Pugna por apetecida licitación en Puente Alto: socio de empresa que facturó $18.500 millones en 14 años presentó documentos falsos
01.02.2023
La empresa de Luis Peña y Juan Carlos Farías se adjudicó desde 2008 el arriendo de vehículos a la Municipalidad de Puente Alto, facturando, en promedio, $250 millones mensuales. Llegó al alero del exalcalde y hoy senador Manuel José Ossandón y siguió bajo Germán Codina. Sus socios han sido proveedores de campaña de ambos y del exdiputado Leopoldo López y el exsubsecretario Emardo Hantelmann, todos de RN. Entre los dueños de los autos que subcontrataban para prestar el servicio figuran funcionarios de la municipalidad. En la última licitación postularon cuatro empresas, todas ligadas a Peña o Farías, pero se declaró desierta porque una de ellas presentó certificaciones falsas. El pasado lunes 30, Codina anunció al nuevo proveedor. Uno de los socios de esa empresa es amigo de Farías.
Juan Carlos Farías Lira suele acompañar a Manuel José Ossandón cuando el excandidato presidencial de RN se despliega en campaña por Puente Alto. Pero fue su socio, Luis Mauricio Peña Duque, el nexo inicial del exalcalde y ahora senador con la dupla Peña y Farías. Ambos constituyeron, en 2008, una empresa de transportes con la que hasta ahora se habían adjudicado, de manera consecutiva, las licitaciones para proveer de todo tipo de vehículos en arriendo a la Municipalidad de Puente Alto.
Según los registros de Mercado Público, la Sociedad de Transportes Peña y Farías Limitada ha facturado a Puente Alto $18.500 millones en 14 años. En su historial hay otras órdenes de compra, aunque menores, pero también ligadas a instituciones bajo el mando de figuras de RN: en Pirque (donde Ossandón fue alcalde) y en la Secretaría General de Gobierno, cuando Cecilia Pérez era ministra y Emardo Hantelmann -hoy funcionario de la Municipalidad de Puente Alto- era subsecretario.
Pero Peña y Farías rompieron su amistad de años y en la última licitación abierta por la municipalidad en diciembre pasado, que comprometía recursos de $300 millones mensuales por 24 meses, se presentaron con empresas distintas a competir.
Luego de que la Fiscalía pusiera su lupa en otra proveedora del municipio, Cicam, indagada por intercambios de dinero con funcionarios de la municipalidad y por la presunta emisión de permisos de circulación fraudulentos, las cosas cambiaron en Puente Alto. CIPER solicitó información sobre la propiedad de los vehículos con los que Peña y Farías prestaban sus servicios, detectando que 31 de los 180 móviles que arrienda para uso comunal son propiedad de funcionarios y familiares de trabajadores de la misma municipalidad.
La licitación comenzó a entramparse. No solo porque algunos concejales se dieron cuenta de que las cuatro empresas admisibles tenían relación con Peña o con Farías, sino porque la sociedad con la que Farías ingresó al concurso –Inmobiliaria e Inversiones Farimont Limitada-, presentó documentación falsa que echó abajo todo el proceso.
Tras un áspero concejo municipal celebrado el 23 de enero pasado, la licitación -que después se declaró desierta- dio paso a una nueva propuesta vía trato directo, en la que no podían participar las empresas ligadas a Peña y Farías que habían intervenido en el proceso abortado.
La municipalidad resolvió que, para no dejar sin servicio a la comuna, se realizaría una licitación privada, es decir, a dedo. Sería una adjudicación temporal, por solo cuatro meses. Ese proceso culminó este lunes 30 de enero pasado, en un concejo extraordinario encabezado por Codina. Allí, el alcalde selló un acuerdo para entregar los arriendos a Maquinarias Trafkin SpA, cuya oferta de $250 millones mensuales era la más económica y con el compromiso de que absorbería no solo a los trabajadores de Peña y Farías, sino a su flota de vehículos y a los autos que tenían subcontratados.
CIPER constató que uno de los dos socios de Trafkin, Carlos Daniel Orellana Bravo, fue calificado por Farías como “hermano” en una reciente publicación en Facebook. En el mismo posteo, Orellana, quien ya bajó de su perfil esta publicación, se refirió a Farías como “amigo”, “hermanito” y “mi rey”.
Inicialmente, Orellana publicó en su perfil la foto de un auto robado: “La camioneta de un amigo, cualquier información por interno”, escribió. Y Juan Carlos Farías respondió: “Compa, gracias por todo su apoyo hermano. Dentro de lo malo que uno vive, en las distintas circunstancias de la vida, nos queda agradecer que estamos en un círculo de personas buenas. Sea lo que sea, si aparece o no, agradezco enormemente tu voluntad de aportar hermano, gracias”. Orellana cerró el diálogo: “De nada hermanito. Usted sabe, mientras se pueda, siempre estaremos. Ya vamos cerca, es cosa de tiempo no más mi rey”.
CIPER se comunicó con Orellana a través de esa misma red social para preguntarle sobre sus actuales socios en Trafkin y su relación con Farías, pero al identificarnos como periodistas, nos bloqueó.
Consultada la alcaldía sobre el resultado de esta nueva licitación y la relación que existiría entre Orellana y Farías, señaló lo siguiente: “La licitación fue declarada desierta. Una vez declarada la urgencia y autorizada la contratación directa en forma unánime por el concejo municipal, se procedió a contratar a la empresa Trafkin SpA, la cual no había sido proveedora municipal, por un plazo acotado de 4 meses a la espera de una nueva licitación”. Respecto de la proximidad de Orellana y Farías, la alcaldía dijo que la empresa favorecida está habilitada en los registros de Mercado Público para prestar servicios a entidades estatales, y que ellos no poseen antecedentes sobre relaciones previas entre la sociedad contratada y el anterior proveedor: “No tenemos ningún antecedente que permita inferir cercanía entre ambas empresas y revisados los antecedentes legales no existe vinculación comercial alguna con prestadores anteriores de servicios de transporte”.
En tanto, Luis Mauricio Peña, quien rompió relaciones con su socio Farías, concurrió este martes 31 de enero a la alcaldía de Puente Alto para informar a Germán Codina sobre la relación de amistad entre su exsocio y Orellana. Pero Codina estaba ocupado y Peña se reunió con funcionarios de la administración municipal. En contacto con CIPER, Peña dijo: “Sí, me acerqué a la administración donde dejé mis dudas sobre la capacidad de la empresa (de Orellana) y, segundo, la asociación de amistad que existe entre ellos (Orellana y Farías). Se los hice saber. Me dijeron que ellos no tenían idea de nada, que iban a averiguar. Pero, hasta ahora no me contestaron».
CIPER también intentó contactar telefónicamente y a través de WhatsApp a Juan Carlos Farías, sin obtener respuesta.
PROVEEDOR DE LA CASA
Wilson Encina fue conductor por décadas, pero ya no maneja. Padece una afección cardiaca y debió jubilar anticipadamente. Él prestó servicios a Peña y Farías durante un año, en 2020. Cuando lo despidieron, demandó a la empresa por no pago de cotizaciones. Según relató a CIPER, uno de los dueños de la empresa llegó hasta su casa para presionarlo, a objeto de que desistiera. Sin embargo, ganó en los tribunales. En su demanda, Encina relató que “en una oportunidad se me ordenó trasladarme hasta la comuna de Zapallar, con la finalidad de reparar un vehículo de propiedad del exalcalde de la comuna y actual senador de la república, don Manuel José Ossandón”.
Según la versión que Encina le entregó a CIPER, su supervisor directo en Peña y Farías, Juan Aguilera, le dio la orden de ir a ayudar a Ossandón:
-Me dijo, “hay que ir a Zapallar, hay que ir a verle el auto al jefe porque se le echó a perder. Parece que tiene problemas con un amortiguador”. Yo me fui manejando hasta allá, llegamos a la casa de don Manuel José, él no estaba, y ahí me di cuenta de que se había quebrado el amortiguador. Salimos a buscarlo en Valparaíso en distintas zonas. La cosa es que como a las 10 de la noche me dice Aguilera que me tenía que ir. Me pasó plata para el bus y al día siguiente yo tenía que hacer un trabajo para municipalidad, era sábado, y me dice que cuando terminara eso, me fuera otra vez de vuelta”.
En su relato, Encina contó que volvió a Zapallar, arregló el auto de Ossandón, regresó a Santiago en el vehículo del senador y lo dejó en la municipalidad. También expuso que no recibió dinero extra por ese trabajo y que le intentaron dar una propina de $10 mil que lo molestó, porque, según sus cálculos, solo cubría parte de los gastos.
Peña y Farías es un proveedor de confianza de Ossandón y también de Codina. Según registros del Servicio Electoral (Servel), la empresa ha trabajado en las campañas de ambos. En 2013, por ejemplo, Peña y Farías facturó $34,2 millones para el debut como senador de Ossandón. Se trata de tres facturas para tres meses de campaña cuyas glosas señalan “traslados de pasajeros”, una por $19 millones; otra de $8 millones y una más de $7,2 millones. Luego, en la campaña de 2021, cuando Ossandón fue reelecto, el senador contrató los servicios de Inmobiliaria e Inversiones Farimont Limitada, de propiedad de Juan Carlos Farías (en la foto con Ossandón). Esta vez, los pagos ascendieron a un monto total de $58 millones: dos facturas por “servicios de transportes brigadistas” de $21 millones cada una y otra, de $16 millones, por instalación de propaganda.
Farimont es la empresa que participó en la última licitación en Puente Alto y que quedó fuera por presentar documentación falsa. Según las denuncias de algunos concejales, ingresó una certificación de cumplimiento de la norma técnica ISO 9001 supuestamente extendida por Servicios de Certificación Integral, SCI. Tras consultas de concejales, la certificadora envió a intervinientes del proceso una carta en la que señaló que Farimont no cotizó ni certificó con ellos y que el documento que presentó es “evidentemente falsificado a la vista con el cambio de letra, el número de expediente” (vea aquí esa carta). Según agregaron, ese número de expediente pertenece a otra certificación de otra empresa.
Ossandón dijo a CIPER que bajo su mandato en Puente Alto nació la empresa Peña y Farías. Conocía a Mauricio Peña porque, cuenta, era nieto de la “señora Irene”, quien trabajaba con él en la cosecha de uvas. “Hicimos un programa de microempresa en que ayudamos y asesoramos a gente para que se transformaran en microempresarios”, dijo, asegurando que no les facilitaron recursos, sino solo capacitación.
El senador asegura que no fue él quien contrató a Farimont en épocas de elecciones, porque de eso, dijo, se encargan sus jefes de campañas: “En la última fue Najel Klein mi jefa de campaña”, señaló. Klein, la ex esposa de Codina, estuvo a la cabeza de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Puente Alto cuando Ossandón fue alcalde. Hoy está contratada a honorarios en la Municipalidad de Pirque, como asesora del alcalde Juan Escudero Ramos (ex PPD).
El senador tampoco recuerda que un chofer de Peña y Farías haya ido a su casa en Zapallar a arreglar su auto. Pero, sí señala que una vez le pidió a “Juanito” -no recuerda su apellido- que lo ayudara con un desperfecto de su vehículo. No descarta que pudiera ser Juan Aguilera, quien era el jefe directo del conductor que asegura que le ordenaron ir a ayudar a Ossandón.
La Sociedad de Transportes Peña y Farías prestó servicios en la última campaña de Codina. Según rendiciones de esa elección registradas en el Servel, Peña y Farías emitió tres facturas por un total de $7,5 millones. Los archivos del Servel también indican que en la campaña a diputado de Leopoldo Pérez, en 2013, la empresa recibió pagos por $12 millones. El exsubsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Emardo Hantelmann, también requirió sus servicios en su campaña a concejal por Puente Alto de 2012, facturando $1,7 millones.
Juan Carlos Farías junto a Manuel José Ossandón (Fuente: Perfil de Facebook de Juan Carlos Farías)
¿EMPRESAS FANTASMAS?
Cinco empresas se presentaron como oferentes a la licitación de autos que, según decía el llamado en Mercado Público, contaba con $7.200 millones para costear el servicio de transporte para personal de Puente Alto. Una de ellas fue rechazada: Transportes Evelyn Pavón Seguel. Por lo que quedaron cuatro: Transportes KS Limitada, L y M Transportes e Inversiones SpA, Transportes DM SpA e Inmobiliaria e Inversiones Farimont Limitada.
KS limitada pertenece a un sobrino de Mauricio Peña: Rodrigo Alejandro Soto Peña, quien ingresó a esa sociedad el 29 de diciembre de 2022, apenas una semana antes de que se cerrara la licitación. Ese mismo día salió de la sociedad el contador David Alejandro Valenzuela Furet, que ha prestado declaración ante la Fiscalía porque, mientras estaba contratado por la municipalidad, recibió transferencias de dinero provenientes de otro proveedor de Puente Alto: Cicam, lo que fue expuesto por CIPER en el reportaje “La extraña ruleta millonaria de Puente Alto: empresa proveedora del municipio transfirió, al menos, $580 millones a funcionarios”. En respuesta a ese reportaje, Valenzuela Furet dijo a CIPER que él es contador de Cicam y de otras empresas ligadas a los mismos propietarios.
El contador Valenzuela también fue socio de Mauricio Peña en L M Inversiones y Propiedad Limitada, razón social parecida a la de otra empresa que pasó la prueba de admisibilidad en la última licitación del servicio de transporte para Puente Alto: L y M Transportes e Inversiones SpA, donde Peña figura como único socio.
La tercera empresa que participó en la licitación, Transportes DM SpA, tiene un vínculo más directo con Luis Mauricio Peña, puesto que su propietario, Mauricio Andrés Peña, es su hermano.
La última empresa admitida al concurso, Inmobiliaria e Inversiones Farimont Limitada, de Juan Carlos Farías, fue la acusada de falsear información, falta que echó abajo todo el proceso.
La caída de la licitación terminó finalmente con un parche: la contratación del servicio durante cuatro meses por trato directo que fue aprobado en Concejo Municipal extraordinario realizado online (en la foto). Ese parche ha desatado suspicacias. No solo por la cercana amistad entre Farías y uno de los dueños de la empresa favorecida, sino también por la falta de experiencia de esta última en licitaciones públicas: de acuerdo con los registros de Mercado Público, nunca ha ofertado ni ganado un concurso. Además, fuentes que conocen detalles de la licitación, aseguran que la empresa beneficiada no cuenta con flota de vehículos propios.
La concejala María Olga Yáñez (PC), quien llevará parte de la información sobre la última licitación a la Contraloría, resumió las aprensiones que ha generado el proceso: “Tres empresas eran de la misma persona y la otra presentó un certificado falso. Eso nos llamó la atención y nos preocupa muchísimo. Pero, además, la nueva empresa, según antecedentes que manejamos, y porque los mismos choferes de Peña y Farías nos indicaron que ellos sospechan, puede que se trate de una empresa fantasma”.
FUNCIONARIOS QUE ARRIENDAN AUTOS A LA MUNICIPALIDAD
Según relatan testigos que conocen las rutinas de la Municipalidad de Puente Alto, hay algunos funcionarios que llegaban en su auto a trabajar y lo dejaban para que los ocupara la empresa que desde 2008 se había adjudicado el servicio de arriendos de vehículos. Y, una vez terminada la jornada, tomaban otra vez su auto.
CIPER detectó que al menos 31 vehículos que la empresa de Peña y Farías incluye en la nómina de autos que se arriendan para realizar el servicio de transporte, pertenecen a funcionarios a honorarios o a contrata del mismo municipio, a familiares de estos, a exfuncionarios y a otros proveedores de servicios para el municipio, como los socios de la empresa Cicam, hoy investigada por el Ministerio Público por transferir dinero a funcionarios de la municipalidad.
CIPER accedió a una lista de los autos que prestan el servicio que fue enviada por la municipalidad en respuesta a una solicitud por Ley de Transparencia, pero sin información sobre las patentes de cada uno de los vehículos y los RUT de sus propietarios. Sin embargo, accedimos a la misma nómina, pero con los datos de las placas y sus dueños.
Por ejemplo, en la lista oficial aparece Pía Pizarro como propietaria de ocho autos que Peña y Farías subcontrata para prestar el servicio. Sin embargo, según el Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes del Registro Civil, tres de esos autos (dos camionetas Ford y un auto/sw Ford) están registrados a nombre de un funcionario que, según la sección de Transparencia de la municipalidad, trabaja a honorarios para la Corporación del Deporte, en el recinto piscinas, en la “supervisión y gestión administrativa en actividades y procesos en recintos y/o complejos de espacios comunitarios”.
Otros tres autos registrados como pertenecientes a Pizarro, la misma base de datos del Registro Civil indica que son de Marcelo Adolfo Cifuentes Almazabal, hermano de Juan Daniel Cifuentes, uno de los dueños de Cicam. También figura en la nómina una tía de los Cifuentes Almazabal, quien posee un furgón Hyundai que fue subcontratado por Peña y Farías. Ella también trabajó en la municipalidad y figura en la lista de personas que recibieron transferencias de Cicam.
En la lista también aparece el contador de los Cifuentes: David Valenzuela Furet, quien tuvo autos trabajando para Peña y Farías mientras fue socio de Mauricio Peña en KS limitada.
En una demanda laboral interpuesta contra Peña y Farías por el conductor Santiago Emilio Sommer, el denunciante señaló que “en la práctica, me encontraba expuesto a control e instrucciones tanto del señor Jorge Rosamel Espinoza, como de su cónyuge doña Leontina Ximena Cadet”. Espinoza es dueño del vehículo que manejaba Sommer y Cadet es la secretaria directa del administrador municipal, Christian Arzola. Fue él quien llevó adelante el proceso de licitación donde participaron los socios de la empresa que ha subcontratado dos autos de quien fue identificado, en una demanda laboral, como pareja de su secretaria.
Entre los propietarios de vehículos subcontratados por Peña y Farías aparece la madre de Diego Castro Ugarte, encargado de supervisar las licitaciones de Puente Alto. De hecho, Castro aparece en el proceso donde participa Peña y Farías ingresando información a Mercado Público.
En la lista también figura la cónyuge de Patricio Méndez, quien hasta el año pasado estaba contratada por el municipio. Méndez, también investigado por transferencias a Cicam, hoy es inspector de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes (Dimao).
Marcos González Gangas fue administrador municipal de Puente Alto en la época en que Ossandón fue alcalde. Él figura con un furgón de su propiedad trabajando para la empresa de Peña y Farías. Su nombre apareció en el caso conocido como “Corralón Municipal”, que en 2003 originó más de una docena de querellas contra la municipalidad por el hurto de vehículos que llegaban a los corrales municipales de la comuna. González debió salir de la municipalidad y, según publicó la Nación Domingo del 18 de abril de 2004, fue detenido junto a René Borgna, entonces jefe de gabinete del exedil Ossandón. Borgna se contactó con CIPER para señalar que no hubo detención en su contra.
En la nómina de vehículos subcontratados también aparece un auto de propiedad de la empresa Reciclaje Ivo Voykovic E.I.R.L., cuyo propietario, del mismo nombre, trabaja en rentas municipales de Puente Alto. Su hermano, funcionario de la PDI, desde hace años se desempeña en el dispositivo de seguridad que acompaña al senador Ossandón.
La empresa Inversiones San Valentín posee tres autos que figuran en la nómina de Peña y Farías y su propietario está contratado como chofer de la alcaldía. Un primo de Juan Carlos Farías, quien trabaja en Áreas Verdes de la municipalidad, tiene tres autos en la nómina. CIPER también pudo acreditar que otra funcionaria y una empleada a contrata de la municipalidad son dueñas, cada una, de un auto subcontratado por la empresa de transportes. También con un auto figura la pareja de una funcionaria que se desempeña en rentas municipales, el padre de un inspector municipal y un empleado a honorarios de la Dimao.
CIPER consultó a la alcaldía por los funcionarios que arriendan sus autos a un proveedor municipal. La respuesta indicó que estas relaciones contractuales entre privados no son ilegales:
“No existen autoridades, directivos municipales ni otros funcionarios que intervengan en el proceso de licitación, supervisión ni ejecución del contrato en cuestión, y que a su vez tengan una relación comercial con la empresa o vehículos arrendados a esta. Se ha verificado una cantidad marginal de vehículos de propiedad de funcionarios no directivos (menos del 5% de los vehículos), que tienen una relación contractual con la empresa, lo que no representa ilegalidad alguna”, señaló la alcaldía.
“Si existieren familiares de funcionarios o exfuncionarios que tengan vehículos subcontratados por la empresa prestadora del servicio, obedece a una situación en que la municipalidad no tiene injerencia, siendo una relación contractual amparada por la ley, entre la empresa y el subcontratista”, indicó la respuesta. Y agregó: “Este mecanismo de contratación de transporte de personas que se licita públicamente desde el año 2005, ha permitido al municipio de Puente Alto contratar el servicio a un precio muy inferior al que se paga en otras comunas por contratos de similares características”.
Al cierre de esta edición, en los estacionamientos de la Municipalidad de Puente se desarrollaba una paralización de choferes que se desempeñan como trabajadores de Peña y Farías y que ahora pasarán a formar parte de Trafkin SpA. Según explicaron algunos de ellos a CIPER, su intención es acordar con su nuevo empleador mejoras salariales y solicitar a Codina que intervenga.
*Esta publicación fue actualizada a las 19.00 horas del día miércoles 1 de febrero.
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