El Grupo Fuerza Jurídica de Tareas de la sociedad civil, conformado por ex oficiales del Ejército y de Carabineros, presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) la primera denuncia vinculada a la filtración de 400 mil correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La organización denunciante apunta a la Dirección de Inteligencia de la Armada (DIRINTA) por «hacer seguimiento de actividades de organizaciones sociales» (…) «que no guardan ninguna relación con los fines de la defensa nacional».
Estos seguimientos de la DIRINTA vulneran el artículo 20 de la Ley 19.9 74 de Inteligencia del Estado que fija los límites de los servicios de inteligencia militar, diferenciándolos claramente de la inteligencia policial, por lo que estas acciones de la institución naval son ilegales, plantea el abogado de Derechos Humanos Luis Mariano Rendón, quien es miembro del Grupo Fuerza Jurídica de Tareas, junto al capitán de Ejército (r) Rafael Harvey, al ex suboficial de la institución militar, Cristian Opazo y al coronel de Carabineros, (r) Daniel Soto.
En el documento entregado a la CGR figura un informe de la Dirección de Inteligencia de la Armada correspondiente al 3 de junio de 2020, que da cuenta del monitoreo de actividades como manifestaciones en huelga y Recolección de leche para niños en San Antonio, Ollas comunes en Santiago, talleres de historia en la Araucanía o talleres para dirigentes de pobladores en Osorno.
Al respecto, cabe señalar que el diario español El País (24 /9/2022) indica que «los correos filtrados, con sus archivos adjuntos correspondientes, abarcan comunicaciones desde 2012 a mayo del 2022 entre miembros del Estado Mayor Conjunto (EMCO).»
A juicio del abogado Rendón, las actividades bajo seguimiento de la Armada de Chile, «no son una a amenaza para la defensa nacional y tampoco corresponden a las actividades de policía marítima de dicha institución, que justificarían el involucramiento en actividades de inteligencia policial».
Las filtraciones de correos del Estado Mayor Conjunto han revelado que «servicios de inteligencia de las FFAA se han dedicado a hacer seguimiento y categorización de actividades desarrolladas por organizaciones sociales nacionales que nada tienen que ver con la defensa nacional«.
Hemos pedido a Contraloría que se pronuncie sobre la legalidad de dichas actividades de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Armada y en caso de ser pertinente, «ponga en conocimiento del ministerio público los hechos que puedan revestir las características de delito», añadió el abogado Rendón.
Por Galy Chávez
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