En un importante acontecimiento judicial, la Corte Suprema ha emitido una sentencia definitiva con respecto a un caso trascendental de violaciones a los derechos humanos ocurrido en Chile durante septiembre de 1973. El fallo unánime de la Segunda Sala del máximo tribunal condena a siete miembros retirados del Ejército por su participación en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado de dos víctimas emblemáticas: el cantautor Víctor Lidio Jara Martínez y el director de prisiones de la época, Littré Abraham Quiroga Carvajal.
El fallo establece que los delitos tuvieron lugar en el contexto del golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 en Chile. Littré Quiroga Carvajal, quien era director general del Servicio de Prisiones, fue detenido después de intentar presentarse ante las nuevas autoridades. Fue sometido a apremios físicos y luego trasladado al Estadio Chile (hoy Estadio Víctor Jara), donde sufrió agresiones y torturas.
Por su parte, Víctor Jara Martínez, reconocido cantante, profesor e investigador de la Universidad Técnica del Estado, fue detenido junto con otros docentes y estudiantes en la misma institución educativa. Fue llevado al Estadio Chile, donde fue reconocido y maltratado por su influencia artística y política. Fue sometido a torturas físicas y agresiones violentas, muriendo a consecuencia de múltiples disparos de bala.
En fallo unánime (causa rol 7.885-2022), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministro Haroldo Brito, Jorge Dahm, la ministra Eliana Quezada y las abogadas (i) Carolina Coppo y Leonor Etcheberry– descartó error en la sentencia recurrida, dictada Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios; y a 10 años y un día de presidio, como autores de los secuestros calificados. En tanto, el otrora oficial Rolando Melo Silva deberá purgar 5 años y un día y 3 años y un día de presidio, como encubridor de los homicidios y los secuestros, respectivamente.
El fallo y sus fundamentos
La sentencia unánime de la Corte Suprema confirma las condenas impuestas por la Corte de Apelaciones de Santiago. Los condenados recibieron penas de 15 años y un día de presidio por homicidios calificados, y 10 años y un día de presidio por secuestros calificados. El fallo rechaza los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados, argumentando que las afirmaciones carecen de sustento y que la sentencia original cumple con los requisitos legales.
El fallo también aborda aspectos legales relacionados con la prueba, estableciendo que las presunciones judiciales deben basarse en hechos reales y probados. La Corte Suprema enfatiza que las exigencias de gravedad, precisión y concordancia en las presunciones judiciales no pueden ser controladas a través de los recursos presentados, ya que son cuestiones de juicio y valoración propios de los jueces de instancia.
El fallo de la Corte Suprema representa un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen civil militar en Chile. La condena de los responsables de los delitos de secuestro y homicidio de Víctor Jara y Littré Quiroga es un recordatorio de la importancia de la verdad, la memoria y la justicia en la construcción de un país democrático y respetuoso de los derechos humanos. Este fallo histórico también demuestra la capacidad del sistema judicial para abordar crímenes cometidos décadas atrás y llevar a los culpables ante la justicia, lo que es fundamental para evitar la impunidad y garantizar que tales atrocidades no se repitan en el futuro.
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