Un nuevo informe de la ONU advierte que el derecho de las personas a la privacidad está bajo una presión cada vez mayor por el uso de modernas tecnologías digitales en red cuyas características se convierten en herramientas formidables para la vigilancia, el control y la opresión. Esto hace que sea aún más esencial que estas tecnologías estén controladas por una regulación efectiva basada en las leyes y estándares internacionales de derechos humanos.
“El Gran Hermano te vigila” era uno de los lemas de “1984”, novela de George Orwell: su trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e, incluso, insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden.
El informe recién publicado por Naciones Unidas llama la atención sobre varios temas conectados a las nuevas tecnologías que ya al parecer no pertenecen solamente a la ciencia de ficción.
El informe, el último sobre privacidad en la era digital de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, analiza tres áreas clave: el abuso de herramientas de piratería intrusivas («spyware») por parte de las autoridades estatales; el papel clave de los métodos de encriptación robustos en la protección de los derechos humanos en línea; y los impactos del monitoreo digital generalizado de los espacios públicos, tanto fuera de línea como en línea.
El informe detalla cómo las herramientas de vigilancia como el software «Pegasus» pueden convertir la mayoría de los teléfonos inteligentes en «dispositivos de vigilancia las 24 horas», lo que permite al «intruso» acceder no solo a todo lo que hay en nuestros móviles, sino también convertirlos en armas para espiar nuestras vidas.
Pegasus es capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación del teléfono y recopilar información de las aplicaciones.
El año pasado, el software espía de NSO Group, Pegasus, fue utilizado para facilitar violaciones de derechos humanos en todo el mundo a gran escala, según una importante investigación sobre la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia. Estos incluyen jefes de estado, activistas y periodistas. Michelle Bachelet, Alta Comisionada por los Derechos Humanos en la ONU hasta el 31 de agosto de este año, había denunciado dicho software en su momento.
La primera vez que se habló publicamente de este spyware fue en agosto de 2016, cuando investigadores de Lookout y Citizen Lab descubrieron una «amenaza activa que utiliza tres vulnerabilidades críticas de zero-day para iOS que, cuando son explotadas, forman una cadena de ataques que subvierten incluso el sólido entorno de seguridad de Apple».
“El uso de software de vigilancia se ha relacionado con arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. Los informes de vigilancia también tienen el efecto odioso de hacer que las personas se autocensuren por miedo. Los periodistas y defensores de los derechos humanos juegan un papel indispensable en nuestras sociedades, y cuando son silenciados, todos sufrimos”, había denunciado, en ese entonces, Michelle Bachelet.
“Aunque supuestamente se implementan para combatir el terrorismo y el crimen, tales herramientas de software espía a menudo se han utilizado por razones ilegítimas, incluso para reprimir opiniones críticas o disidentes y contra quienes las expresan, incluidos periodistas, figuras políticas de la oposición y defensores de los derechos humanos”, denuncia el informe.
Este último reitera el llamado a una moratoria sobre el uso y la venta de herramientas de piratería hasta que se establezcan las garantías adecuadas para proteger los derechos humanos. Las autoridades solo deben inmiscuirse electrónicamente en un dispositivo personal como último recurso “para prevenir o investigar un acto específico que represente una amenaza grave para la seguridad nacional o un delito grave específico”.
El cifrado es un habilitador clave de la privacidad y los derechos humanos en el espacio digital, pero está siendo socavado. El informe hace un llamado a los Estados para que eviten tomar medidas que puedan debilitar el cifrado, incluida la obligatoriedad de las llamadas puertas traseras que dan acceso a los datos cifrados de las personas o el empleo de controles sistemáticos de los dispositivos de las personas, lo que se conoce como escaneo del lado del cliente.
El informe también da la voz de alarma sobre la creciente vigilancia de los espacios públicos. Las limitaciones prácticas anteriores en el alcance de la vigilancia han sido barridas por la recopilación y el análisis de datos automatizados a gran escala, así como por los nuevos sistemas de identidad digitalizados y las extensas bases de datos biométricas que facilitan en gran medida la amplitud de tales medidas de vigilancia.
Las nuevas tecnologías también han permitido el seguimiento sistemático de lo que la gente dice en línea, incluso mediante la recopilación y el análisis de las publicaciones en las redes sociales.
Los gobiernos a menudo no informan adecuadamente al público sobre sus actividades de vigilancia, e incluso cuando las herramientas de vigilancia se implementan inicialmente para objetivos legítimos, pueden reutilizarse fácilmente, a menudo sirviendo a fines para los que no fueron diseñadas originalmente.
El informe enfatiza que los Estados deben limitar las medidas de vigilancia pública a aquellas “estrictamente necesarias y proporcionadas”, enfocadas en lugares y tiempos específicos. La duración del almacenamiento de datos también debe ser limitada. También existe una necesidad inmediata de restringir el uso de sistemas de reconocimiento biométrico en espacios públicos.
Todos los Estados también deben actuar de inmediato para establecer regímenes sólidos de control de las exportaciones de tecnologías de vigilancia que planteen graves riesgos para los derechos humanos. También deben garantizar que se lleven a cabo evaluaciones de impacto en los derechos humanos que tengan en cuenta de qué son capaces las tecnologías en cuestión, así como la situación en el país receptor.
“Las tecnologías digitales aportan enormes beneficios a las sociedades. Pero la vigilancia generalizada tiene un alto costo, socava los derechos y asfixia el desarrollo de democracias vibrantes y pluralistas”, dijo la Alta Comisionada Interina para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif. “En resumen, el derecho a la privacidad está más en riesgo que nunca”, subrayó. “Es por eso que se necesita acción y se necesita ahora”.
Elena Rusca, Ginebra, 20.09.2022
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