Para Héctor Salazar, en entrevista con Cambio21, además falta dilucidar todo lo que era el patrimonio del país, a través de las empresas del Estado que fue saqueado y comprado a precio de huevo. Eso era de todos los chilenos y eso no se ha investigado en lo absoluto. "No hay ninguna acción de ningún sector que apunte a abrir un proceso de investigación de lo que fue la privatización de las empresas del Estado", afirmó.
Héctor Salazar, abogado especializado en Derechos Humanos, conversó con Cambio21 para
poder explicar qué es lo que ha sucedido en el ámbito judicial con los
procesos que los tribunales llevan con relación a los casos de lesa
humanidad, a raíz del fallo que condenó a 75 exagentes de la DINA por la
denominada "Operación Colombo".¿Qué casos piensa que se debieran resolver ahora sobre este tema?
Mi impresión es que quedan pocos casos pendientes por aclarar, en el sentido de dejar establecido a través de una investigación judicial, que esas personas fueron objeto de graves violaciones a los derechos humanos. Sí tengo una grave aprehensión con respecto al avance de estos procesos y dice relación con que estas investigaciones han podido determinar, en general, las responsabilidades más directas, de los ejecutores materiales y de sus jefes inmediatamente superiores. Ha sido difícil escalar en las responsabilidades de quienes diseñaron e implementaron, desde las más altas cúpulas del Estado, esta política de represión criminal.
En cuanto a los otros casos que forman la Operación Colombo ¿cuáles diría que son los más emblemáticos?
A mí no me gusta hablar de casos emblemáticos, porque siento que se hace discriminación en cuanto a que hay víctimas más importantes que otras. Desde mi punto de vista, todas las víctimas tienen el mismo grado de importancia en cuanto a la gravedad de lo que sufrieron y todas merecen nuestra especial atención. Desgraciadamente, por razones de conocimiento más masivo de unas víctimas sobre otras, debido a la exposición que tienen esos casos, que los tildan de emblemáticos.
¿Cree que se ha llegado a una etapa en que los crímenes de lesa humanidad se han agilizado o que estamos en un punto en el que sólo queda cerrar procesos?
Desde el punto de vista de las investigaciones y esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, creo que la tarea está hecha entre un 90% y un 95%. Creo que nunca va a ser posible establecer la verdad en todos los casos, pero yo diría que, a través de las investigaciones judiciales, y sobre todo en los avances de los últimos diez años con la designación de jueces especiales o con dedicación exclusiva, la verdad de lo que ocurrió está establecida. Desde ese punto de vista, creo que es poco lo que queda por avanzar y va a ser muy difícil, en último término, cerrar completamente el círculo, en especial con los detenidos desaparecidos.
¿Entonces, qué podemos esperar de aquí en adelante?
Lo que podemos esperar, es que a partir de esa verdad rescatada, y que ha costado mucho rescatarla, queda trabajar por ejemplo en esas otras dimensiones en donde la mano de la dictadura se proyectó criminalmente. Todo lo que era el patrimonio del país, a través de las empresas del Estado, fue saqueado y comprado a precio de huevo. Eso era de todos los chilenos y eso no se ha investigado en lo absoluto. No hay ninguna acción de ningún sector que apunte a abrir un proceso de investigación de lo que fue la privatización de las empresas del Estado.
¿Por qué cree que pasa esto?
Yo creo que hay una especie de complicidad general, transversal, en nuestra clase política para no tocar ese tema.
A su parecer ¿hay otros responsables en los atropellos a derechos humanos?
Aquí hay un tema que se ha avanzado muy poco, ya que en estas operaciones no sólo hubo miembros de las fuerzas armadas involucrados, sino también civiles. En ese plano (de las responsabilidades civiles) hay ministros del interior y jefes del servicio superior, que eran civiles, que cooperaron activamente con la dictadura militar y que, al ser una política de Estado la represión criminal, en alguna manera les cupo alguna participación en la colaboración e implementación de esta política.
¿Cree que se ha hecho algo al respecto de esto?
Desgraciadamente, no hemos podido avanzar mucho en esta materia, lo que ha significado que hay muchos civiles, que también tienen compromiso y responsabilidad criminal, transiten libremente por las calles de nuestro país como blancas palomas. Esto en el área de las violaciones más graves de derechos humanos.
¿Qué cree que pasaría con los procesados si se llena Punta Peuco?
Habría que ampliarla (ríe) . Quizás hacer espacio en otros penales.
Los que ya están sentenciados y cumpliendo condena, ellos, con lo benignas que fueron las condenas, por lo menos fueron condenados. Se estableció una responsabilidad criminal y se les estableció una sanción blanda. A muchos nos hubiese gustado una mano más severa, pero esas personas, por así decirlo, pagaron su cuenta, no hubo impunidad respecto de ellas, por lo tanto esas personas (pensando a futuro y en sus familias) de alguna manera tienen que reencontrarse con este país.
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