Por: Daniel Lillo / Foto: Sofía Concha | Publicado: 27.08.2023
Un total de 166 documentos inéditos sobre la dictadura reveló Revista Anfibia en el especial “El Primer Civil de la Dictadura”. Entre varias revelaciones, la investigación da cuenta un aspecto poco explorado hasta el momento: El millonario “préstamo” con fondos públicos que otorgó la dictadura a El Mercurio y La Tercera, que nunca fue devuelto. “Cuando se habla del caso cero, del financiamiento con platas públicas a entes privados, debería identificarse a estos ejemplos como los verdaderos casos cero”, dice Juan Cristóbal Peña, periodista a cargo de la investigación, en conversación con El Desconcierto.
“El Primer Civil de la Dictadura. Los Archivos Secretos de Álvaro Puga”, se titula la investigación que lanzó el 22 de agosto Revista Anfibia en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado y el Museo de la Memoria. El proyecto multimedia contempla la liberación de 166 archivos inéditos de la dictadura, reportajes y artículos confeccionados en base a estos documentos, un podcast narrativo y un repositorio con una serie de cortometrajes propagandísticos realizados por la dictadura.
Juan Cristóbal Peña, escritor y periodista, estuvo a cargo de la investigación. En 2015, para el libro «La Secreta Vida Literaria de Augusto Pinochet», el periodista mantuvo una serie de entrevistas con Puga. De manera sorpresiva y en medio de una de estas entrevistas, el que fue en algún momento el encargado de la oficina de asuntos públicos de la dictadura, le entregó a Peña una pila de archivadores. Eran archivos secretos del régimen.
Discursos escritos por Puga y que pronunció Pinochet, planes de espionaje, informes políticos y operaciones propagandísticas y psicológicas, estaban contenidos en estos archivos que ven la luz a 50 años del golpe de Estado.
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“Hay que considerar que los documentos de la CNI fueron incinerados a comienzo de los 2000’ lo que derivó incluso en un fallo judicial que condenó a quienes habían eliminado esa documentación. Por tanto, no existe un archivo de la CNI y los archivos Puga vienen a llenar, en parte, ese vacío”, asegura Juan Cristóbal Peña en conversación con El Desconcierto.
Asimismo, hay otro aspecto esencial de esta investigación que releva Peña: la estrecha relación de la dictadura con los grandes medios de comunicación, en específico, con La Tercera y El Mercurio.
Junto con tener un rol activo en el encubrimiento de los crímenes de la dictadura, estos dos grandes conglomerados de prensa recibieron financiamiento de la dictadura para evitar la quiebra, lo que queda expreso en los archivos Puga.
“Cuando El Mercurio y el diario La Tercera estaban quebrados el año 82 y 83, el régimen a través del Banco del Estado, les entregó préstamos millonarios, que posteriormente fueron condonados o también permutados por avisajes publicitarios que siguieron publicándose ya entrada la democracia (…) Cuando se habla del caso cero, del financiamiento con platas públicas a entes privados, debería identificarse esos ejemplos como los verdaderos casos cero”, dice Peña en esta entrevista.
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—En la presentación de esta investigación se dijo que estos documentos venían a poner luz en ciertos lugares donde aún había sombra ¿qué aspectos del régimen despeja esta descalcificación de archivos?
Primero hay que considerar que estos documentos, en una buena parte, están vinculados a los servicios de inteligencia de la dictadura, particularmente a la Central Nacional de Informaciones (CNI). En ese sentido, los papeles muestran a la CNI no solo como organismo represivo, sino que también como un organismo activo, deliberante políticamente y comprometido con la propaganda dictatorial.
Es prácticamente un movimiento político de represión a la oposición de esa época, como también de apoyo irrestricto a quien encabeza la dictadura, que es Augusto Pinochet. Y hay que considerar que los documentos de la CNI fueron incinerados a comienzos de los años 2000′ lo que derivó incluso en un fallo judicial que condenó a quienes habían eliminado esa documentación. Por tanto, no existe un archivo de la CNI y los archivos Puga vienen a llenar en parte ese vacío, esa ausencia.
En definitiva, una parte de estos documentos muestra a trasluz lo que son las operaciones psicológicas, operaciones propagandísticas, montajes y el espionaje a figuras tanto de la oposición como del gobierno, en las que la CNI participaba y tenía un rol activo a través de sus agentes.
Eso me parece que es la principal importancia sobre lo que echa a luz estos documentos, tomando en cuenta que todavía existen bastantes sombras sobre el verdadero rol y el alcance en su amplitud que tuvo la CNI en la época del régimen.
—La investigación se articula a través de la figura de Álvaro Puga, ¿qué tan preponderante fue el rol que jugó en el régimen?
Como lo evidencian los papeles, hay dos periodos que pueden ser clasificados por décadas. Los años 70 y los años 80. En los años 70, Puga tuvo una preponderancia fundamental desde las primeras horas del golpe de Estado. Él fue el autor de los primeros bandos militares emitidos el 11 de septiembre del 73’ y, por tanto, fue de alguna forma el guionista del golpe. Y luego está su rol de planificador, incluso intelectual, de esta revolución cultural que significó la dictadura desde sus primeros días.
Él fue una persona de plena confianza de los militares. Si bien era civil, tuvo un cargo de importancia en el régimen. Puga fue el hombre encargado de la oficina de asuntos públicos del régimen y, por ende, censuraba a la prensa, cautelaba la autocensura que existía en ese momento, llevaba las relaciones con los corresponsales extranjeros y lo poco que podían decir en ese momento, determinaba las publicaciones que se hacían. Es decir, decidía qué se podía publicar y qué no.
Puga, también, fue el encargado de darle un relato épico y fundacional a la dictadura, por ejemplo, proponiendo el monumento que se conoce como “Llama Eterna de la Libertad”, y de imponer la idea de que, el 11 de septiembre del 73, marca una segunda independencia para Chile.
Eso lo idea y ejecuta Álvaro Puga, haciendo un paralelo muy claro con Bernardo O’Higgins y Augusto Pinochet, como si el 11 de septiembre fuese una gesta libertadora.
—¿Y en los 80’?
Todo esto que describo fue principalmente entre 1973 y 1978. La década de los 80’ ya es otra historia. En esa época, Puga actúa desde un lugar más sumergido, no como un funcionario público, pero sí financiado por el erario público, siendo asesor de la CNI y posteriormente de Pinochet.
Él es un articulador de la CNI, dotando información para las tareas represivas, pero también esa función se amplía al mundo de la derecha civil. Estamos hablando de comienzos de los 80 donde hay una crisis económica que deriva en protestas, en descontento social y que genera una crisis política al interior de la dictadura.
En ese contexto, Puga es la persona encargada de dar cuenta mediante métodos propios del espionaje de la crisis que se vive al interior de la dictadura. Infiltrándose bajo métodos como las escuchas telefónicas, el uso de micrófonos o apelando a informantes, Puga obtuvo detalles de las reuniones que sostenían dirigentes políticos de derecha desde la antigua CNI a lo que entonces era el gremialismo y sería después la UDI.
Él, en el fondo, está permanentemente acusando conspiraciones y en concreto, a los civiles que quieren desembarcarse de la dictadura en su momento más crítico y, a la vez, es alguien que está promoviendo permanentemente la perpetuación de Pinochet en el poder, apoyando la idea de que se concrete un movimiento político que surge y depende directamente de la CNI, como es Avanzada Nacional, que se transforma en partido político, sin ir más lejos.
—Como lo menciona, Puga protagonizaba una clara disputa por el poder con los gremialistas ¿cómo convivió Puga con la figura de Jaime Guzmán?
En rigor, y así da cuenta el libro «La Historia Oculta del Régimen Militar», el que llega primero, antes que cualquiera, es Álvaro Puga, como encargado de la Oficina de Asuntos Públicos. Jaime Guzmán era su subalterno en un comienzo. Pero Guzmán era una persona hábil, talentosa, que supo escalar rápidamente y despegarse de quienes en principio manejaban el poder desde el lugar de los civiles, que eran los hombres de Puga, y que eran en su mayoría afines al nacionalismo.
Prontamente, Guzmán logra tener bastante influencia. No solo de manera individual, sino que colectivamente. Él logra de manera acelerada ir ubicando a su gente en cargos de relevancia de la administración pública, y prontamente también toma distancia del pensamiento nacionalista.
Guzmán comulga con los Chicago Boys, estableciendo una alianza que le pasa la cuenta ya en los años 80’ cuando viene la crisis económica que, en parte, se les endosa a ellos. Hasta poco antes de que se desatara esa crisis, los Chicago Boys eran reconocidos como autores del “milagro económico”. Ese es el origen de la pugna. Es un error ver esta disputa entre nacionalistas y gremialistas como una disputa ideológica.
Ya en los años 80’ la polémica es por los puestos gobierno, por la influencia y por el poder en la dictadura. Desde fines de los 70’ se empieza a hablar de los duros y los blandos, identificando a los duros con los nacionalistas y a los blandos con el gremialismo.
Esa distinción, en todo caso, me parece que es engañosa porque para el éxito de los gremialistas, para el auge de los Chicago Boys y, en definitiva, para que esas políticas económicas y sociales lograran ser impuestas, solo fue posible gracias a una política represiva que llevaba a cargo la DINA, que se identificaba más claramente con el nacionalismo. Lo mismo ocurre luego con la CNI. Tanto el director de la DINA, Manuel Contreras, como el director del CNI, Humberto Gordon, se identificaban con el nacionalismo.
Entonces es un horror verlos así tan explícitamente como si unos fueran mejores o más buenos que otros. Ambos se necesitaban. Los gremialistas no habrían podido jamás gobernar sin que alguien hiciera el trabajo sucio y quienes lo hicieron están pagando en parte esos crímenes. Y en ese sentido, el resto de los civiles que formaron parte de la dictadura, tuvieron una salida marcada por la impunidad. Ellos eran, probablemente, a quienes Piñera se refería como cómplices pasivos de la dictadura, que de pasivos en realidad tuvieron poco.
—Una parte interesante de esta trama, y que da cuenta la investigación, es cómo la CNI comenzó a seguir a Guzmán ¿Eso cómo se comprueba en este proyecto?
Yo diría que es bastante claro que sí se comprueba, porque hay evidencia de que Puga estaba completamente al tanto de las reuniones fundamentales que tenía Jaime Guzmán en ese año crítico de 1983.
Puga habla de instalar un micrófono en esas reuniones, y entrega un informe al detalle, como si hubiera estado en esas reuniones o como si hubiera tenido micrófonos. Por tanto, hay evidencia de que Puga sí apeló a métodos de la inteligencia y de espionaje para seguirle la pista a Jaime Guzmán.
Hay un documento de la DINA que da cuenta de las reuniones que hace Jaime Guzmán con sus alumnos y dice textual, entre comillas, que les da retiro en su departamento, con el domicilio exacto. Luego en el año 80’, además de estos informes, Álvaro Puga en una entrevista de la revista Hoy, da cuenta de donde Jaime Guzmán cambia los cheques que recibía del gobierno como asesor, en la sucursal del Banco del Estado en la comuna de Providencia. O sea, eso solamente puede ser posible con tareas de espionaje y en particular de seguimiento.
Puga, en ese sentido, estaba obsesionado por conocer los movimientos y por denunciar las supuestas conspiraciones que tenía la derecha gremialista en ese año crítico de 1983.
Por eso, hay que también leer esos documentos en contexto, y lo que procuramos hacer con quienes trabajamos en este proyecto es contrastar, confirmar y poner en contexto todo lo que aparece en los papeles.
—Otro aspecto interesante que evidencia la investigación es cómo Puga ejercía una gran influencia en los medios. ¿Cómo queda expreso esto en el proyecto?
Álvaro Puga estableció contacto con los que fueron directores de los medios desde fines de los 60′ en torno al “Club de los Viernes” que se celebraba en los salones del Club de la Unión. Esos contactos fueron fundamentales para la tarea que cumplió, primero en la oficina de asuntos públicos y luego como asesor de la CNI.
Puga se consideraba un experto propagandista y en parte lo era. Él proponía y aplicaba lo que era conocido como planes de acciones psicológicas o subliminales que decían en relación con influir psicológicamente en la población, a través de los medios masivos. Esto se expresó en la elaboración de documentales políticos en los años 70’ que pasaban al comienzo de las películas en los cines chilenos, tal como lo muestra uno de los reportajes que contiene la serie que publicamos.
Luego, este afán propagandístico de la dictadura, se expresó a comienzos de los 80’ a través de la campaña del décimo aniversario del golpe, que organizó Álvaro Puga junto a la CNI por encargo de Pinochet. Para esa campaña en específico, la dictadura otorgó un presupuesto millonario de 2.500 millones de pesos de la época, que es dinero que jamás se rindió.
A la vez, Puga tenía una red de periodistas que simpatizaban y colaboraban con la CNI. Un aspecto que queda explícitamente expuesto en los documentos que se revelan en esta investigación. En los papeles se habla de que les pagan a periodistas, incluso, de algunos que son directores de medios, como por ejemplo Alberto Guerrero, quien fue director de La Tercera en los años 80’. También se menciona en uno de los documentos -textualmente- que Guerrero es “uno de los nuestros” refiriéndose a la CNI.
—¿Qué rol en concreto tuvieron los grandes medios en la propaganda dictatorial?
Vistos en contexto, los documentos permiten dar cuenta de la complicidad de toda la prensa oficialista, con más o menos matices, con la dictadura. La dictadura no solo estableció relaciones sociales y políticas con periodistas y con directores de medios, sino que también dio préstamos millonarios para las dos grandes cadenas de medios escritos chilenos, que fueron salvadas cuando atravesaron una severa crisis económica.
Cuando ambas cadenas, estamos hablando del diario El Mercurio y el diario La Tercera estaban quebrados hacia el año 82 y 83, el régimen, a través del Banco del Estado, les entregó préstamos millonarios, que posteriormente fueron condonados o también permutados por avisajes publicitarios que siguieron publicándose ya entrada la democracia.
El Mercurio y La Tercera recibieron esa ayuda fundamental que les permitió sobrevivir y ellos la pagaron con avisaje. Algo que es bastante escandaloso.
Cuando se habla del caso cero, del financiamiento con plata pública a entes privados, debería identificarse esos ejemplos como los verdaderos casos cero. Más aún, considerando el agravante o el simbolismo que significa que La Tercera y El Mercurio fueron los únicos diarios a los cuales se les permitió circular al día siguiente del golpe de Estado.
Hay un bando que redacta Puga, el cual permite a estas dos únicas cadenas que permanecen con vida hasta el día de hoy. Y si permanecen con vida, es gracias a las platas que le otorga la dictadura para su sobrevivencia. Financiamiento que finalmente no terminan devolviendo o terminan haciéndolo como quieren, que es a través de avisaje.
—En los documentos también hay alusión a la Operación Colombo ¿Cómo queda expresado esto en la investigación?
Sí, en rigor, en la documentación que nosotros damos a conocer, no hay alusiones al papel de Puga en la Operación Colombo, pero sí respecto a planes propagandísticos y operaciones psicológicas que se proponen a comienzos de los 80 para desacreditar y criminalizar las protestas.
En ese momento, desde la dictadura, se propone atribuir acciones de delincuencia a quienes están organizando y participando de las protestas.
Ahora, respecto a la Operación Colombo, creo que estos papeles dan cuenta sobre quién ejecutó esa tragedia, a la vez que demuestran que no fue una acción aislada, sino que tanto de Puga como de los organismos represivos de la dictadura. Fue una práctica sistemática, donde la dictadura sabía que podía contar con los grandes medios que la sustentaban para, no solamente darle apoyo político, sino que también para encubrir y echar sombras sobre los crímenes que cometían.
Ahí hay una complicidad sobre la cual la prensa nunca ha dado explicaciones y quizás ya vendría siendo hora que lo hiciera.
El actual dueño de La Tercera ya era dueño a fines de los 80 de Copesa. La familia de Edwards sigue siendo dueña del diario El Mercurio. Y en particular, sin duda, el caso más oprobioso es el de La Segunda que, ojo, no se salvan los otros medios. Pero efectivamente el caso más oprobioso es ese titular del diario La Segunda, cuyo autor intelectual es Álvaro Puga, sobre el cual ni La Segunda y la cadena de diario El Mercurio jamás han dado una explicación, como si no hubieran tenido parte en ese titular (Exterminados como ratones).
Me parece, como dije, que sería interesante ver qué reacción tienen en estos días estas dos grandes cadenas de medios sobre su responsabilidad como encubridores y como cómplices de los crímenes de la dictadura. Aunque me temo que, si no lo vimos para los 10, los 20, los 3o o los 40 años del golpe, no lo veremos nunca. Ojalá me equivoque.
—Durante los últimos meses hemos visto el crecimiento de una corriente negacionista que busca relativizar o de plano desconocer los crímenes de la dictadura. Hace unos días, la diputada Naveillan dijo que los crímenes de carácter sexual que cometieron los agentes del régimen eran una “leyenda urbana”. Estos documentos que se revelan también dan cuenta de la violencia sexual que ejerció la dictadura.
Primero, algunos de los documentos reafirman lo que a esta altura resulta evidente, que es que hubo prácticas horrorosas, entre ellas, prácticas de delitos sexuales, en todas las épocas de la dictadura. Y me parece que ahí la prensa también tiene una responsabilidad para no convertirse en meros transmisores de esta temática tan sensible para las víctimas, que ofende, o vuelva a ofender a las víctimas.
Quién soy yo para decir lo que tiene que hacer la prensa. Pero a lo menos como lector, como público, creo que debiera generarse una distancia con respecto a estos hechos tan sensibles, sobre los cuales no puede haber interpretaciones.
Son hechos históricos a estas alturas. No solo se puede dar cuenta de quienes emiten estas opiniones, sino que también hay que contrastarla al momento en que se está informando sobre estas declaraciones que caen en el negacionismo más evidente.
En ese sentido, los documentos que estamos dando a conocer contribuyen a dar luz sobre el horror de la dictadura, sobre su ilimitada maldad, donde tenemos, por ejemplo, propuestas de violación a una menor para criminalizar la primera concentración de la oposición que ocurre en noviembre de 1983.
Ahí hay propuestas para sembrar el terror mediante actos de violencia sexual. Entre otros horrores que se plantean, en los archivos se expresan actos intimidatorios, que van desde organizar los vuelos rasantes de aviones sobre poblaciones de Santiago para generar terror, hasta provocar autoatentados y llevar a cabo montajes atribuibles a la oposición.
En consecuencia, frente a la liviandad con que se está opinando sobre lo que fue la dictadura, creo que hay que volver a la evidencia, no más que eso. No se pide más que analizar el periodo con evidencia, con documentos, con archivos, que es lo que estamos proponiendo y sacando a la luz pública con este especial de El Primer Civil de la Dictadura.
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