Después de largos años y trámites judiciales, la Corte Suprema de Chile ha sentenciado que el ex presidente Eduardo Frei Montalva no fue asesinado por agentes de la dictadura de Pinochet. Como es lógico, esta resolución ha sido celebrada por quienes resultaban imputados como presuntos autores de este magnicidio, pero también por múltiples personas que hasta hoy absuelven a régimen Militar de crímenes y delitos de lesa humanidad. Esta satisfacción se ha expresado en declaraciones y columnas de opinión, así como también se ha expresado un amplio desencanto por la decisión de los más altos magistrados de la República. Entre ellos, los hijos del exmandatario y otras personalidades pertenecientes a la Democracia Cristiana, la colectividad política del extinto mandatario.
En opinión de los magistrados no existen pruebas contundentes que puedan demostrar fehacientemente la comisión de un homicidio, lo que en estricta razón tampoco puede descartar del todo que en la muerte de Frei no haya habido intervención de médicos, enfermeras y diversos cómplices. Toda vez que es innegable que en este deceso ocurrido en la clínica Santa María de la Capital se cometieron irregularidades, tales como realizar una autopsia sin los protocolos debidos y en que se le sustrajeron del cadáver piezas que fueran depositadas por años en un recinto de la Universidad Católica de Chile, lo que la propia familia de Frei tuvo conocimiento varios años después.
A esta altura de la historia, luego de constatados cientos de crímenes cometidos por la DINA, la CNI y otros diversos agentes de la represión pinochetista, para nadie debiera resultar extraño que también el Dictador haya resuelto eliminar a un opositor que para esos días emergía como la cara más visible y promisoria de la oposición. No obstante que Frei había estado entre quienes justificaron el Golpe Militar de 1973.
Es necesario consignar al respecto que todavía son centenares los casos de ultimados por la Dictadura que no han sido resueltos por la Justicia, de la misma forma que son abundantes las investigaciones y causas judiciales que terminaron en sentencias irrelevantes y muchos de sus autores cumplieran condenas irrisorias o se mantengan en total impunidad.
Si algo certero que se puede concluir del desempeño de los tribunales chilenos es la complicidad que demostraron muchos jueces en delitos horrorosos, como en la resistencia de muchos magistrados a dictar sentencias justas y actos de reparación. Pinochet mismo es el caso más vergonzoso, así como todavía existen en el país altos oficiales y civiles coludidos con gruesos delitos que nunca han sido siquiera procesados. En la trayectoria de la judicatura existen contundentes demostraciones de inocentes que han sido condenados, criminales absueltos, como jueces venales y corruptos, especialmente en períodos de autoritarismo y democracias febles. Hoy mismo es alta la sospecha respecto de magistrados en Chile sometidos al poder del narcotráfico y de otros que confían en que su abyección a la política les puede deparar ascensos en su carrera judicial. En un país, por lo demás, que no existe real autonomía de los poderes del Estado.
De esta manera, no hay razón alguna para estimar que ahora podamos tener certeza de justicia con el sobreseimiento definitivo de quienes ya fueron inculpados por otro alto magistrado que llevó la causa por largo tiempo y en cuya sentencia marco acusaciones que resultaban plenamente convincentes. Es así como muchos de los que no dan crédito a la resolución de la Corte Suprema estén dispuestos a acatarla sin más, mientras algunos hasta acusan de desacato a los que la descalifican. Para lo cual argumentan respetar el estado de derecho y no ahondar en un clima de dimes y diretes entre el oficialismo, la oposición y otros actores de la vida nacional crispados por este y otros hechos.
Lo que buscan muchos de los que acatan incondicionalmente los dictámenes de los tribunales es a construir una “verdad histórica” que tiene muchos visos de no constituir plena certeza respecto de la acontecido durante los 17 años de la Dictadura. En la pretensión, asimismo, de que la investigación histórica pueda detenerse y renunciar a demostraciones que sean mucho más plausibles que las actuales. Recién hoy en el mundo se descubren, respecto de lo acontecido en antiguas civilizaciones, hechos y explicaciones que contradicen las “verdades” establecidas por los libros de historia y los propios museos que guardan sus distintas manifestaciones.
Puede que transcurran muchos años y hasta generaciones antes que se despeje lo acontecido en relación a las extrañas muertes de sus más relevantes actores. De forma tal que los sendos informes sobre la situación de Derechos Humanos en Chile durante la Dictadura añadan otros acontecimientos en que se consigne, por ejemplo, lo acontecido con decenas de chilenos ultimados por la furia militar y de la cual hasta hoy no tenemos registro. Bien sea por la renuencia de las víctimas a ser investigados y puedan quedar al descubierto los horrores padecidos, o por tratarse de personas que viven en lugares remotos o decidieron nunca más retornar al país.
Lo más repugnante de todo es el placer que le produce a la derecha y a otros referentes pinochetistas una resolución judicial como la que comentamos, como si dependiera de este caso solamente condenar las actuaciones del que fue el terrorismo de estado puesto en práctica por los militares golpistas y acicateado por el silencio culpable de sus civiles adherentes. Como si la vida del presidente Frei fuera más importante que las de esos miles de modestos chilenos ultimados por la Dictadura. Sin que se dude de lo establecido por otras tantas sentencias judiciales que no se ponen en duda.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
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