El próximo 11 de septiembre, Chile conmemorará el doloroso hito que marcó su historia: el golpe de estado que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en 1973. Este evento trágico fue precedido por una serie de sucesos que exacerbó la división política en el país y sentó las bases para el quiebre democrático. Uno de esos momentos cruciales tuvo lugar el 22 de agosto de 1973, cuando la Cámara de Diputados votó una declaración que acusaba al gobierno de Allende de quebrantar el orden constitucional. A 50 años de aquellos acontecimientos, las heridas aún no han sanado por completo, y la polarización política persiste en la sociedad chilena.
La declaración del 22 de agosto de 1973, promovida por los diputados de la Democracia Cristiana (DC) y el disuelto Partido Nacional, acusó al gobierno de la Unidad Popular de violar una veintena de disposiciones constitucionales. Esta declaración fue utilizada posteriormente para justificar la intervención militar que condujo al derrocamiento de Allende. La controversia en torno a esta declaración ha perdurado a lo largo de los años, y su interpretación ha sido fuente de discusión entre diferentes sectores políticos.
La derecha política chilena, representada por partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evolución Política (Evópoli), ha mantenido una posición de respaldo a la declaración del 22 de agosto de 1973. A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados en el 50 aniversario de la declaración, estas bancadas reafirmaron su apoyo a lo expresado en esa época, sosteniendo que el gobierno de Allende había quebrantado el orden constitucional y legal.
Sin embargo, la persistencia de esta actitud polarizada y la justificación del golpe de estado evidencian la profundidad de las divisiones que persisten en la sociedad chilena. Aunque han pasado cinco décadas desde aquellos eventos traumáticos, la memoria colectiva sigue siendo una fuente de conflicto y diferencias irreconciliables entre diferentes sectores políticos.
El testimonio de Luis Maira
El testimonio de Luis Maira, entonces diputado que vivió los eventos de esa época, arroja luz sobre las tensiones y debates internos que rodearon la votación del 22 de agosto de 1973. Maira relata cómo se gestó gradualmente la idea de un golpe de estado contra Allende, y cómo la polarización política fue intensificándose a medida que se avanzaba en medidas económicas y sociales propuestas por el gobierno de la Unidad Popular.
En una columna publicada este martes en El Mostrador, Maira explica el papel que jugó la democracia cristiana en el curso del golpe. «E avance de esta iniciativa constitucional fue aumentando constantemente la polarización política entre Gobierno y oposición. Hubo muchos otros desacuerdos, pero este fue el que se constituyó en la columna vertebral y fue el que se usó para buscar la deslegitimación del Gobierno. Quizás eso explique la vivacidad con que los detalles de esa jornada persisten en mi memoria. Ese fue un día largo y dramático en que, después de defender la legitimidad del Gobierno, e insinuar que si se producía el Golpe de Estado, esto se utilizaría como su fundamento».
«Por ello, busqué dialogar con algunos dirigentes que pudieran cambiar su decisión. Así hablé con Bernardo Leighton, Renán Fuentealba y Mariano Ruiz-Esquide, tres democratacristianos de probadas convicciones democráticas. Me impresionó entonces que ninguno de ellos considerara la posibilidad de modificar su posición, argumentando que al interior del partido no se comprendería esta decisión y que esto fortalecería su aislamiento. Don Bernardo fue más allá. Me dijo “yo estoy en contra pero si rechazara esta declaración corro el riesgo incluso de que me expulsen del partido”. Fuentealba y Ruiz-Esquide, ambos senadores también, me dijeron que la inevitabilidad del golpe era, a esas alturas, un tema de consenso unánime al interior de la Democracia Cristiana y que, al margen del respaldo de cualquiera de sus dirigentes, no había nada que hacer. Esto se confirmó durante la votación posterior en la que no hubo ninguna deserción en el bloque opositor. A partir de ese momento, estuvo claro que cada madrugada podría traernos la noticia del golpe que, efectivamente, se produjo dos semanas después».
El Partido Comunista, en tanto, ingresó un nuevo proyecto de resolución que busca expresar el repudio de la Cámara por aquella controversial declaración del 73 que le imputaba al Presidente socialista la infracción de una veintena de disposiciones constitucionales. “La Cámara de Diputadas y Diputados condena, a 50 años del Golpe cívico militar, el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 contra el gobierno del Presidente Salvador Allende, rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República”, dice la propuesta del PC, que aún no estaba resuelto si se votará este martes o el miércoles, publica La Tercera.
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