Este martes las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano de la Cámara de Diputadas y Diputados expresaron su respaldo a la declaración de los diputados de derecha y demócratacristianos de agosto de 1973 en la que acusaron al gobierno de la Unidad Popular de un «grave quebrantamiento del orden constitucional» y fue vista como una «luz verde» para el sangriento golpe militar.
Este respaldo de la actual oposición a 50 años de ocurrido el golpe de estado ha generado una intensa controversia política al ser visto como un acto innecesario que solo busca la justificación del golpe y de los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. La aprobación de esta lectura en la Sala de la Cámara de Diputados, gracias a la ausencia de diputados oficialistas en ese momento, ha generado un debate inflamado sobre la interpretación histórica y política de los eventos ocurridos hace casi cinco décadas.
La derecha logró que se leyera en la Cámara la resolución de 1973 que antecedía y pavimentaba el camino al golpe. Lo que no se ha leído, y tampoco hasta el momento publicado, es la respuesta que el presidente Salvador Allende dio a esta infame resolución.
Al pueblo de Chile
La Cámara de Diputados ha aprobado con los votos de la oposición un acuerdo político destinado a desprestigiar al país entero en el extranjero y crear confusión interna. Facilitará con ello la intención sediciosa de determinados sectores.
Para que el Congreso se pronuncie sobre el comportamiento legal del Gobierno existe un solo camino: la acusación constitucional según el procedimiento expresamente contemplado por la Constitución. En las elecciones parlamentarias últimas sectores opositores trataron de obtener dos tercios de los senadores para poder acusar al Presidente. No lograron suficiente respaldo electoral para ello. Por eso ahora pretenden mediante un simple acuerdo producir los mismos efectos de la acusación constitucional. El inmérito acuerdo aprobado no tiene validez jurídica alguna para el fin perseguido ni vincula a nadie. Pero contiene el símbolo de la renuncia por parte de algunos sectores a los valores cívicos más esenciales de nuestra democracia.
En el día de ayer los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno, a que se indisciplinen contra la autoridad civil del Estado a la que están subordinadas por mandato de la Carta Fundamental, a que asuman una función política según las opiniones inconstitucionales de la mayoría de una de las ramas del Congreso.
Que un órgano del Poder Legislativo invoque la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden frente al Gobierno democráticamente elegido significa subordinar la representación política de la Soberanía Nacional a instituciones armadas que no pueden ni deben asumir funciones políticas propias de la representación de la voluntad popular. Esta última en la democracia chilena está delegada exclusivamente en las autoridades que la Constitución establece. Ninguna magistratura, ninguna persona ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto que contravenga este artículo es nulo. (Artículo 4 de la Constitución vigente).
El Presidente de la República en uso de sus atribuciones privativas, ha confiado responsabilidades ministeriales a las Fuerzas Armadas y Carabineros para cumplir en el Gabinete un deber superior al servicio de la paz cívica y de la seguridad nacional, defendiendo las instituciones republicanas frente a la insurrección y el terrorismo. Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de Gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado. Con ello, la oposición que dirige la Cámara de Diputados asume la responsabilidad histórica de incitar a la destrucción de las instituciones democráticas y respaldan de hecho a quienes conscientemente vienen buscando la guerra civil.
Dicha mayoría ha desnaturalizado el contenido de la facultad fiscalizadora que el Artículo 39 N� 2 otorga a la Cámara que establece que los acuerdos y observaciones adoptadas «se trasmitirán por escrito al Presidente de la República» -no directamente a los Ministros, como se ha hecho-, y que «no afectarán la responsabilidad política de los Ministros» mientras que sí la contempla el acuerdo mencionado.
Con una fundamentación llena de afirmaciones ya antes refutadas en su integridad por el Gobierno por gratuitas o infundadas, en su mayor parte reversibles contra el uso que la oposición ha hecho de su mayoría parlamentaria, ésta pretende destruir el basamento institucional del Estado y del Gobierno republicano, democrático y representativo.
El acuerdo aprobado, más que violar, niega la substancia de toda la Constitución. Y de modo directo los artículos, 1,2, 3, 4, 9, 10, 22, 23, 39, 60, 71, 72 y 78b de nuestra Carta Fundamental.
La oposición está abjurando de las bases del régimen político y jurídico establecido solemnemente en la Constitución de 1925 y desarrollado en los pasados cuarenta y siete años. Pretende, asimismo, constituir a la Cámara de Diputados en poder paralelo contra la Constitución y revela su intención de concentrar en el Congreso el poder total al arrogarse funciones del Ejecutivo, además de las legislativas que le son propias.
La democracia chilena es una conquista de todo el pueblo. No es obra ni regalo de las clases explotadoras, y será defendida por quienes con sacrificios acumulados de generaciones la han impuesto.
Con tranquilidad de conciencia y midiendo mis responsabilidades ante las generaciones presentes y futuras, sostengo que nunca antes ha habido en Chile un gobierno más democrático que el que me honro en presidir, que haya hecho más por defender la independencia económica y política del país, por la liberación social de los trabajadores. El Gobierno ha sido respetuoso de las leyes y se ha empeñado en realizar transformaciones revolucionarias en nuestras estructuras económicas y sociales.
Reitero solemnemente mi decisión de desarrollar la democracia y el Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias. Y, como dijera el pasado día 2 en carta al Presidente del Partido Demócrata Cristiano, «es en la robustez de las instituciones políticas donde reposa la fortaleza de nuestro régimen institucional».
El Parlamento se ha constituido en un bastión contra las transformaciones y ha hecho todo lo que ha estado en su mano para perturbar el funcionamiento de las finanzas y de las instituciones, esterilizando cualquier iniciativa creadora. Anteayer, la mayoría de la Cámara de Diputados, al silenciar toda condena al terrorismo imperante, en el hecho lo ampara y lo acepta. Con ello, facilitan la sedición de los que quieren inmolar a los trabajadores que bregan por su libertad económica y política plenas. Por ello me es posible acusar a la oposición de querer impedir el desarrollo histórico de nuestra legalidad democrática, elevándola a un nivel más auténtico y alto. En el documento parlamentario se esconde tras la expresión «Estado de Derecho» una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado.
Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista.
Con estas acciones la reacción chilena descubre ante el país entero y el mundo los intereses egoístas que defiende.
Son muy trascendentes y graves las medidas económicas y políticas que nuestro país necesita para superar la crisis total a que se nos está queriendo arrastrar, medidas que el Gobierno adoptará pese a los obstáculos que se ponen por delante y en las que ha solicitado la colaboración de los sectores democráticos de oposición.
Pero cuando a la parálisis de las instituciones impuesta por el Congreso sucede el intento de destruir al propio Estado, cuando la formidable ofensiva que se ha desencadenado atenta directamente contra la democracia y el régimen de derecho, mi deber patriótico me obliga a asumir y usar en su plenitud todos los poderes políticos y administrativos que la Constitución me confiere como Jefe Supremo de la Nación.
Cada ataque, cada peldaño que franquea la reacción en su afán de destruir las vidas, los bienes materiales, las instituciones cívicas y las militares, obra esforzada de décadas de historia, fortalecen mi ánimo, multiplican mi voluntad de luchar por el presente de tantos millones de chilenos que buscan paz, bienestar y amor para ellos y la patria.
Hoy, cuando la reacción embiste de frente contra la razón del derecho y amenaza de muerte a las libertades, cuando los trabajadores reivindican con fuerza una nueva sociedad, los chilenos pueden estar seguros de que el Presidente de la República, junto al pueblo, cumplirá sin vacilaciones con su deber para asegurar así la plena realidad de la democracia y las libertades, dentro del proceso revolucionario. Para esta noble tarea convoco a los trabajadores, a todos los demócratas y patriotas de Chile.
Salvador Allende G.
Presidente de la República
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