Un retroceso de 97 años
por Lorena Fries y Javiera Morales 24 septiembre, 2022
Después del plebiscito del pasado 4 de septiembre ha sido recurrente ver publicada en distintos medios la clásica foto de la firma de la Constitución de 1925. ¿La recuerdan? En ella, el Presidente Arturo Alessandri firma la nueva Carta Fundamental rodeado de los protagonistas de dicho proceso: todos hombres y, en su mayoría, expertos designados a dedo.
Avanzamos casi 100 años en la historia de Chile. Sin embargo, observamos preocupadas cómo en el año 2022 se está tratando de instalar, sobre la base de resultados de encuestas semanales, que las grandes mayorías quieren que otra vez la nueva Constitución sea escrita por una “comisión de expertos”. Lo escribimos así, entre comillas, porque nos parece que hay un problema, que surge de una precisión semántica, pero denota una convicción peligrosamente arraigada sobre la prescindencia de las mujeres en los espacios del poder y del saber.
Vemos con mucho escepticismo que las próximas generaciones de chilenos y chilenas reconozcan en un proceso así un contrato social válido y perdurable.
La alternativa de “los expertos” parece una opción particularmente positiva para quienes durante todo el proceso expresaron en privado y en público sus reparos hacia la composición heterogénea de la Convención. Luego del fracaso del texto plebiscitado, la propuesta de especialistas, incluso encabezando la nueva redacción, toma cada vez más protagonismo en las fuerzas políticas y peligrosamente se instala a través de encuestas. Ello, a pesar de que varios expertos y expertas constitucionalistas fueron convencionales en el proceso recién pasado. En este contexto, ya han surgido nombres que estarían siendo sondeados por los partidos. Todos muy competentes.
Ante esto vemos dos grandes problemas. El primero, creer que en el 2022 una Constitución escrita por expertos designados a dedo gozará de legitimidad democrática para entregar estabilidad constitucional para las próximas décadas. Son 97 años de democratización del pueblo chileno que se desconocerían irresponsablemente. En ningún caso estamos en contra de que expertos y expertas sean parte importante del proceso, por el contrario, consideramos muy relevante su participación y acompañamiento en la redacción de la próxima Constitución chilena. Pero vemos con mucho escepticismo que las próximas generaciones de chilenos y chilenas reconozcan en un proceso así un contrato social válido y perdurable.
El segundo problema que vemos es que en ninguna de estas listas preliminares de expertos figura el nombre de alguna mujer, aun cuando la paridad de género aparece como un mínimo garantizado que todos los sectores han defendido, con más o menos convicción. Vale el llamado de atención a no dar por ganada la inclusión de las mujeres en espacios de poder. ¿Será necesario hacer presente que en los procesos constitucionales recientes, en los que ha habido grupos de especialistas, han participado mujeres, como el caso de Sudáfrica (1996), Islandia (2010) o Nepal (2015)?
Para no repetir la foto de hace casi un siglo, consideramos indispensable reafirmar la necesidad de que sea un órgano electo y paritario el que escriba democráticamente la Carta Fundamental del Chile del siglo XXI y, además, relevar el trabajo de numerosas académicas constitucionalistas chilenas. Las hay, y de sobra. Una pequeña muestra la pueden encontrar en el texto de libre acceso “Nueva Constitución con perspectiva de género”, en que colaboraron más de 18 abogadas expertas en Derecho Público. No nos merecemos retroceder 97 años.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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