En 2020 la última y definitiva Decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, con sede en el Banco Mundial) constató la autoridad de cosa juzgada del Laudo que acuerda a los dueños de El Clarín –la Fundación española Presidente Allende y Coral Pey, hija de Víctor Pey–, el derecho a ser indemnizados “de todo daño susceptible de evaluación financiera que podrán establecer”, que su inversión de 1972 existe hoy bajo el amparo del Convenio de protección de inversiones extranjeras entre España y Chile. El titular del juzgado de Madrid donde se está ejecutando el Laudo dictó el 7 de diciembre del año pasado la cifra indemnizatoria provisional de 551,77 millones de dólares. La recibió el gobierno Piñera y la derivó al del presidente Gabriel Boric.
Desde el 11 de septiembre de 1973 todos los bienes del diario están ocupados por militares, también sus rotativas y edificios en Santiago, Viña y Concepción. El tribunal español que ejecuta el laudo del CIADI trasladó al Estado chileno la propuesta transaccional para poner fin a cincuenta años de ilegalidad, a 32 años de litigios internacionales y posibilitar la publicación del medio más vendido en Chile hasta su toma, “la parte ejecutante mantiene su propuesta de acuerdo amistoso, continuada desde que el 29 de mayo de 1995 un Tribunal de Santiago le reconociera la propiedad de las acciones de CPP S.A. y EPC Ltda. y se las restituyera. Y reitera en este acto, en conformidad con el art. 565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su disposición a intentar resolver la forma y calendario de cumplimiento de la obligación de indemnizar financieramente que establece el Fallo del Laudo constatada en la Decisión final dentro del sistema del CIADI el 8 de enero de 2020 del 2º Comité ad hoc, incumplida desde entonces”, dice el escrito presentado el 5 de septiembre de 2022.
El plazo dado por el tribunal al Estado chileno para responder a la propuesta transaccional vence este 23 de septiembre.
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