Hace 5 años atrás Gabriel Boric defendía el pago de la indemnización del caso Clarín; hoy mantiene silencio, después que la inapelable Decisión del CIADI de 2020 ha constatado que tiene autoridad de cosa juzgada que ““el Laudo Original [de 2008] otorga a los Demandantes el derecho a ser indemnizados ‘de todo daño susceptible de evaluación financiera que ellas podrán establecer»; “la indemnización debe servir para colocar a las Demandantes en la situación en que habrían estado si las violaciones en cuestión no hubiesen tenido lugar, es decir, si las autoridades chilenas hubiesen indemnizado a las Demandantes en vez de a terceras personas no propietarias de los bienes en cuestión; “el Tribunal Original ha concluido y el Primer Comité (…) han confirmado y aceptado de manera definitiva que el Sr. Pey era un inversor cuando se consumó la confiscación en 1975 y que los Demandantes eran inversores cuando comenzaron el arbitraje del CIADI en 1997. Al llegar a esta conclusión, (…) han rechazado el argumento de la Demandada según el cual las alegadas inversiones del Sr. Pey cesaron de existir con la confiscación (…)”; “el Tribunal Original, el Tribunal de Nueva Sumisión, el Primer Comité, los Demandantes y la Demandada coinciden en que las expropiaciones llevadas a cabo en 1973 y 1975 por el régimen militar eran ilegales e inconstitucionales y justificaban una indemnización de acuerdo con el derecho chileno”; “los dos tribunales han exhortado a Chile a que indemnice a los Demandantes y a «restablecer la legalidad y reparar los daños causados por el régimen militar” habida cuenta de la “invalidez de las confiscaciones». El Tribunal original no tiene ninguna duda ni sobre la ilegalidad de la expropiación según el derecho chileno ni sobre el derecho a indemnización según el derecho chileno”.
El gobierno de Gabriel Boric tiene en sus manos la resolución emitida en 2022 por el juzgado 101 de Madrid que provisionalmente obliga al estado chileno a indemnizar 551,77 millones de dólares de daños y perjuicios a Don Víctor Pey y la Fundación española Presidente Allende, los propietarios del diario El Clarín, tomado por militares desde la madrugada del mismo día del golpe de 1973 hasta hoy.
Hasta la fecha, las señales del gobierno de Gabriel Boric han sido de continuidad. Los que representan al Gobierno de Chile en los tribunales españoles han mantenido con Boric exactamente la misma línea que sus predecesores en las últimas cinco décadas: beligerante oposición a cualquier tipo de indemnización, rechazo a la transacción propuesta para volver a sacar el medio de comunicación más vendido hasta 1973.
Esta oposición al pago de la indemnización es totalmente contraria a los principios que el mismo Gabriel Boric tenía sobre “el caso Clarín” durante la hora de incidentes del 20 de septiembre de 2017. El entonces diputado llamó al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet a entregar una respuesta sobre los motivos de la tenaz oposición al pago de la indemnización, destacó la larga lucha de Víctor Pey en los tribunales chilenos e internacionales por la recuperación del diario, también relevó la gran importancia que la publicación del periódico tendría para la democracia chilena. Don Víctor Pey “sigue dando una lucha en Chile por recuperar la pluralidad informativa, que es esencial para cualquier democracia”.
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