Declaración Pública
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quiere alertar con
de la República Gabriel Boric, ante el chantaje permanente de la derecha, ha
puesto urgencia. Esto refleja la utilización política que la derecha y otros
sectores del parlamento han hecho a raíz del lamentable crimen contra a
carabinera Rita Olivares por parte de delincuentes.
El empoderamiento de la derecha, nostálgica de la dictadura y de los tiempos del
oscurantismo institucional, se refleja con mucha nitidez en el proceso
constituyente desarrollado entre cuatro paredes por los más conspicuos
defensores del modelo económico y de la constitución del 80, y ahora, con la
ofensiva legislativa para fortalecer las políticas represivas y criminalizadoras de
la protesta social , otorgándole a los agentes del estado pertenecientes a las
fuerzas de orden y seguridad, Carabineros y PDI, facultades y derechos
inconmensurables para ejecutar de manera encubierta bajo la denominada
legítima defensa privilegiada la política del gatillo fácil de manera impune.
Bajo esta denominación de legítima defensa privilegiada las víctimas del abuso
y brutalidad policial quedaran marginadas de toda protección legal.
Los derechos de las víctimas tan vociferados por la derecha quedarán reducidos
a una mínima expresión frente a la conducta criminal de los agentes del Estado
pertenecientes a Carabineros y PDI. La degradación del derecho desde la mirada
de los Derechos Humanos es no solamente preocupante, es de una extrema
gravedad porque legitima la criminalidad policiaca. Las palabras del General
Yáñez hace algunas semanas atrás, han encontrado un terreno fértil en la
voluntad Legislativa de los sectores políticos que añoran la dictadura militar,
con un profundo desprecio de los Derechos Humanos. Este proyecto de ley
libera a los agentes de policía de medidas cautelares proporcionales al delito, en
un eventual proceso, quedan liberados de la prisión preventiva, confiriéndole a
las acciones criminales de la policía el carácter de delitos de bagatela. La
legítima defensa privilegiada se pone al margen de los protocolos existente y de
la normas legales y constitucionales vigentes para el legítimo uso de armas
letales, es gravísimo desde el punto de vista del derecho, establecer en favor del
agentes del estado que ejecutan un acto que atenta contra la vida, que su
conducta se presuma legítima, eso atenta contra principios básicos de legalidad
penal y procedimental, estableciendo y consagrando desde el punto probatorio
una degradación de las reglas que regulan la carga de la prueba, en el marco de
un debido proceso.
En definitiva y para ser claro, y para que el pueblo lo sepa, en caso que
Carabineros o PDI, atente contra la vida de las personas que se manifiesten en
ejercicio del derecho de reunión o en el marco de una protesta social, el juicio
ante los tribunales tendrá una carácter retórico, no se podrá decretar prisión
preventiva a pesar de la gravedad del delito y el peligro para la seguridad de la
sociedad que la libertad de ese agente signifique, no será sometido a prisión
preventiva, y desde el punto de la atribución penal dirigida a una condena se
verá frustrada por la ausencia de un castigo porque esa conducta criminal estará
amparada por una eximente de responsabilidad penal, eso es lisa y llanamente
impunidad y eso en un Estado de Derecho es inaceptable.
Santiago 03 de marzo 2023
Carabineros de Chile N°33. Comuna de Santiago. Región Metropolitana.
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