El proyecto de ley Frei de derechos humanos de agosto de 1995 fue tan a favor de la impunidad que el presidente de RN de la época, Andrés Allamand, lo consideró muy positivamente: “Proponía la designación de ministros de Corte con dedicación exclusiva por dos años a cargo de los juicios (…) establecía, al igual que el nuestro, un procedimiento secreto para recibir información (…) La originalidad era que en tales procesos el juez, en ninguna circunstancia, podía detener, arraigar ni someter a proceso a los inculpados. A diferencia de nuestro proyecto, no establecía un plazo perentorio para terminar los juicios, pero los sobreseimientos debían dictarse cuando se determinase el paradero de los desaparecidos, e incluso si ello no había ocurrido, cuando el Tribunal hubiere llegado fehacientemente a la conclusión de que el desaparecido ha fallecido y que no es posible establecer el paradero físico de sus restos. La propuesta iba mucho más lejos que la ley Aylwin y validaba plenamente la amnistía de 1978. ¿Qué otra cosa era establecer un juicio en que ni siquiera se podía encargar reo a nadie? En 1989 el programa de la Concertación planteaba abolir la amnistía; seis años más tarde, este proyecto la afirmaba” (La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999; pp. 441-2).
Por su parte, el PPD apoyó dicho proyecto, pese a las “concesiones” que estimaba que se hacían en él (Ver La Segunda; 22-8-1995). A su vez, el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Pablo Letelier dijo “que el PS está dispuesto a acoger la propuesta presidencial que implica renunciar a la posibilidad de individualizar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos pero no transará en la búsqueda de los detenidos-desaparecidos” (El Mercurio; 25-8-1995).
Y el clima de concesiones fue tal que el Presidente del Senado, Gabriel Valdés, dijo “que está convencido que de los dos proyectos sobre derechos humanos –el enviado por el Presidente de la República y la moción presentada por un grupo de senadores de oposición- saldrá, sin duda, un buen proyecto que solucionará definitivamente los problemas existentes” (El Mercurio; 25-8-1995).
De todas formas, la derecha y Pinochet presionaban por establecer taxativamente, además, una fecha de cierre de los procesos. Y como los socialistas se oponían a ello, el presidente del PDC, Alejandro Foxley, llegó al extremo de sostener que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente”, lo que suscitó una fuerte reacción de los diputados del PS Fanny Pollarolo, Sergio Aguiló y Jaime Naranjo que señalaron que dichas expresiones constituyen “una herida y una ofensa para todos los chilenos comprometidos con los valores de la verdad y la justicia” (La Segunda; 3-11- 1995).
Incluso el destacado historiador conservador y ex ministro de Pinochet, Gonzalo Vial, cuestionó severamente a Foxley: “Lo que no admite ninguna explicación es pretender ‘olvidar’ no ya los muertos, sino el derecho inalienable de sus familiares a sepultarlos. Esto, además de inexplicable, resulta inútil. No podemos seguir contando muertos, ha dicho un político. Pues, en eso seguiremos, inexorablemente, pase lo que pase, hasta que se dé una salida ética al problema. Es obvio que, de aquí a un siglo, nadie hablará de los restos de los detenidos-desaparecidos. Pero el país continuará en deuda –una deuda que, entonces, ni siquiera podrá esforzarse en saldar-, moralmente manchado, corrompido, y persistiendo en muchos el recuerdo envenenador de una gravísima y deliberada injusticia sin corregir, y de una falta colectiva sin expiar” (La Segunda; 14- 11-1995).
En este marco, el gobierno acentuó más el carácter de impunidad del proyecto dando origen al acuerdo “Figueroa-Otero” (por el ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el diputado de RN, Miguel Otero) que posibilitaba el sobreseimiento definitivo de las causas sin establecer siquiera la verdad respecto del paradero de los detenidos-desaparecidos. Dado lo anterior, la propuesta mereció el claro rechazo de las agrupaciones de familiares de las víctimas, de los organismos de derechos humanos, del PS, de los partidos de izquierda y de los sectores del PDC y del PPD más comprometidos con la causa de los derechos humanos. El carácter de “punto final” del acuerdo fue abiertamente reconocido por los propios dirigentes de RN, Andrés Allamand y Alberto Espina.
Y como Foxley señalara que la propuesta “Figueroa-Otero” no constituía un proyecto de punto final -criticando en este sentido a Espina- este último respondió que “cuando el señor Foxley dice en una entrevista que me he confundido en materia de derechos humanos, debo preguntar cuántos años de estudios de leyes tendrá él, cuántos cursos de derecho penal habrá hecho”; agregando que “Foxley saca las castañas con la mano del gato cuando en forma artificial trata de señalar que no hay sobreseimiento definitivo o que se van a hacer indicaciones. Uno de los grandes pecados de la dirigencia política de la Concertación es no decir las cosas por su nombre ante las personas que corresponde y que, por lo tanto, no sería un término de los procesos”. Señaló además, que “aunque se enoje el presidente de la DC, puedo asegurar que esa ley a lo que apunta es a hacer extensivos los efectos de la Ley de Amnistía a todos los casos de detenidos-desaparecidos. Lo quiero plantear así porque quiero mirar de frente a los familiares de éstos y decirles sobre qué base estamos legislando” (La Tercera; 17-11-1995).
Notablemente, la oposición que liquidó el proyecto vino de quienes menos se pensaba: ¡De las Fuerzas Armadas y Carabineros! Así, sus auditores generales le manifestaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que dicho proyecto era “restrictivo de la ley de amnistía y que perjudicaría los derechos de las personas que tienen que acogerse a esa norma”. También expresaron dudas de su “constitucionalidad y pidieron que se consulte al Tribunal Constitucional sobre aquella norma que priva a los jueces de algunas de sus facultades (someter a proceso). Esto último para evitar que una vez promulgada la ley, ésta se hiciera inaplicable por la vía de los recursos de inaplicabilidad ante los tribunales” (El Mercurio; 10-1-1996). A ello, se añadió un cambio de criterio de la Corte Suprema que, de acuerdo a Allamand, “pareció quitarle importancia al proyecto Figueroa-Otero cuando (…) reinició la aplicación de la amnistía en el sentido favorable a la no investigación del delito. El Mercurio, la UDI y el Ejército, al unísono, hicieron ver que con ello toda norma era innecesaria. ¡No había nada que modificar! –Esa no es ninguna garantía. La Corte Suprema puede cambiar veinte veces de opinión- insistía Miguel Otero… Al término de la sesión (en que los auditores expresaron su rechazo), no pude evitar dirigirme al fiscal Fernando Torres y los otros auditores -¡Por Dios que les va a costar caro! Esta oportunidad no se va a repetir. No les hizo mella. Me respondió el Torres, displicente y ufano: -El Ejército sabe mejor que nadie que es lo que le conviene” (Ibid.; pp. 463-4).
Lo que afortunadamente el Ejército, la UDI y El Mercurio no fueron capaces de calibrar fue que la eventual aprobación de la propuesta Figueroa-Otero habría tenido un gran efecto desmoralizador –sobre todo dada nuestra mentalidad extremadamente legalista- en las agrupaciones y en los organismos de derechos humanos y, en general, en las aspiraciones de justicia de la mayoría del pueblo chileno. Además, habría causado un daño gravísimo a la Concertación, puesto que el PS se habría considerado despreciado por el Gobierno –en relación a la derecha y los militares- en su punto más sensible, dada su trágica historia de persecución y muerte bajo la dictadura.
Sin embargo, lo más insólito y revelador es que el Gobierno insistió en tratarlo de hacer aprobar, pese a que sus principales “beneficiarios” lo rechazaron. Incluso en su afán de lograr su aprobación, el Gobierno le hizo un desaire inédito a Amnistía Internacional, que envió una misión de alto nivel con la finalidad de disuadirlo de seguir adelante con dicho proyecto. En el Informe que la delegación traía a Chile en marzo de 1996 se señalaba que la propuesta Figueroa-Otero “cerraría todos los procedimientos legales contra los autores de violaciones de derechos humanos en el período 1973-78 y limitaría las investigaciones judiciales a la localización de los restos de los desaparecidos” (La Epoca; 6-3-1996).
¡Ni Frei ni ningún ministro quiso recibir siquiera a la delegación! Su presidente, Javier Zúñiga, director del Programa Regional para América de Amnistía Internacional (y director adjunto de la Misión Civil de las Naciones Unidas de la OEA en Haití) señaló que “es la primera vez en mi larga carrera en Amnistía Internacional que no soy recibido a nivel ministerial” (Las Ultimas Noticias; 7-6-1996).
Es decir, ¡la prioridad que le concedió el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle a la consolidación de la impunidad en materia de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos fue tan alta!, que incluyó en ellas a los crímenes de lesa humanidad consistentes en la desaparición forzada de personas, haciendo total oídos sordos de las agrupaciones de familiares de víctimas, de las ONG, de los abogados de DD. HH., del PS, de sectores de otros partidos de la Concertación, de los partidos de izquierda de fuera de la Concertación, de la población en general y de las ONG internacionales de derechos humanos. Y sólo retiró su proyecto de total impunidad en abril de 1996, una vez que el proyecto de Reforma Constitucional que había presentado conjuntamente en agosto de 1995 fue rechazado por la derecha. Es decir, ¡hasta el final lo mantuvo como proyecto propio, más allá de la oposición que tuvo de las propias Fuerzas Armadas, de la UDI y de El Mercurio!…
Por Felipe Portales
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