La pronta redistribución de carabineros dispuesta por el gobierno para reforzar la acción policial en comunas donde se han venido produciendo un mayor número de delitos violentos – asaltos, portonazos y, lo peor, el homicidio de la periodista Francisca Sandoval – contrasta con la desidia que se observa para crear puestos de trabajo para una gran masa de cesantes, cuyo abandono es uno de los fenómenos que en gran medida genera el anterior.
El pueblo ganó con holgura la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en diciembre pasado con más de un millón de votos de diferencia por sobre el peligro fascista, lo que le da autoridad para reclamar ahora cambios radicales en lugar de las soluciones parche que pretenden algunos que al parecer añoran la desprestigiada lógica del “más de lo mismo” que se implementó años atrás.
Las dos derechas que gobernaron tras la dictadura se desentendieron sistemáticamente de una política vital para la ciudadanía como es el acceso al trabajo en condiciones de formalidad y decencia, con seguridad y salarios justos, lo que ha derivado en la actual crisis agudizada por la pandemia del covid.
Sin duda la generación de nuevos empleos significará bajar sustancialmente las cifras rojas de la delincuencia, convertida en el pan de cada día. Esta continuará ganando terreno en la medida que no se le enfrente con medidas eficaces y oportunas, más allá del respaldo que se busca dar a una institución cuya refundación se demandaba hasta hace poco.
Ello es expresión de la irritante desigualdad que pese al cambio de gobierno continúa desplegándose en Chile: forma parte relevante del modelo neoliberal depredador, el que se mantiene intocable resguardado por la derecha y el gran empresariado. Hace cinco meses el pueblo votó por una alternativa democrática, solidaria y de justicia social, la que tarda en aparecer.
La desigualdad se manifiesta en el hecho de que pocos tienen mucho y muchos demasiado poco. En vísperas de la estación invernal llegan a dos millones los comerciantes ambulantes y se acercan a las 100 mil las familias en campamentos de tránsito, al mismo tiempo que se conoce que en el primer trimestre del año las ganancias de la banca privada superaron los 1.600 millones de dólares.
Las elevadas cifras delictivas solo se superarán con oportunidades de trabajo estable y bien remunerado, que signifique a los desocupados abandonar su condición de marginación y una integración a la sociedad. Por el momento ello parece no interesar a la autoridad política, que prefiere mirar hacia otro lado.
El trabajo informal o por cuenta propia es el único que denota algún avance, pero lo cierto es que en reiterados casos no alcanza para mantenerse y progresar. Es una emergencia que, por tal condición, solo permite salir del paso momentáneamente, pero que por lo general no da seguridad ni expectativas.
Cuesta imaginarse como muchos compatriotas sin trabajo y sin ingresos están enfrentando las múltiples alzas de cada día. La inflación descontrolada que se registra no solo es la más elevada en lo que va de este siglo, sino que en 30 años: en abril el IPC marcó un aumento de 1,4%, con lo que se llega a un 10,5% en los últimos 12 meses. De las tantas familias cuyo jefe de hogar está cesante, muchas han tenido que dejar de comer carne y otras compran pan al día siguiente de su elaboración – pan frio – porque es más barato.
Si estuviese vigente un sistema de seguridad social que incluyera una agenda de empleabilidad formal no sería necesaria la agenda improvisada que se intenta instalar. Tampoco se gastaría un dineral en una inutilidad como la Subsecretaria de Prevención del Delito, que no previene ni aporta nada.
La solución hay que buscarla por otra parte, que no es tampoco la redistribución de 750 funcionarios de carabineros en 17 comunas donde hay mucha delincuencia a la vez que una angustiosa cesantía. Lamentablemente existe una estrecha relación entre ambas penosas realidades que algunos no quieren ver porque no miran el origen de lo que ocurre.
En Chile la única redistribución que tiene vigencia es la de la riqueza, hoy en manos de una minoría. Ello permitiría la necesaria reactivación económica dando paso a la generación de miles y miles de puestos de trabajo que es verdaderamente lo que hace falta. El pueblo no requiere un régimen policiaco sino un Estado democrático que asegure mejores condiciones de vida para todos, comenzando por oportunidades laborales con salarios decentes.
Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
No hay comentarios:
Publicar un comentario