitas y actualmente sus visitas se encuentran restringidas, esto ha hecho que la cárcel haya sido bastante dura respecto de otros años donde (los internos) tenían visitas regulares, encomiendas, etc», comenta.
«Esto ha significado que tampoco hayamos podido tener un contacto directo con ellos todo el tiempo, tampoco han ido a las audiencias de manera presencial, sino solamente virtual, eso ha generado dificultades respecto de la defensa y eso no lo podemos desconocer», agrega Carrasco.
«Pese a todo esto, de todas maneras ellos están súper tranquilos con que la decisión que tome el Tribunal de Juicio Oral de en lo Penal de San Antonio va a ser una decisión absolutoria o al menos una decisión que los deje en libertad, eso es lo que hemos estado trabajando durante este último mes, con el objetivo de perfilar esa defensa», concluye luego esperanzada respecto del fallo judicial que sus representados se encuentran ad portas de conocer.
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