El sistema de dominación puede asumir distintas características, una de ellas es la brutal y desembozada forma dictatorial que se instauró en Chile durante 17 años a partir del golpe de Estado de 1973, pero también se puede presentar con otras características bajo las formas de la democracia protegida, democracia de seguridad nacional, o de la democracia burguesa tradicional con un fuerte componente de Estado represivo y policial, período por el que transitamos hoy en nuestro país.
En el caso de Chile, todo este entramado institucional de dominación y represivo, en el plano económico, político, social y cultural, quedó plasmado en la Constitución del 80 y en el itinerario fijado en sus normas transitorias, que le permitieron a la dictadura –con el plebiscito del Sí y el NO del 88- seguir proyectándose en los gobiernos civiles, gobiernos que hasta el día de hoy mantienen inalterados los pilares fundamentales del sistema de dominación capitalista en su modalidad neoliberal.
Para poder determinar qué características ha adquirido el sistema de dominación hoy en Chile basta volver la mirada hacia el sur de nuestro país y preguntarnos cómo podemos definir, en términos de democracia/dictadura, lo que sucede en el Wallmapu, con estados de emergencia permanente, militarización, represión cotidiana y presos políticos mapuche.
La dominación y opresión obedece a intereses de clase bien precisos y la institucionalidad, en todos sus niveles y con todas las herramientas a su disposición, donde la Fuerzas Armadas y policiales son instrumentos fundamentales para la mantención del “estado de derecho, las instituciones republicanas y el orden público”, obedecen precisamente a los intereses de las élites y de la clase dominante, resguardando y favoreciendo los interés de los grandes conglomerados empresariales y económicos, tanto nacionales como internacionales.
Es evidente que las libertades civiles, culturales y políticas, que estaban restringidas al máximo durante la dictadura civil militar encabezada por Pinochet, hoy en día no tienen las mismas limitaciones y restricciones de aquella oscura y nefasta época dictatorial, pero cuando la organización y la protesta popular adquiere características de violencia política generalizada que siquiera amenace cuestionar las estructuras de poder o se proyecte poner en peligro la paz y el orden establecido haciendo tambalear parte de las estructuras de dominación institucionales, como ocurrió durante la rebelión de octubre del 2019, se ponen otra vez en marcha todos los instrumentos institucionales para salvaguardar el estado de dominación y las fuerzas policiales y armadas asumen nuevamente la labor de brazo armado y defensora de los intereses de la clase dominante, de manera similar a los períodos de la dictadura tradicional, con represión masiva e indiscriminada, encarcelamientos, mutilaciones oculares y asesinatos.
Como he manifestado en reiteradas reflexiones anteriores, la dictadura civil militar encabezada por Pinochet nunca fue derrotada y el arcoíris mágico de la ilusión de la derrota de la dictadura con un lápiz se desmorona como un castillo de naipes cuando se revisan y se leen con atención las disposiciones transitorias de la Constitución dictatorial del 80.
La Constitución de 1980 fue redactada por la dictadura civil-militar y fue aprobada a través del Decreto Ley N° 3464 el 8 de agosto de 1980, para ser posteriormente sometida a su ratificación en fraudulento plebiscito del 11 de septiembre de 1980. Su texto fue promulgado el 21 de octubre de 1980 por Decreto Supremo N°1.150 del Ministerio del Interior, entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, donde Augusto Pinochet fue nombrado Presidente de la República por un período de 8 años y el poder legislativo quedó en manos de la Junta Militar.
Lo anterior estaba estipulado en el Artículo 25 de la Constitución de 1980 (Capítulo IV Gobierno-Presidente de la República) y las disposiciones transitorias decimotercera y decimocuarta.
En la disposición transitoria vigesimoséptima de la Constitución de 1980, además, se establecía la fecha y el mecanismo para la realización del Plebiscito del SÍ y el NO de 1988.
De igual forma, la Constitución del 80 definía, a través de las disposiciones transitorias vigésimo octavas y vigésimo novenas, lo que sucedía tanto en el caso que ganara la opción SÍ, como en el caso que triunfara la opción NO en el Plebiscito del año 88.
En el archivo de la Biblioteca del Congreso Nacional se puede consultar el texto completo de la Constitución del 80, incluidas estas disposiciones transitorias citadas, en el siguiente link:
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/60446/3/132632.pdf
Por lo tanto, teniendo en cuenta estos antecedentes documentados, podemos concluir y afirmar que el Plebiscito del SI y el NO constituyó la etapa final de la consolidación institucional de la dictadura civil militar instaurada a partir del 11 de septiembre de 1973, mecanismo de participación electoral contemplado dentro del propio itinerario fijado en la Constitución de 1980, acordado por las elites políticas y los poderes fácticos como una fase imprescindible para proyectar la dictadura en los gobiernos civiles que la sucedieran.
Este camino institucional significó una potente derrota para los sectores democráticos, populares y revolucionarios que buscaban derrocar a la dictadura, utilizando para ello todas las formas de lucha.
El triunfo del NO fue una de las dos opciones incluidas en estas normas transitorias que permitieron el tránsito a un sistema de dominación de características muy bien definidas en el articulado permanente de la Constitución del 80, pero ahora bajo los gobiernos civiles post dictatoriales, gobiernos que se dedicaron a perfeccionar y profundizar el modelo económico, político, social y cultural establecido en dicha Carta Magna, incorporándole a lo largo de los años una serie de reformas, bajo las características democrático burguesas del sistema de dominación capitalista que sigue vivito y coleando hasta el día de hoy en su expresión neoliberal.
La Constitución del 80 así reformada, es decir, la actual Constitución Política de la República de Chile, fue refrendada con la firma del presidente Ricardo Lagos en septiembre del año 2005. Desde ese momento, la firma del dictador Pinochet dejó de estar presente en la Constitución chilena.
EL NUNCA MÁS Y LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN:
En septiembre se cumplirán 50 años del golpe de Estado de 1973 y, especialmente estos últimos meses, se han estado realizando numerosas y variadas acciones de denuncia y visibilización de las atroces violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civil militar, exigiendo verdad, justicia, reparación y fin de la impunidad, como una forma de romper con el negacionismo que ha tomado fuerza y se intenta imponer este último tiempo.
Estas movilizaciones y actividades están siendo impulsadas y llevadas a cabo principalmente por las organizaciones de derechos humanos y de los familiares de víctimas de la represión, pero también se han ido sumado otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil a esta campaña conmemorativa de los 50 años, la cual tendrá su mayor expresión y potencia durante el próximo mes de septiembre.
Una de las ideas fuerzas instaladas desde hace ya mucho tiempo ha sido la del “Nunca Más” y también, durante estos últimos años, el de “Garantías de No Repetición”, conceptos que se resaltan y repiten en cada una de las diferentes actividades que se efectúan.
Así, las denuncias públicas de las violaciones a los derechos humanos, los conversatorios, los documentales, las obras de teatro, el lanzamiento de libros, los poemas y las más variadas manifestaciones políticas, sociales, artísticas y culturales, remarcan que dichas manifestaciones sirven no solo para dar cuenta de lo ocurrido en dictadura, sino también para asegurar que esto nunca más vuelva a suceder en Chile.
Con estas movilizaciones lo que sí se deja claramente en evidencia es que, aun después de 50 años del golpe de Estado, todavía no tenemos verdad, justicia y castigo efectivo para los responsables, tanto civiles como militares, de las atrocidades cometidas.
La impunidad, a lo largo de estos estos años, se instaló en nuestro país. Un elemento más que da cuenta de ello es que a fines de este mes el gobierno firmará un decreto para impulsar de manera permanente y oficial un “Plan de Búsqueda Nacional”, prometiendo iniciar un camino para resolver en forma definitiva casi un millar de casos de detenidas y detenidos desaparecidos que siguen sin ser aclarados.
Pero, no basta que se declare o se proclame la necesidad de un “Nunca Más” y se establezcan o firmen documentos con “Garantías de No Repetición”, puesto que estos planteamientos, estas aspiraciones son solo deseos que terminarán transformándose en palabras al viento, en una retórica carente de fundamentos ideológicos, pues deja en el olvido el papel que tienen las fuerzas armadas y policiales como un instrumento al servicio de las elites y la clase dominante para la mantención del sistema de dominación, elementos que serán utilizados sin vacilación alguna cuando la organización popular, utilizando las más diversas formas de lucha, elabore los instrumentos que le permitan acumular la fuerza necesaria para construir, defender y consolidar el poder popular.
Pero será a través de este complejo y largo camino de organización y poder popular -orientado a acumular la fuerza necesaria para derrotar a las elites y a los grupos de dominación para avanzar en la construcción de una sociedad de nuevo tipo- donde los sectores populares, con sus propios instrumentos de dominación, puedan imponer en la práctica concreta el “Nunca Más”.
Solo así, y bajo esas circunstancias, se darán las condiciones y las garantías de no repetición necesarias para que la represión y la opresión, en sus más variadas formas de expresión, no afecte nuevamente a los sectores populares.
Guillermo Correa Camiroaga
Valparaíso agosto 2023
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