El triunfo de la Unidad Popular en 1970 fue el corolario de un largo—y a veces accidentado— proceso de acumulación de fuerzas y de búsqueda de caminos comunes entre los diversos actores de la Izquierda chilena, fundamentalmente, de sus dos partidos principales, el Socialista y el Comunista.
La tradición política chilena durante gran parte de su historia ha estado marcada por la formación de gobiernos de coalición. La excepción sería el período del gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando en la primera elección parlamentaria después de su elección en 1964, la democracia cristiana obtuvo una abrumadora mayoría en el congreso en marzo del año siguiente. La DC pudo así poner en práctica su noción del “camino propio”, propuesta doctrinaria entonces planteada por Jaime Castillo Velasco, descartando posibles acercamientos a la Izquierda.
Para la Izquierda, en cambio, el proceso de buscar alianzas había sido siempre una necesidad, no sólo táctica—para su trabajo parlamentario, por ejemplo, donde la mayor parte del tiempo era oposición—sino también estratégica, para gobernar e intentar transitar el camino al socialismo.
Por cierto, los partidos de la Izquierda habían sido parte de gobiernos anteriores a la UP: los socialistas en el Frente Popular con Pedro Aguirre Cerca y después—temporalmente— con Juan Antonio Ríos. Dividido el PS a fines de los años 40, la facción mayoritaria, el Partido Socialista Popular, hizo parte del gobierno de Carlos Ibáñez en 1952, aunque temporalmente también (Clodomiro Almeyda fue Ministro del Trabajo, Carlos Altamirano, Subsecretario de Economía y Felipe Herrera, Gerente General del Banco Central, entre algunos de los más prominentes).
Por su parte, el Partido Comunista había llegado al gobierno en 1946 con Gabriel González Videla, de triste recuerdo, por cierto, ya que a poco más de un año en el gobierno las discrepancias entre el presidente y sus aliados llegaron a tal grado de hostilidad que González Videla dio un vuelco sólo comparable al de otro reciente traidor en América Latina, el ex presidente ecuatoriano Lenin Moreno. El PC terminó ilegalizado y gran parte de sus dirigentes y militantes perseguidos, encarcelados o recluidos en Pisagua.
A diferencia de esas previas experiencias, donde la Izquierda (o más claramente, los partidos marxistas) había dado su apoyo a partidos progresistas, pero que en la terminología izquierdista eran descritos como “burgueses”, lo que la Izquierda trató de construir a partir de la formación del Frente de Acción Popular (FRAP) en 1957, fue una coalición en que los partidos de la clase obrera fueran hegemónicos. La Unidad Popular fue la concreción de esa propuesta. Esto no estuvo exento de algunos problemas. Ya antes el FRAP se había formado sobre la base del eje socialista-comunista. Aunque en un momento fue numéricamente significativo, el Partido Democrático Nacional (PADENA) era un socio no determinante de las políticas de la alianza, que eran diseñadas básicamente por socialistas y comunistas. Sin embargo, los socialistas en ese tiempo, luego de alejarse de lo que caracterizaron como “colaboración de clases” habían adoptado una nueva política de alianzas que llamaron “frente de trabajadores” en la que sólo los partidos obreros tendrían cabida. El debate se daba en torno al Partido Radical, en esos años de un accionar político muy zigzagueante: opositor a Ibáñez, pero aliado a la Derecha con Jorge Alessandri de cuyo gobierno hace parte. Mientras los socialistas son muy reacios a aceptarlos, los comunistas—a pesar del mal recuerdo de González Videla—no se hacen problema en buscar un entendimiento con los radicales con algunos de los cuales cultivan muy buenas relaciones. El profesor universitario Alberto Baltra, por ejemplo, quien presidiera el Instituto Chileno-Soviético de Cultura y en 1961 incluso hiciera una defensa del Muro de Berlín.
Superadas las reticencias y desconfianzas, finalmente hacia 1969 ya queda constituida la coalición de la Unidad Popular. El hecho que la hegemonía evidente—por sus números—quedara en manos de los partidos de la Izquierda, ahora reforzados por la presencia de los ex DC que han formado el MAPU, termina por tranquilizar a quienes habían insistido en el pasado en la tesis del frente de trabajadores.
La Unidad Popular (UP) fue un importante logro de entendimiento político: corrientes de pensamiento marxista como eran el PC y el PS, se unían a sectores que proclamaban un cristianismo progresista e incluso revolucionario, como era el MAPU, junto a gente que seguía a un hombre de Izquierda independiente cuya trayectoria se remontaba al tiempo del gobierno de Ibáñez, como era Rafael Tarud y su Acción Popular Independiente (API). La suma a este conglomerado del Partido Radical, ahora firmemente situado en la Izquierda (su ala derechista abandonaría la tienda formando lo que se llamó Democracia Radical), vino a ser un complemento lógico y hasta necesario.
La UP era así y lo manifestaría una vez en el gobierno, un significativo logro de entendimiento muy amplio de la Izquierda y sectores progresistas tras la meta, nada menos, de llevar a Chile hacia la transición al socialismo. Dicho esto, sin embargo, ello no significaba negar que, junto a la unidad, el conglomerado político que gobernaría con Allende mostraría también otra muy importante faceta: su diversidad.
Por cierto, siendo una coalición de distintos partidos, la UP tendría también sus diferencias internas, eso era algo lógico. En todo caso, lo importante es que esas diferencias no pusieran en peligro la unidad misma del conglomerado. Aunque sobre esto todavía hay debate, estimo que es acertado decir que la UP demostró un razonable grado de unidad, tanto en su posicionamiento teórico como en la acción. Esto a pesar de quienes piensan que hubo falta de unidad y que incluso eso habría contribuido al golpe militar. Después de todo hay que reiterar que se trataba de partidos diferentes con sus propias culturas y en muchos casos, visiones del proceso, que—eso sí—concurrían a forjar una unidad y trabajar juntos para que el gobierno lograra sus objetivos.
En la medida que se agudizaba la situación de enfrentamiento entre la Izquierda y la oposición, algunas de esas diferencias sí se hicieron más notorias, aunque sin llegar a provocar un quiebre. Eso sí, algunos abandonaron el barco: un sector del Partido Radical, liderado nada menos que por Alberto Baltra, el mismo que pudo haber sido el abanderado de la UP en las elecciones de 1970, separó aguas del viejo tronco adoptando el nuevo nombre de Partido de Izquierda Radical. Eventualmente se alejaría completamente del gobierno.
El MAPU, por su parte tuvo también algunos problemas internos. En 1971 un sector que buscaba mantener sus raíces de cristianismo progresista se alejó y formó, junto a nuevos disidentes de la DC, la Izquierda Cristiana. Luego, cuando en su congreso de marzo de 1973 adoptara una línea más radicalizada, se declarara marxista y eligiera secretario general a Oscar Guillermo Garretón, el MAPU sufre una nueva escisión. Por un tiempo las facciones resultantes de la división fueron conocidas como MAPU Garretón y MAPU Gazmuri, esta última, como grupo más moderado. Mientras el MAPU Garretón funcionó más sincronizado al Partido Socialista y al MIR (este último, no un partido de la UP), el MAPU Gazmuri actuaba más en sintonía con el Partido Comunista. No fue misterio para nadie que Allende no estuvo para nada contento con la radicalización adoptada por el MAPU en su congreso y su relación con el MAPU Garretón no fue para nada amistosa. Curiosamente, cuando la facción más radical recurrió a los tribunales en defensa de su derecho a usar el nombre, el poder judicial les dio la razón. El MAPU Gazmuri pasó a llamarse MAPU Obrero-Campesino o MOC. Como sabemos, con el correr del tiempo y luego del golpe, ambos grupos perdieron relevancia y sus miembros terminaron integrados al Partido Socialista. Irónicamente, quien había sido jefe de la facción más radical, en tiempos de la democracia se convirtió en próspero empresario adoptando posiciones políticas afines a su nueva condición.
En la medida que las contradicciones entre gobierno y oposición se agudizaban, con la Derecha optando por el camino de acciones violentas tanto en sus manifestaciones y enfrentamientos con grupos de la UP, como en la implementación de prácticas abiertamente terroristas: sabotaje de líneas férreas, corte de carreteras, atentados contra oleoductos y gasoductos, en la Izquierda se debatía sobre cómo responder políticamente a la situación. La puesta en marcha del área de propiedad social había permitido incorporar al control estatal y con participación de los trabajadores a la mayor parte de la industria textil, a la metalmecánica y a la banca, entre otras. El recurso de la intervención de empresas por parte del Estado, basándose en el Decreto-Ley 20 heredado de los tiempos que siguieron a la República Socialista de los 12 Días, había sido aplicado exitosamente. Sin embargo, a más de dos años del gobierno de la UP, el número de empresas intervenidas sobrepasaba largamente la cantidad original prevista en el programa. Lo que ahora se caracterizaba como “proceso revolucionario”, con una amplia movilización de masas que con su toma de fábricas implementaba una política de debilitamiento de la clase dominante, adquiría dinámica propia.
Este escenario ciertamente creó una tensión interna que, de modo simple, se puede traducir en dos consignas difícil de conciliar: “avanzar sin transar” esgrimida por el Partido Socialista y “consolidar para avanzar” levantada por el Partido Comunista. En esto es importante aclarar que las consignas—contrariamente a lo que algunos aun piensan—no se deben tomar literalmente, no son declaraciones de principios. Lo que hace una consigna o slogan es sintetizar en una frase una cierta intención de acción, fácil de transmitir para propósitos básicamente propagandísticos.
El “avanzar sin transar” socialista no era una postura intransigente en materia táctica, donde legítimamente a veces un partido podía discrepar de la opinión de otros o de la del propio presidente, pero no dejaba de ser leal al proyecto político en su conjunto. El PS había discrepado de la inclusión de militares en el gabinete, medida que Allende introdujo en 1971 en medio de la primera ola de protestas orquestadas por la Derecha. Sin embargo, esa medida de Allende había sido una movida táctica y que no comprometía el cumplimiento del programa. Era sobre esto último, en los cual los socialistas entonces no estaban dispuestos a transar. Nótese que el principio de “cumplimiento del programa” esto es, el cumplimiento de las promesas hechas al pueblo había sido siempre un principio caro a toda formación política que se respete; el propio Partido Comunista había llegado a la ruptura y sufrido las consecuencias por su acción, cuando en 1947 había exigido a González Videla el cumplimiento del programa.
Por su lado, “consolidar para avanzar” resumía un paso táctico que sólo hubiera podido funcionar si se hubiera contado con la buena fe del hipotético interlocutor, que en este caso era la democracia cristiana. Sin embargo, luego que la dirección de ese partido había pasado a manos de su sector más derechista, su accionar ya no apuntaba a buscar soluciones dentro de la institucionalidad, sino que simplemente a sacar a Allende y la UP del gobierno. Por lo demás los comunistas tampoco se habían quedado atrás en mostrar una retórica revolucionaria en sus consignas: en un poster de las Juventudes Comunistas se leía: “la revolución no la para nadie”.
Sin embargo, el mayor obstáculo, siquiera para un eventual inicio de negociaciones sobre el tema, provenía de la dinámica revolucionaria creada entonces: en la práctica, “consolidar para avanzar” significaba en lo ganancioso para el gobierno y la UP, dar un status legal a las empresas intervenidas, mediante la legislación o los cambios constitucionales que fueran necesarios. Quedaba sujeto a la negociación cuáles serían esas empresas. En la práctica, sin embargo, tal hipotética movida significaba devolver a sus antiguos dueños una multitud de otras empresas (no estratégicas) que estaban en manos de los trabajadores y que éstos no estaban dispuestos a entregar. Suponiendo que la negociación hubiera prosperado y que un acuerdo en el sentido de “consolidar” lo que ya estaba de hecho en el área social se hubiera firmado, poner en práctica tal acuerdo hubiera creado un enorme problema para el gobierno de la UP. Si los trabajadores de esas empresas se hubieran opuesto a devolverlas ¿qué hubiera podido hacer el gobierno? Como señalamos antes, la dinámica del proceso social (¿revolucionario?) ya no era fácilmente controlable. ¿Tendría entonces el gobierno que recurrir a la represión para desalojar y devolver las empresas cuyo retorno se hubiera acordado en ese hipotético escenario de consolidación? En principio una alternativa impensable. Por lo demás, muy probablemente una movida así habría causado el quiebre de la UP ya que el Partido Socialista no hubiera podido aceptarla.
De todas maneras, como se demostró, no hubo tiempo de dilucidar cuál era la consigna que mejor reflejara la acción que el gobierno y la UP debían tomar en ese momento en que su diversidad también quedó a la vista, aunque sin perder su vocación unitaria. El golpe militar ya estaba en marcha, e incluso daba signos de ello.
La coalición de la Unidad Popular llegaba a 1973 en medio de muchas vicisitudes, en tanto que los que éramos testigos de esos momentos no podíamos sino indignarnos ante el creciente rol que las fuerzas armadas habían obtenido en virtud de la Ley de Control de Armas. Mientras, amparados en su supuesta neutralidad y apoliticismo de sus funciones, sectores de las FF.AA. conspiraban contra el gobierno y hasta empezaban ya a ensayar lo que sería su comportamiento represor, teniendo como víctimas a aquellos que dentro de sus propias filas habían querido impedir la conjura, denunciándola, pero teniendo poco eco en la propia UP. En un artículo que escribí el jueves 6 de septiembre de 1973 en el diario Última Hora que titulé “La sucia impunidad”, decía: “… Los recientes acontecimientos: intentonas golpistas y deliberaciones inconstitucionales en su interior, represión de sectores antigolpistas en la Marina e incluso flagelaciones de corte fascista, reafirman el hecho que sostenemos. Es evidente que estas son situaciones frente a las cuales el pueblo no puede permanecer impasible, observador: por el contrario, es necesario informarlo plenamente. Por otro lado, es preciso aclarar la suerte de los marineros torturados, expresar la solidaridad con ellos del mismo modo como repudiar los intentos de los uniformados reaccionarios de perseguir a los secretarios generales del Partido Socialista y MAPU. De esta manera, el tabú de lo militar entra a ser descorrido. Todo el pueblo debe enterarse y poder también entregar juicios acerca de sus actuaciones. En especial cuando en estas actuaciones, la rabia reaccionaria de algunos oficiales encuentra campo libre para sus instintos”.
El golpe nos sorprende en medio de este debate que traslucía la diversidad de opiniones al interior de la UP. Desde los pasos adecuados para asegurar la supervivencia del gobierno y el cumplimiento del programa, hasta cómo relacionarse con las fuerzas armadas eran temas del debate. ¿Era bueno este debate o, por el contrario, revelaba diferencias internas que podían debilitar al gobierno? Por cierto que fue bueno: si la unidad de las fuerzas de izquierda había sido un gran logro, el hecho que ésta se forjara manteniendo un sano intercambio de visiones a veces muy diferentes, daba testimonio también del carácter democrático del proyecto que encarnó Allende y la UP: una unidad de acción, en un ambiente de diversidad de puntos de vista.
Por Sergio Martínez (desde Montreal, Canadá)
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